Estado de emergencia en cinco cárceles de Perú y vigilancia externa de militares, decreta el Gobierno de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, presidenta de Perú desde el pasado 28 de julio, decretó el estado de emergencia en cinco cárceles, lo que autoriza a los militares a encargarse junto a la policía del control externo de las prisiones, anunció este sábado la presidencia.

La medida - que regirá por 60 días - forma parte de la estrategia de la presidenta derechista Keiko Fujimori para enfrentar a las organizaciones criminales que ordenan secuestros y extorsiones desde los centros penitenciarios.

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Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa por su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000).

Los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500, según la estadística oficial.

Las cárceles intervenidas albergan a cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones de alta criminalidad.

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"Con estas disposiciones, el gobierno (...) combate a las organizaciones criminales que dirigen sus delitos desde las cárceles hacia el exterior", subrayó la presidencia.

El estado de emergencia regirá en los los penales de Challapalca y Cochamarca, ubicados en zonas andinas; la cárcel de varones de Trujillo, en la costa norte y una de las ciudades más violentas de Perú.

Dos prisiones están en la periferia de Lima: Miguel Castro Castro y Ancón I.

Las operaciones bajo el paraguas del estado de emergencia abren el camino para que las fuerzas armadas ejerzan el "control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas", añadió la presidencia.

Igualmente, señaló que la administración y la custodia interna de las cárceles seguirá a cargo de los agentes del Instituto Nacional Penitenciario.

En el poder desde hace un mes, Fujimori elevó el 28 de agosto al Legislativo un pedido de urgencia para decretar normas que le permitan combatir a las redes del crimen.