El papel de los 14 acusados en caso de pruebas de Covid de Yunda

La Fiscalía señala a Jorge Yunda, alcalde de Quito, como autor mediato de peculado. Es decir, no cometió directamente el delito, pero sí lo facilitó a través de tres decisiones.

• La Secretaría de Salud del Municipio podía hacer contrataciones por un máximo de USD 2,9 millones, pero Yunda firmó una resolución para quitar ese techo, lo que permitió que Municipio comprara a la empresa Salumed pruebas por más de USD 4 millones.
• Pese a que había evidencia científica de que las pruebas que entregó Salumed no eran óptimas para diagnosticar Covid-19, el Municipio firmó convenios con laboratorios privados para validar esos tests.
• Aunque se demostró que las pruebas entregadas no eran las que se compraron, Yunda dispuso usarlas y dar por terminado el contrato con Salumed por mutuo acuerdo. Eso impidió que el Municipio de Quito cobrara las garantías por incumplimiento al proveedor.

Mantilla era secretario de Salud del Municipio de Quito cuando se suscribió el contrato. Y una vez que inició el caso penal, huyó. Según la Fiscalía, Mantilla participó en varios actos que resultaron en la disposición arbitraria de fondos públicos, lo que configura el delito de peculado. Por ejemplo, el 23 de marzo de 2020, Mantilla firmó un contrato para comprar 200.000 pruebas de detección de Covid-19, a USD 18 cada una. Sumando un total de USD 3,6 millones. Pero, semanas después, la empresa proveedora fue inhabilitada y se compraron 100.000 pruebas a Salumed por USD 42 cada una.

Abarca es la actual secretaria de Salud del Municipio de Quito. Se unió a la administración de Yunda luego de que explotó este caso y Mantilla huyó. Fue vinculada por cumplir las disposiciones del alcalde Yunda. Las disposiciones con respecto a buscar la validación de las pruebas entregadas por Salumed, pese a que no eran las que se habían encargado originalmente y que constaban en el contrato. Además, cumplió la disposición de usar las pruebas entregadas por Salumed y terminar el contrato por mutuo acuerdo. Liberando de responsabilidades a Salumed.

La científica Linda Guamán tampoco trabajaba en la Secretaría de Salud al momento de la suscripción del contrato. Por su capacidad y experiencia, se unió como coordinadora técnica. Como parte de esas funciones, según la Fiscalía, Guamán habría tenido conocimiento de que las pruebas recibidas por el Municipio no eran PCR - Polimerasa, sino del tipo conocido como RT LAMP. También conoció -de primera mano- los informes sobre la ineficiencia de las pruebas LAMP para el diagnóstico de Covid-19. Y pese a eso, Guamán habría seguido las disposiciones de Yunda para validar las pruebas y seguir utilizándolas.

Bucheli era el director de Gestión de la Secretaría de Salud del Municipio cuando se firmó el contrato. Él participó en la fase precontractual. Según la Fiscalía, Bucheli firmó el acta de recepción de ofertas de tres empresas, incluida Salumed. Y, en el estudio de mercado, recomendó contratar a esta empresa. Para aceptar la propuesta de Salumed, el Municipio redujo de 200.000 a 100.000 las pruebas que requería.

Morales era funcionario de la Secretaría de Salud. Estuvo a cargo del informe de necesidad, mercado y especificaciones técnicas del contrato con Salumed. Dentro de la fase precontractual, Morales firmó el informe de mercado. En ese documento, la Secretaría de Salud descartó la oferta de GenLife y recomendó contratar a Salumed. Sin embargo, según la Contraloría, el estudio de mercado tiene como objeto establecer el presupuesto referencial con base a la comparación de las ofertas y no descartarlas.

Manzano, exfuncionario de la Secretaría, también participó en la elaboración del informe de necesidad, mercado y especificaciones técnicas. Esos informes, según la Fiscalía, se usaron para fijar las especificaciones técnicas que incluyen el porcentaje de 99% a 100% de sensibilidad y especificidad de los reactivos. Así como el valor referencial del contrato. Todas esas especificaciones se ajustaron a lo ofrecido por Salumed.

Valencia también integró la Comisión Técnica. Firmó el primer informe de viabilidad de ofertas, en el que recomendó contratar a AWT, que ofrecía pruebas a USD 18, cada una. Sin embargo, luego de la inhabilitación de esa empresa, no mencionó nada del primer proceso en el acta de apertura de ofertas. Según la Fiscalía, Valencia ocultó información deliberadamente para beneficiar a Salumed con la contratación.

Salazar presidió la Comisión Técnica de la contratación. Su participación en el presunto delito, según la Fiscalía, se dio cuando suscribió el informe de viabilidad de las ofertas presentadas. Ese informe recomendó la contratación con Salumed. Esto pese a que la empresa no cumplía con las especificaciones técnicas ni tampoco el número de pruebas requeridas.

Hidalgo fue la administradora del contrato firmado entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y Salumed. Desde esa posición, Hidalgo tenía la obligación de vigilar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Sin embargo, pese a que conoció que el Municipio no recibió pruebas PCR, sino RT LAMP, no informó por escrito del incumplimiento del contrato

Cárdenas es la encargada de las compras públicas en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Una de sus obligaciones era recibir ofertas de los proveedores. La funcionaria solicitó, a través de correo electrónico, ofertas y documentación a Salumed antes de que se aprobaran las especificaciones técnicas. Además, fue la encargada de recibir y revisar las cuatro ofertas distintas que envió Salumed. Todas con valores superiores a los USD 18 por prueba, que era la referencia del mercado.

Andrade era el coordinador jurídico de la Secretaría de Salud. Entre sus obligaciones laborales estaba vigilar el cumplimiento de las cláusulas del contrato con Salumed. Además, tenía conocimiento pleno de las especificaciones técnicas del contrato. "Todo pasa por mí. Resolución, contratos...", dijo vía WhatsApp a otra procesada. Pese a esas funciones y a su conocimiento, no advirtió del incumplimiento del contrato de Salumed. Tampoco incluyó en el contrato la forma de entrega de los equipos comprados.

Rubio tomó el lugar de Andrade en la coordinación jurídica de la Secretaría de Salud. En ese cargo, según la Fiscalía, Rubio tomó acciones que coadyuvaron a la vigencia y posterior terminación por mutuo acuerdo del contrato con Salumed. Lo hizo pese a conocer con anticipación que la empresa no entregó pruebas PCR. Es decir, no cumplió con su rol de asesorar a la Secretaría de Salud en la terminación unilateral de contrato.

Vinelly es el representante de Salumed. Se comprometió a entregar 100.000 pruebas PCR - Polimerasa, pero entregó pruebas del tipo RT LAMP. Durante la etapa precontractual, Vinelly y Salumed presentaron cuatro proformas en tres días consecutivos. Todas tenían distintas cantidades de pruebas a distintos precios. Según la Fiscalía, Salumed cubrió los costos de operación y obtuvo una utilidad de USD 41.500 solo con el 70% del anticipo que recibió. Y con el precio total, la empresa tuvo un incremento del 16% en relación con los precios ofertados por otros proveedores.