Un aporte adicional de 1,13% al IESS cubriría enfermedades catastróficas
La Corte Constitucional ordenó que afiliados, empleadores y Estado paguen el aporte adicional. Para el IESS, el Estado debe cubrir ese gasto.
Ilustración de la deuda del Estado con el IESS por atenciones a pacientes con enfermedades catastróficas.
Primicias
Autor:
Actualizada:
Compartir:
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) requiere una prima o aporte adicional del 1,13% para crear un fondo para la atención de enfermedades catastróficas, que ahora no tienen financiamiento alguno.
Lo anterior es parte del informe actuarial denominado Cálculo de la prima para financiar enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, elaborado por la Dirección Actuarial del IESS.
Las enfermedades catastróficas son patologías que suponen un alto riesgo para el paciente, cuyo tratamiento es caro y complejo. Entre ellas están el cáncer, la insuficiencia renal crónica y el trasplante de órganos.
La tasa de aporte al IESS es de 20,6%, contribución que se financia entre el trabajador (11,15%) y el empleador (9,45%).
Por ejemplo, si un trabajador tiene un sueldo base de USD 425 al mes, el aporte al IESS es de USD 87,55. De ese valor, USD 47,38 los paga el afiliado y USD 40,16 los paga el empleador.
Considerando ese ejemplo específico, el aporte debería subir en USD 4,80 al mes o USD 57,6 al año para cubrir el fondo de enfermedades catastróficas. Pero, ¿quién paga ese monto adicional?
¿Quién paga el aporte?
El literal f del artículo 130 de la Ley de Seguridad Social, en vigencia desde 2001, dispuso constituir un fondo tripartito para el tratamiento de enfermedades catastróficas.
Esa norma dispuso que el fondo cuente con el "aporte obligatorio" de afiliados, empleadores y el Estado. Pero el IESS nunca creó el mecanismo.
Con base en esa norma, la Corte Constitucional (CC) ordenó al IESS hace dos años, el 5 de agosto de 2020, elaborar un estudio actuarial y dar paso a la creación del fondo tripartito.
Fondo es "inaplicable"
El IESS respondió a la Corte en junio de 2022 que la conformación del fondo es "inaplicable" y que debe ser el Estado quien costee esas atenciones.
El argumento es que el artículo 50 de la Constitución, aprobada en 2008, determina lo siguiente:
"El Estado garantizará a toda persona que sufra enfermedades catastróficas o de alta complejidad la atención especializada y gratuita en todos los niveles".
Además, el IESS cita la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Salud, que ordena que todos los programas públicos de atención para enfermedades catastróficas pasen al Ministerio de Salud Pública.
El instituto anunció, además, que solicitará la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Seguridad Social, que establece la creación del fondo.
La Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la respuesta del IESS.
Un monto millonario
El IESS reclama al Estado el pago de USD 2.071 millones por la atención de enfermedades catastróficas, con corte a 2021.
Para financiar el tratamiento de esas patologías, el IESS tomó recursos del fondo de salud, que financia todas las atenciones médicas de jubilados y afiliados, pero que atraviesa por una crisis financiera.
Mientras las discrepancias legales entre la Corte Constitucional y el IESS se resuelven, los afiliados y jubilados con enfermedades catastróficas sufren, como el resto de pacientes, por falta de medicinas.
La escasez de medicinas en los hospitales y centros de salud del instituto era de 45% en junio de 2022. Pero IESS ha dicho que trabaja para abastecer a los hospitales hasta llegar a un 80% hasta finales de 2022.
No es solo falta de recursos
Los problemas del IESS en la atención médica de pacientes con enfermedades catastróficas no solo tienen que ver con la falta de dinero.
Hay trabas burocráticas y hasta ineficiencias en la gestión de hospitales, como lo han reconocido las propias autoridades del IESS.
Una muestra de esta situación es la falta de medicamentos para los pacientes con leucemia, catalogada como una enfermedad catastrófica.
En un fallo histórico, emitido el 13 de julio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al IESS la entrega inmediata de fármacos a estos pacientes. El organismo internacional dio 15 días para cumplir el fallo.
Las personas estarían con pérdida de remisión, lo que implicaría que la enfermedad estaría regresando con mayor agresividad.
CIDH
Pero hasta ahora el instituto no ha cumplido. Los pacientes con leucemia denuncian que esperan por sus medicamentos desde julio de 2018, cuando comenzaron a dejar de adquirirse en el Hospital Carlos Andrade Marín.
Antes de llegar a la CIDH, los pacientes presentaron recursos ante una corte local y en la Corte Constitucional, que les dio la razón, pero las sentencias no se cumplieron, relata Patricio Vaca, miembro del Observatorio de Lucha contra el Cáncer.
La leucemia es una enfermedad cara, pues un paciente necesita USD 15.000 cada tres meses para costear el tratamiento. Las medicinas que necesitan los afiliados, según el Observatorio, son:
- A escala nacional, 163 pacientes con leucemia necesitan hasta seis tabletas diarias de imatinib. Cada pastilla cuesta USD 7.
- Unos 90 pacientes necesitan nilotinib, que tiene un costo de USD 30 por unidad, porque crearon resistencia a otros fármacos. Los pacientes deben tomar hasta cuatro tabletas diarias.
- Y 12 afiliados requieren ponatinib o iclusig, con un precio de USD 130 por tableta. La prescripción es de entre dos y tres pastillas diarias.
La defensa del Estado señaló ante la CIDH que los pacientes accedieron a las dosis de medicamentos entre diciembre de 2020 y agosto de 2021. Y que está buscando alternativas para la compra del nilotinib.
Vaca dice que la falta de atención del IESS ha provocado la reducción de la esperanza de vida de estos pacientes con cáncer.
"Un paciente con leucemia que toma fármacos puede vivir 23 años; sin ellos, solo ocho o 10 años. Muchos han generado resistencia a los medicamentos y tres de nuestros compañeros ya han fallecido a la espera de medicinas", añade Vaca.
Estos pacientes analizan ahora una demanda en contra del Estado debido a los daños irreparables por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Compartir: