La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, acusa al mandatario Daniel Noboa de hostigamiento, y pese a todo lo que denuncia, ella descarta que dejará el cargo.
Por Carolina Mella
Desde su arribo al poder, hay escasas fotografías del presidente Daniel Noboa con su vicepresidenta, Verónica Abad, quien acusa al Gobierno de hostigamiento y hasta de persecución política, para obligarla a renunciar.
"Hoy quieren destituirme a cuenta cabal", aseguró Abad en una entrevista el lunes, donde detalló un supuesto proceso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Resulta extraño este distanciamiento de los dos funcionarios en un país, como Ecuador, donde la figura del vicepresidente nunca antes había pasado tan desapercibida como ahora.
Lo cierto es que con un nuevo proceso electoral en marcha, en el que Noboa ha anunciado que será de nuevo candidato, el tiempo apremia para definir quién quedará a cargo de la Presidencia mientras él está en campaña.
Durante 45 días “el mandatario debe suspender sus actividades como presidente”, explica la abogada constitucionalista Ximena Ron.
”Eso implica restringir completamente las posibilidades de que un funcionario tenga la posibilidad de influenciar en el elector usando su cargo”, añade.
Quien debe reemplazarlo es la vicepresidenta, pero Abad ha dicho que está siendo presionada por el presidente para renunciar a su cargo.
Lo que dice la Constitución
Las declaraciones de Abad se dieron tras la detención de su hijo, Francisco Barreiro, a quien la Fiscalía investiga por un supuesto delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia, en un caso que denominó Nene.
El hijo mayor de Abad fue recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca por decisión de un juez.
“Ni Fito, ni los traficantes más pesados del país han sido enviados a La Roca y enviaron a mi hijo”, dijo Abad desde Israel, país donde no puede salir sin un permiso de la Cancillería y que está desde diciembre de 2023 para cumplir una misión como Embajadora de paz en la guerra entre Israel y Hamás.
Precisamente, sobre el conflicto bélico, Abad declaró irónicamente que no descarta que la sustituyan por no haber logrado la paz en los seis meses que lleva en Tel Aviv.
Hasta ahora, ha sido difícil definir cómo se dio la unión entre Noboa y Abad, dos desconocidos en la vida política de los que nadie se imaginó que podían alcanzar el poder.
Noboa ha dicho que su tendencia ideológica es de centroizquierda, mientras que Abad ha declarado ser de derecha, aunque su discurso y sus relaciones políticas la ubican más en la ultraderecha conservadora.
Tras la ruptura de la relación, Noboa ha aprovechado los espacios en blanco de la normativa y ha cambiado por completo la figura del vicepresidente. Y tiene el poder para hacerlo.
Según la Constitución, las funciones del vicepresidente están dadas por el primer mandatario. Entonces, lo que han hecho otros presidentes ha sido entregarles tareas acordes a su perfil.
Rafael Correa, por ejemplo, encargó a Lenin Moreno establecer un programa de ayudas para personas con discapacidad, y a su amigo Jorge Glas, le delegó las Telecomunicaciones. Guillermo Lasso pidió al doctor Alfredo Borrero que supervisara la crisis sanitaria por ser esa su especialidad.
Pero Noboa rompió con ese patrón. A través de un decreto firmó el destino de su vicepresidenta: Oriente Próximo. Lejos de los micrófonos, de los problemas del país, de la ejecución del plan de campaña que elaboraron juntos.
Abad no renunció a pesar de las presiones a las que dice estar sometida. En los pasillos del Congreso se barajó otra opción: la posibilidad de un juicio político contra la vicepresidenta para destituirla. Pero todavía no encuentran una causa. Y si la encontrasen, el rango de acción del presidente en la Asamblea se redujo.
Después de ordenar el asalto a la embajada de México para capturar a Jorge Glas, el pacto con sus aliados en el Legislativo se rompió. La Constitución no provee de muchas alternativas al presidente cuando le ha quitado la confianza a su binomio que es elegido por votación popular.
Hay un artículo de la Carta Magna que podría zanjar el asunto, explica Ximena Ron. Es el 150 que se refiere al caso de una ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República.
“Solo ahí el presidente podrá reemplazar el cargo con un ministro de su confianza”, añade Ron. Aunque eso puede motivar que la Corte Constitucional defina si el caso de Abad —que fue enviada lejos del país— se trataría de una “ausencia temporal”.
Mientras se espera el siguiente movimiento del Gobierno, el destino de la vicepresidenta es incierto.
*Artículo publicado el 12 de mayo de 2024 en El País, de PRISA MEDIA. Lea el contenido completo aquí. PRIMICIAS reproduce este contenido con autorización de PRISA MEDIA.
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