La liberación del excontralor se acerca y el juicio del caso Las Torres no empieza
La caducidad de la prisión preventiva por el caso Las Torres o su cumpleaños 65 podrían poner al excontralor Pablo Celi, a puertas de salir de prisión.
Pablo Celi y su abogado, Marcelo Ron (izq.), durante el tercer intento de instalación del juicio por el caso Las Torres, el 3 de marzo de 2022.
Cortesía / CNJ
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En 36 días, el 9 de abril de 2022, el excontralor Celi cumplirá 65 años y será oficialmente adulto mayor. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), esa condición le faculta a solicitar una sustitución de medidas cautelares en el caso Las Torres.
Así, la prisión preventiva que pesa en su contra se reemplazaría con un arresto domiciliario.
Esta no es la única vía que Celi tendría para recuperar su libertad. Cuatro días después de su cumpleaños, la prisión preventiva del exfuncionario caducará y debería recuperar su libertad de inmediato.
Esta caducidad también beneficiará a su hermano Esteban Celi y a Adolfo Agusto, hermano del fallecido exsecretario de la Presidencia, César Agusto. Ellos son los otros dos procesados con prisión preventiva en este caso.
Marcelo Ron, abogado de Celi, confirmó que el 9 de abril de 2022 solicitará la sustitución de medidas. "Es un derecho que tiene según la ley", dijo el defensor.
Estos plazos corren mientras la audiencia de juicio del caso Las Torres, en el que Celi es el principal acusado, no ha podido instalarse.
El 3 de marzo de 2022, la audiencia quedó en suspenso por tercera vez consecutiva. Antes había ocurrido lo mismo el 15 y 21 de febrero. Todas las veces las suspensiones ocurrieron por problemas en la conformación del Tribunal de juicio.
Los jueces buscan "un juicio exprés", dice Ron
La posibilidad de que Celi sea liberado antes de que se dicte una eventual sentencia en su contra, para los abogados de varios de los 11 procesados, está provocando un aceleramiento en las decisiones de la Corte Nacional.
El abogado Marcelo Ro manifestó que "los jueces están buscando un juicio exprés". Y esto se evidenciaría en las providencias dictadas por el juez ponente, Walter Macías.
En el penúltimo intento de instalación del juicio, Macías informó que la audiencia se realizaría incluso los sábados y domingos.
Según lo previsto, el Tribunal escuchará a más de 400 testigos durante el juicio. Solo la Fiscalía, la Procuraduría y Petroecuador, partes acusadoras, convocaron a 168 testigos y 300 peritos.
A estos deberán sumarse los llamados por los 11 acusados.
Durante el tercer intento de instalación del juicio, el 3 de marzo, el abogado Pablo Encalada cuestionó a los jueces por esta celeridad. Encalada es abogado de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, otro de los procesados en el caso Las Torres.
"Hay un apresuramiento de carácter procesal y se nota en sus actuaciones, señores jueces. Están apresurados en instalar una audiencia porque estamos próximos a la caducidad de la prisión preventiva de tres de los procesados", les dijo.
También recordó que Celi cumplirá 65 años e, independientemente de que haya o no sentencia de primera instancia, tendrá que ser liberado y enviado a arresto domiciliario.
En Ecuador ya hubo un caso de este tipo que grafica lo que podría ocurrir. En diciembre de 2015, Luis Chiriboga, expresidente de la Ecuafútbol, se entregó a las autoridades en medio de una investigación por lavado de activos.
Debido a que Chiriboga era adulto mayor, en su contra se ordenó arresto domiciliario. Un año después, el exdirigente recibió una sentencia de 10 años de cárcel en primera instancia, pero el arresto domiciliario se mantuvo.
Recién en diciembre de 2018, una vez que se agotaron todas las instancias y la sentencia estuvo en firme, Chiriboga fue trasladado a la Cárcel de Latacunga. En ese lugar estuvo nueve meses, ya que con ese tiempo alcanzó el 60% de su pena y obtuvo la prelibertad.
En el caso de Celi, si el 9 de abril es enviado a arresto domiciliario por su edad no importará si es sentenciado en primera instancia. Ya que no regresará a prisión hasta que la condena sea definitiva y para eso faltaría: la apelación y la casación.
Sin jueces disponibles para Las Torres
Las demoras en la instalación del juicio del caso Las Torres se deben a problemas con la conformación del Tribunal.
Primero, el sorteo dispuso que los magistrados sean Walter Macías, Iván Saquicela y Daniella Camacho.
Saquicela no está actuando como juez, ya que es el presidente de la Corte Nacional y en su lugar está participando Mercedes Caicedo, pero actualmente está con licencia.
Adrián Rojas fue sorteado como su reemplazo. Rojas, en su momento, fue recusado por la defensa de Celi, pero, esa demanda fue rechazada y su presencia en el Tribunal se ratificó.
Daniella Camacho, en cambio, se excusó de participar. Su argumento fue que tenía una relación de "amistad íntima" con Pablo Celi, pero la excusa no fue aceptada. La Fiscalía la recusó y esa demanda sí se aceptó, por lo que Camacho quedó fuera del caso.
La tarde del 2 de marzo de 2022, José Suing, presidente encargado de la Corte, realizó el sorteo para determinar al reemplazante de Camacho y fue elegido el conjuez Javier de la Cadena.
Pero, en un sorteo anterior De la Cadena ya fue designado para asumir el despacho de Mercedes Caicedo, mientras ella estaba con licencia. Y en otro sorteo, el conjuez Carlos Pazos fue designado para asumir el despacho de De la Cadena.
Entonces, como reemplazante de De la Cadena, Pazos se presentó el 3 de marzo para la instalación del juicio. Pero, Walter Macías decidió suspender otra vez la audiencia porque Pazos solo estab encargado de actividades de despacho.
Entonces Macías ofició a la Presidencia de la Corte a hacer un nuevo sorteo.
Sin embargo, se conoció de manera extraoficial que ya no hay más jueces o conjueces de la Sala Penal disponibles para actuar en el caso las Torres. Por lo que el nuevo magistrado deberá provenir de otras salas de la Corte Nacional.
En este caso, los jueces deberán juzgar un presunto delito de delincuencia organizada.
Según la Fiscalía, en Petroecuador, la Contraloría y la Presidencia de la República operó una estructura criminal que cobró sobornos a cambio de agilizar pagos atrasados y desvanecer glosas a proveedores.
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