Con 85 votos a favor, en su mayoría del oficialismo y sus aliados, la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Antimafias. También hubo 61 votos en contra, desde la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC).

La diputada italiana Chiara Colosimo, presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, quien atestiguó el debate y fue condecorada, destacó la aprobación de la Ley Antimafias en Ecuador y llamó a fortalecer la cooperación internacional para combatir las organizaciones criminales y sus redes financieras.

Durante su intervención, Colosimo señaló que las mafias operan a escala internacional y aprovechan la fragmentación de información entre los Estados para distribuir sus actividades, trasladar drogas y lavar dinero en distintos países.

La legisladora resaltó la importancia de compartir información y experiencias entre instituciones de Ecuador e Italia para reconstruir las estructuras criminales y comprender su funcionamiento más allá de las operaciones visibles.

También destacó que la lucha contra las mafias debe concentrarse en sus patrimonios y mecanismos de financiamiento, además de combatir la corrupción que permite su infiltración en las instituciones públicas.

"Un corrupto es una puerta para que la mafia pueda entrar en nuestras instituciones".

Chiara Colosimo, presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia

Colosimo sostuvo que la experiencia italiana demuestra que, aunque la presión estatal puede reducir la violencia criminal, las organizaciones buscan nuevas formas de intimidación y coerción para mantener su poder económico.

Tras la participación de 18 asambleístas, casi todos del oficialismo y sus aliados, concluyó el segundo y definitivo debate de la Ley Antimafias. El correísmo, que en rueda de prensa anticipó que votará en contra, no intervino.

Inés Alarcón, ponente del proyecto de ley, mocionó al Pleno la aprobación integral del informe entregado por la Comisión de Seguridad. 

Una delegación de la Embajada de Italia en Quito y de la Comisión Antimafia del Parlamento de ese país europeo atestiguó el segundo debate, que tomó poco más de tres horas. 

La bancada de Revolución Ciudadana (RC) anunció que votará en contra del proyecto de Ley Antimafias que debate la Asamblea y ofreció una propuesta alternativa para combatir el crimen organizado.

La asambleísta Jahiren Noriega, en rueda de prensa junto a otros colegas de su bancada, cuestionó el enfoque de la iniciativa impulsada por el oficialismo, al considerar que prioriza el endurecimiento de las penas sin una justificación técnica suficiente.

"No se puede combatir al crimen organizado solo con más penas", sostuvo la legisladora, quien señaló que desde 2018 se han aprobado al menos siete reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sin que, a su criterio, hayan incidido positivamente en la reducción de los delitos.

Noriega indicó que su bancada presentó observaciones al proyecto durante su tratamiento legislativo, pero estas no fueron incorporadas. Por ello, anunció la presentación de una propuesta propia que plantea ampliar las herramientas estatales para enfrentar las estructuras criminales.

La iniciativa de Revolución Ciudadana busca complementar la respuesta penal con mecanismos de prevención, investigación e inteligencia, además de medidas para combatir el financiamiento ilícito y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, según dijo.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, defendió eliminar el límite de 40 años para la acumulación de penas en Ecuador y defendió que las condenas aumenten progresivamente cuando una persona cometa varios delitos, durante el segundo debate del proyecto de Ley Antimafias.

Serrano sostuvo que el actual límite puede impedir que se impongan sanciones adicionales a delincuentes que acumulan múltiples víctimas, especialmente en delitos como asesinato, trata de personas y reclutamiento de menores.

Como ejemplo, mencionó las reformas penales aprobadas por la Asamblea para sancionar la trata de personas y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Según explicó, aunque estas normas establecen penas elevadas, la acumulación de condenas puede verse limitada cuando se alcanza el máximo permitido.

"Nuestra propuesta es eliminar el tope", afirmó el legislador, quien consideró que las sanciones deben incrementarse desde el segundo delito y no dejar de acumularse al alcanzar los 40 años.

