El retiro de visas a Estados Unidos requiere de un caso formal y de una 'evaluación'

Como lo dijo el embajador Fitzpatrick, Washington tiene la potestad de retirar el visado a su país a cualquier ciudadano extranjero, por los motivos que considere. Pero, a la vez, apuntó que son centenares los casos y muchos de ellos por vinculaciones a actos de corrupción. Esto no necesariamente implica que la persona a quien se le retira el documento está siendo investigada por la justicia estadounidense, pero sí que está siendo 'evaluada' por el Departamento de Estado. Ravindranath explica que debe haber un caso que cumpla con los umbrales legales y que se presente a los abogados, para probar que corrupción o abuso de los derechos humanos. James Walsh, subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, ratifica que "pasamos por una revisión legal muy sólida en el Departamento de Estado antes de tomar esas determinaciones". Y aclara que la restricción de sanciones de visa "están completamente separadas del aspecto de la acusación" fiscal.

El pasado 9 de marzo, el expresidente Abdalá Bucaram hizo historia nuevamente. Esta vez no por huir de procesos legales en su contra, por corrupción, y exiliarse, sino por ser el primer exfuncionario ecuatoriano "designado" públicamente por Washington. Estados Unidos lo designó por su participación "en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos". La medida implica que no es elegible para ingresar al territorio de ese país y se hizo extensiva a su esposa María Rosa Pulley y a sus hijos Jacobo, 'Dalo' y Michel. La decisión fue tomada con base en la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras, que aplica a los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos. Y se da cuando el Secretario de Estado tiene información fidedigna de que el funcionario extranjero ha estado involucrado, directa o indirectamente, con corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. La designación puede ser pública o privada. Y la lista se entrega de manera periódica al Congreso. Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha designado públicamente a más de 149 personas. Joshua Mater, coordinador sénior de sanciones de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado, agrega que una vez hecha la 'evaluación' también "podemos hacer el caso legal para una designación económica y financiera de conformidad con la autoridad pertinente".

Aunque los gobiernos en Ecuador apuntan a la recuperación de activos con promesas políticas, el proceso no es nada simple y puede tomar más de una década. Jeffrey Coleman, agente especial supervisor en la Unidad de Corrupción Internacional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), cuenta que en los casos exitosos, desde la fecha en que se presentan las acciones de decomiso, probablemente, pasan tres o cuatro años hasta que los fondos obtenidos ilegalmente regresan al país de origen. Mary Butler, Jefa de la Unidad Internacional de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia, explica que hay demasiadas variables. La mayor parte del proceso está determinado por los tribunales. Están, por ejemplo, el tiempo que lleva completar la investigación del delito que tiene como base el decomiso de activos. Además hay que presentar cargos y llevar al acusado ante el tribunal. Otros aspectos que pueden durar años son el arresto del acusado y la extradición desde otro país. A esto se suma el juicio como tal y si se recibe la orden de decomiso, es posible que se requiera liquidar los bienes, el tiempo de la venta y, finalmente, la negociación con el gobierno del país que recibirá los fondos.  "Ambas partes necesitaban estar seguras de que los fondos se utilizarían para un propósito apropiado y serán sujetos a condiciones de auditoría suficientes". Por ello, el agente del FBI Coleman agrega que se trata de un proceso en el que tienen "la esperanza de comenzar a trabajar de manera más colaborativa con otros países", para hacerlo "más rápido de lo que lo hemos hecho históricamente".