Sujeto extorsionaba a funcionaria de la Contraloría General en Santa Elena, le exigía USD 10.000
El sospechoso utilizaba una página de Facebook para extorsionar a los funcionarios públicos en Santa Elena. Los amenazaba con difundir supuestas pruebas de denuncias en su contra.
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Robinson Eddie D.C., detenido por extorsión a funcionarios públicos en Santa Elena.
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Policía Nacional
Autor:
Redacción Primicias
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La Policía capturó a un hombre por el delito de extorsión en la provincia de Santa Elena. Según las autoridades, el procedimiento se dio luego de una denuncia por parte de una funcionaria de la delegación provincial de la Contraloría General del Estado.
En el escrito, presentado en la Fiscalía, se manifiesta que el sospechoso le exigía la cantidad de USD 10.000, para no afectar a su honra.
Luego de la denuncia presentada, los agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) armaron un operativo de inteligencia, utilizando a la víctima para que cite al sospechoso en un centro comercial. Una vez que el sujeto implicado llegó al lugar, procedieron a su retención.
Según el parte policial, en poder del sospechoso se le encontró una bolsa con el dinero que la funcionaria le habría dado como parte del pago por las amenazas recibidas, también se hizo un allanamiento en su casa. Allí había varios documentos, entre esos el de la funcionaría de la Contraloría.
El hombre acusado fue identificado como Robinson Eddie D.C., y el modus operandi era a través de una página de Facebook, desde donde hacía supuestas denuncias a funcionarios.
Pero, según la hipótesis de la Policía, Robinson D., quién ya cuenta con antecedentes de estafa y calumnia, se contactaba con los funcionarios para pedirles dinero a cambio de no sacar las pruebas de las supuestas denuncias que los implicaba.
Luego de una audiencia de flagrancia, el juez que tomó el caso dictaminó prisión preventiva para el sospechoso, y su traslado a la Penitenciaría del Litoral. La audiencia de juzgamiento se estableció para el próximo 28 de febrero a las 12:00, al tratarse de un procedimiento directo.
El jurista también determinó que el procesado tiene prohibido acercarse a la victima y realizar actos de intimidación o amenaza, tanto para ella o alguno de sus familiares, a través de él o terceros.
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