Jueces y vocales habrían negociado con correísmo, PSC, PK y oficialismo

Una jueza de la Corte de Pichincha grabó durante una hora y 11 minutos una reunión que mantuvo con Juan José Morillo, Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura, Vladimir Jhayya y Gustavo Osejo, jueces de la Corte de Pichincha, en junio del año pasado.

Esta magistrada ahora es testigo protegida de la Fiscalía y entregó el audio, así como registros fotográficos y en video de la reunión. En marzo de 2023 dio un testimonio anticipado bajo juramento.

En ese testimonio, la jueza relató que el 2 de junio de 2022, aproximadamente a las 08:15, recibió una llamada de Juan José Morillo, quien en esa fecha estaba encargado de la presidencia de la Judicatura, ante la ausencia de Fausto Murillo.

Morillo la convocó a una reunión de trabajo urgente y le pidió que trasladara la invitación a Gustavo Osejo, presidente de la Corte de Pichincha. Además, le explicó que Vladimir Jhayya, otro magistrado de esa dependencia, les indicaría el lugar y la hora de la cita.

La jueza subió de inmediato al despacho de Osejo y le comunicó la convocatoria. En ese momento, se sumó Jhayya y les indicó que la reunión sería en el Edificio Almagro Plaza, que está ubicado en la parte de atrás de la Corte de Pichincha.

En el sitio había una oficina de propiedad de los hijos de Morillo.

Cuando la jueza y Osejo llegaron al lugar, en el lobby del edificio se encontraron con Ruth Barreno, también vocal de la Judicatura. La jueza dijo en su testimoino que cuando sacó su cédula para registrarse, Barreno le dijo que no era necesario porque Morillo bajaría para hacerlos ingresar.

Ante esta situación, y temiendo por su integridad, la jueza dijo que decidió grabar la reunión y tomar fotografías porque ella se encontraba ahí por disposición de sus superiores.

Sin embargo, Diana Salazar, fiscal general del Estado, dijo que esta jueza era parte de "un grupo de amigos" que se dedicaba a manejar la justicia.

La transcripción completa de esta grabación, que ya ha sido judicializada, fue leída íntegramente por Salazar, el 7 de junio de 2023, durante la audiencia de formulación de cargos en contra de Morillo, Barreno y Jhayya. Estos funcionarios son procesados por tráfico de influencias.

El polémico caso Llori

La grabación empieza en los momentos previos a la conversación formal entre Morillo, Barreno, Jhayya, Osejo y la jueza que grabó la cita. Desde su oficina particular, Morillo se alistaba para presidir una sesión telemática del Consejo de la Judicatura.

Luego de la sesión, que duró pocos minutos, empezó la reunión entre los invitados.

El primero en tomar la palabra fue Morillo. El presidente encargado de la Judicatura dijo a sus invitados que un sector político pretendía cambiar las cosas en la Asamblea, colocando a Virgilio Saquicela en la Presidencia de ese organismo.

Y que había el riesgo de que ese cambio produjera movimientos en otras entidades del Estado, como el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana hasta la Presidencia de la República, porque el orden de sucesión presidencial llegaba al titular del Legislativo.

Fue entonces que Morillo contó a sus interlocutores que había recibido una llamada del presidente Guillermo Lasso, quien le pidió que esto se revierta. Aunque el Gobierno ha negado todo tipo de participación en esta polémica.

Entonces, la salida que Morillo veía era que Guadalupe Llori, quien había sido destituida de la Presidencia de la Asamblea, regrese a ese cargo a través de la apelación a una acción de protección, que fue negada en primera instancia y que había llegado al Tribunal de la Corte de Pichincha que Osejo integraba.

Osejo respondió que, si bien no estaba al tanto de la coyuntura política del país, había tenido la oportunidad de revisar rápidamente esa causa. E informó que junto a él, el caso estaba en manos de los jueces Cristóbal Valle y Paquita Chiluisa.

"La nota es que no soy ponente, sino Cristóbal Valle".

Gustavo Osejo

Y añadió que su relación con el juez Valle no era la mejor, lo que supondría un problema al momento de lograr una resolución favorable a Llori, aunque ofreció "hacer la gestión".

Incluso, Osejo contó que ya había hablado con Carlos Pazos, otro juez de la Corte de Pichincha, para cambiar de Tribunal, por los problemas con sus compañeros.

En ese momento, habría intervenido Jhayya quien advirtió que, al momento de resolver la acción de protección de Llori, "no había que perder la vista en lo jurídico". ¿El objetivo? Evitar los problemas que tuvieron "la vez anterior con el caso Yunda". "Miren lo que dijo la Corte Constitucional", concluyó Jhayya.

A mediados de 2021, María Belén Domínguez, jueza de la Corte de Pichincha, otorgó una acción de protección a Jorge Yunda para que volviera a la Alcaldía de Quito. Meses después, la Corte Constitucional revisó ese fallo y, actualmente, Domínguez está llamada a juicio por un presunto tráfico de influencias.

Para evitar ese problema, Jhayya recomendó que se presentará una nueva acción de protección en contra de la sesión de la Asamblea en la que se destituyó a Llori, ya que esa decisión se tomó pese a que había una medida cautelar vigente.

