Dos empresas en Quito que ofrecían 'ingresos fáciles' con criptomonedas son investigadas por lavado de activos
La Fiscalía inició una investigación contra siete personas sobre las que existe una orden de difusión roja, porque ya estarían fuera de Ecuador.
Imagen de la Fiscalía de Pichincha que investiga el caso, del 11 de junio de 2024.
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PRIMICIAS.
Autor:
Redacción Primicias
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La Fiscalía General del Estado formuló cargos este 7 de octubre de 2024 en contra de siete personas sospechosas de participar en el delito de lavado de activos.
Se trata de las siguientes personas: Juan R., Liliana F., Víctor V., Josué G., Michael O., Alan P., y Eunice C. Además, se investiga a las empresas ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S.
El caso empezó en Quito en febrero de 2024, cuando la Unidad Antilavado de la Fiscalía inició una investigación, con base a un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, enviado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
En este se identificó que habían ingresado más de USD 24 millones al Sistema Financiero Nacional, de forma inusual para las autoridades de control.
Para las dos empresas, se dispuso la suspensión temporal y su intervención por parte del ente regulador que es la Superintendencia de Compañías.
Modalidad
La fiscal que lleva el caso expuso que los sospechosos habrían generado recursos ilícitos al promover supuestas capacitaciones en negocios digitales como trading y criptomonedas.
Esto se lo hacía a través de redes sociales, conferencias y webinars.
Además, organizaban eventos presenciales, con supuestos influencers, en los que habrían simulado que personas comunes ganaban miles de dólares, en minutos. Estas actividades se efectuaban con el objetivo de atraer nuevas víctimas a los que llamaban “inversionistas”.
Sobre los siete investigados se dictó prisión preventiva por pedido de la Fiscalía y decisión del un juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
También, se ordenó la incautación y prohibición de enajenar bienes, la retención de las cuentas bancarias y la difusión roja de los procesados, quienes presumiblemente habrían salido del país.
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