Durante su intervención, también mencionó el caso de un detenido conocido como alias 'La Muerte', al que atribuyó hechos de extrema violencia contra sus víctimas, para cuestionar si el límite actual de condena permite sancionar proporcionalmente la gravedad de múltiples crímenes.

Michelle Mancheno (ADN), presidenta de la Asamblea, defendió el proyecto de Ley Antimafias y pidió al Pleno respaldar la iniciativa para combatir todas las estructuras del crimen organizado, desde sus cabecillas hasta quienes reclutan personas, transportan armas y alertan sobre operativos policiales.

Durante su intervención, mencionó que entre el 1 de enero y el 3 de octubre de 2026 el Ministerio del Interior incautó aproximadamente 9.000 armas de fuego, 300.000 municiones y más de 141.000 kilogramos de cocaína.

Mancheno agradeció el respaldo de la Embajada de Italia para este proyecto, una comitiva acudió al hemicilio para el segundo y definito debate. La legisladora sostuvo que las sanciones no deben concentrarse únicamente en quienes ejecutan los delitos, sino alcanzar a toda la organización criminal y sus fuentes de financiamiento.

Asimismo, Mancheno pidió a los legisladores respaldar las propuestas incorporadas durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Seguridad y apoyar su aprobación en el Pleno. “Quien vote en contra tendrá que responderle al país", advirtió. 

Otros asambleístas como Karolina Dueñas y Sergio Peña, de la bancada de ADN, también respaldaron el proyecto. 

Inés Alarcón (ADN), ponente del proyecto, cuestionó a las bancadas que presentaron reparos al proyecto y las acusó de no respaldar medidas como las sanciones por tráfico de combustibles y la pertenencia funcional a organizaciones delictivas.

"La votación de este Pleno no debe considerarse cálculo político; es la línea divisoria entre estar del lado del país o estar del lado de la gente que siembra la violencia criminal en las calles", enfatizó.

La legisladora afirmó que la propuesta busca perseguir no solo a quienes ejecutan los delitos, sino también a quienes cumplen funciones estratégicas dentro de las organizaciones criminales.

En ese sentido, destacó la creación del delito de pertenencia funcional, que contempla penas de entre 13 y 16 años de prisión, que podrían aumentar de 22 a 26 años cuando la organización esté vinculada con delitos como sicariato o terrorismo.

"No necesitamos que el capo o el operador lleven un fusil en la mano para meterlos presos; si su rol hace posible que la mafia funcione, pagará hasta con 26 años de prisión".

Inés Alarcón, asambleísta ADN

Alarcón también defendió la acumulación excepcional de penas de hasta 60 años para personas condenadas por tres o más delitos dolosos e independientes, cuya suma supere los 40 años.

También incorpora el delito de reclutamiento de personas y establece la inhabilitación profesional definitiva para abogados y contadores que utilicen dolosamente su profesión para facilitar actividades ilícitas.

"Un título universitario no volverá a ser patente de corso para lavar dinero ni para diseñar impunidad delincuencial", afirmó la asambleísta.

La propuesta genera diferencias entre las bancadas legislativas. Mientras Acción Democrática Nacional (ADN) defiende el endurecimiento de las penas como una respuesta frente a las estructuras criminales, Revolución Ciudadana y Pachakutik cuestionan algunos de sus alcances y advierten sobre posibles problemas de proporcionalidad penal.

"Se prioriza el populismo penal versus una política criminal integral", cuestionó la asambleísta Jahiren Noriega (RC), quien sostuvo que la propuesta debería enfocarse también en atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas.

En contraste, Inés Alarcón, de ADN y ponente del proyecto, defendió la iniciativa al señalar que Ecuador enfrenta una guerra no convencional contra organizaciones con infraestructura y economías criminales de gran magnitud.

"Le corresponde a la legislación dar penas que vayan acorde a los delitos que se cometen", afirmó.