Caso Isspol: Fiscalía acusa a ocho de los 10 procesados
Fiscalía acusa de peculado al empresario Jorge Chérrez y a siete personas más, dentro del caso Isspol. Otros dos procesados quedaron libres de cargos.
Fachada del edificio del Isspol, en Quito. 11 de junio de 2021
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El empresario Jorge Chérrez es uno de los ocho procesados a quienes la Fiscalía acusa de peculado en el caso Isspol.
El fiscal Martín Navarrete emitió su dictamen acusatorio contra ocho de los 10 procesados, por su presunta participación en el delito de peculado.
Tres de los involucrados tienen medidas cautelares, como orden de prisión preventiva: Jorge Chérrez, Luis Álvarez y Luis D., quienes están fuera del país.
La Fiscalía General del Estado envió a la Unidad Judicial el dictamen abstentivo a favor de Luis D., representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A.; y, Enrique Espinosa, exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Según el fiscal Navarrete, las operaciones con irregularidades sobre los bonos 2024 habrían sido cometidas desde 2017, lo que se sustenta en las ampliaciones al informe pericial contable.
Sin embargo, el periodo de gestión del exdirector Enrique Espinosa fue del 2 de septiembre de 2013 al 2 de septiembre de 2015.
Mientras que Luis D., con base en el informe pericial del 5 de octubre 2021 y en los registros contables del Isspol, se encuentra al día en los pagos, capital y rendimientos con la entidad.
En este caso, se investiga la negociación de USD 216 millones en operaciones realizadas entre 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.
El proceso investigativo se encuentra en la etapa de instrucción fiscal.
Fiscalía espera de que se señale día y hora para sustentar su dictamen mixto ante la autoridad competente.
Más de USD 900 millones del portafolio de inversiones del Isspol están en riesgo por inversiones irregulares que se hicieron entre 2014 y 2019.
El dinero se destinó a siete tipos de operaciones, entre las que figuran un swap o permuta financiera, un reporto con pacto de recompra y cesiones de derechos fiduciarios.
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