"¿Y la Paquita Chiluisa a quien responde?", preguntó Morillo, en referencia a la tercera integrante del Tribunal del caso Llori. Ninguno de los presentes supo la respuesta.

Los 'amigos' cuentan votos

En medio de la discusión sobre la posibilidad de lograr un fallo favorable para Llori, Morillo metió otro tema en la conversación.

Dijo que el problema original del caso es la conformación de la comisión multipartidista en la Asamblea, que investigó a Llori.

Barreno secundó esa idea y dijo que se "inobservaron algunas circunstancias" para la conformación de esa instancia.

Ahí, Morillo respondió que Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) no se sentían representados en esa comisión, ya que se incluyó a legisladores que fueron expulsados de sus bancadas y que no alcanzaban las curules necesarias para conformar nuevos bloques.

Y en ese momento la conversación se tornó totalmente política, incluso se hicieron cálculos sobre la conformación de una mayoría en la Asamblea. "Hay ciertos asambleístas que están manejando ese tema", dijo Barreno.

Y Jhayya dijo que la ventaja que tenían es que UNES, la bancada correísta, tenía un máximo de 81 votos y no les alcanzaba para tener una mayoría calificada.

Entonces, Morillo dijo que Xavier Muñoz, otro vocal de la Judicatura, estaba operando para conseguir 15 votos más para esa mayoría correísta.

"Está repartiendo cargos como notarías, como jueces, están viendo que va a haber un concurso de Corte Nacional y que él les va a poder dar espacio a la gente".

Juan José Morillo

Muñoz es el representante del Ejecutivo en la Judicatura. Pero él fue designado en el gobierno de Lenín Moreno, por lo que no tiene el respaldo de Lasso. Muñoz -que integra una nueva mayoría en la Judicatura con Wilman Terán y Ruth Barreno- está siendo investigado por lavado de activos.

Durante la conversación del 2 de junio de 2022, Morillo agregó que el interés de Muñoz era presidir la Judicatura y que su objetivo era pasar por encima de él, de Barreno y de Fausto Murillo, quien ese momento era el presidente subrogante de la Judicatura.

Sin embargo, Morillo respondió que estaba tranquilo porque se reunió con los legisladores de Pachakutik y le garantizaron su respaldo.

¿Iván Saquicela negoció con el correísmo?

Otro nombre que habría salido en la conversación es el de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CJ), según la lectura que hizo la fiscal Diana Salazar.

Para ese momento, junio de 2022, los vocales de la Judicatura ya habían tenido problemas con Saquicela e incluso llegaron a suspenderlo del cargo.

Según Morillo, el punto de quiebre en las negociaciones en la Asamblea era Saquicela, ya que Rafael Correa, líder de la revolución ciudadana, no quería acordar nada con él.

"No le perdona" porque dispuso la colocación de una placa en Carondelet, a propósito de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, habría dicho.

Morillo aseguró que Saquicela había intentado negociar con el correísmo. Se había acercado al exlegislador Ronnie Aleaga y tras pasar ese filtro, conversó con el también exasambleísta Fausto Jarrín, pero no pudo pasar a la siguiente instancia que habría sido Correa.

El objetivo de Correa, según el relato de Morillo, era obtener la liberación del exvicepresidente Jorge Glas. Pero que la negociación con Saquicela se habría detenido, según la grabación, después de que el correísmo logró un acuerdo con el gobierno de Guillermo Lasso para esa liberación.

Por esta razón, en abril de 2022, el juez Diego Moscoso de Manglaralto aceptó un habeas corpus a favor de Glas y lo liberó. Sin embargo, el caso recayó en apelación en la Corte Provincial de Santa Elena.

Y, según Morillo, Saquicela "acorraló a los jueces de Santa Elena" y les entregó la sentencia "redactadita y bien escrita" para regresar a Glas a la cárcel. Lo que finalmente se cumplió el 20 de mayo de 2022.

En medio del lío de Glas, además, la justicia vivía una crisis interna por el nombramiento del nuevo presidente de la Judicatura. Fausto Murillo estaba encargado desde febrero de 2022, cuando María del Carmen renunció.

Saquicela debía enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana para la selección. Y lo hizo el 22 de febrero de 2022. Pero el 17 de mayo de ese mismo año retiró esa postulación, denunciando un intento de meter las manos en la justicia.

Según Morillo, la verdad detrás del retiro de la terna es que "fue uno de los requerimientos de los socialcristianos".

El vocal dijo en la conversación del 2 de junio de 2022 que el PSC le dijo a Saquicela que si él retiraba esa terna y enviaba una nueva con un candidato puesto por ellos, lo apoyarían y se irían en contra del gobierno de Lasso.

Además, Morillo dice que Saquicela hizo esto de manera sistemática. Retiró la terna el 17 de mayo y tres días después, en Santa Elena, se resolvió la situación de Glas, con una sentencia que habría sido escrita por el presidente de la Corte.

Y ese mismo día, el 20 de mayo, Saquicela se reunió con los presidentes de las Cortes Provinciales, incluyendo al de Santa Elena, en Quito. "Nada es coincidencia, todo fue prefabricado", dijo Morillo.

Finalmente, Morillo agregó que el objetivo de Saquicela es llegar a ser Fiscal General. Y que por eso se estaba fraguando un juicio político en contra de Diana Salazar en la Asamblea.

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