Autoridades buscan renegociar el contrato de delegación del puerto de Manta para hallar un 'equilibrio' y mejorar los beneficios. Según Autoridad Portuaria, una terminación contractual con Agunsa no es "una opción para el Gobierno".
El puerto internacional de Manta (Manabí) ha sido un centro de disyuntivas. Los recientes cambios en la gerencia de la estatal Autoridad Portuaria abren ahora las posibilidades de renegociar el contrato de delegación con la compañía chilena Agunsa.
Uno de los detonantes que tomó fuerza en 2023 y que recayó en la compañía chilena Agencias Universales S.A. (Agunsa), operador del Terminal Portuario de Manta (TPM), tiene que ver con una denuncia del exgerente de Autoridad Portuaria de Manta (APM), Ronald Muñoz.
Según él, la delegación del puerto generaba pérdidas al Estado por "inequidad en la distribución de recursos".
"Mi posición es que tenemos que renegociar, yo sí considero que existe un desequilibrio económico... hasta lo que hemos entendido de TPM y el acercamiento que hemos tenido, están dispuestos a renegociar sin ningún problema", dijo Byron Franco, quien lleva un poco de más de dos meses en la gerencia de APM.
Por su parte, el presidente de TPM, Roberto Salazar, aseguró que están de acuerdo con la postura del nuevo gerente de Autoridad Portuaria y que "nunca nos hemos negado a esa posibilidad, todo contrato es perfectible".
Además, Franco aclaró en un conversatorio que la terminación del contrato no es "una opción para el Gobierno" y que la intención es renegociar y buscar un "equilibrio que sea justo".
La posibilidad de una terminación contractual tras presuntas irregularidades por una supuesta compra-venta de acciones, también surgió en la administración de Muñoz, quien, además, dijo en su momento que el contrato era "lesivo para los intereses del Estado".
Lo anterior finalizó cuando un juez concedió una acción de protección con medidas cautelares que la multinacional chilena interpuso contra APM y otras entidades del Estado ecuatoriano, alegando que los inversionistas extranjeros no sentían seguridad jurídica.
En cuanto al tema de renegociación, Salazar informó que están a la espera de la continuación de las mesas de trabajo.
"Hay que considerar que esto es inversión extranjera, aquí hay un componente que hay que proteger de manera importante que es la seguridad jurídica, porque es un mensaje hacia futuras inversiones", señaló Salazar.
El 16 de diciembre de 2016, bajo la figura de alianza público-privada, se celebró el Contrato de Gestión Delegada para el "diseño, financiamiento, ejecución de obras adicionales, equipamiento, operación y mantenimiento de la Terminal Portuaria de Manta", a la compañía Agencias Universales S.A. Agunsa, por un periodo de 40 años.
Comparecencias por el puerto
Las presuntas irregularidades en el contrato de delegación originaron que, en noviembre de 2023, el legislativo centre sus miradas en el puerto de Manta. En la actualidad, en la Comisión de Fiscalización se realizan comparecencias.
Ingrid Rodríguez, gerente general de TPM, explicó que no hay fundamentos, por ejemplo, para que se diga que el contrato es lesivo para el Estado.
Asegura que en la Asamblea se hacen preguntas sobre un proceso en la Contraloría General del Estado que inició en 2018.
Y que se basó en "46 recomendaciones que eran dirigidas a la Autoridad Portuaria de Manta y que en 2022 consta una resolución de la misma Contraloría estableciendo la caducidad de este proceso de investigación".
"La subcontralora fue específica diciendo que todo lo que tenga que ver con ese examen, que se hizo de 2018-2022, ya está allí, ya quedó. Se van a iniciar nuevos exámenes con base a rubros determinados", manifestó Rodríguez.
Se refiere a temas de tasas, ingresos de TPM y pago de regalías, que se van a realizar "en su tiempo".
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