Sin asistir durante un año y cinco meses, un profesor de la Universidad Central ganó más de USD 51.000, según Contraloría
Un informe de la Contraloría General revela casos de corrupción en la Universidad Central entre 2019 y 2024, incluye nepotismo, salarios excesivos y contrataciones injustificadas.
Un grupo de manifestantes se reúne en la universidad Central. Quito, 25 de junio de 2022.
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Gonzalo Calvache
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La Universidad Central del Ecuador, una de las universidades públicas más importantes del país, está envuelta en una serie de irregularidades que la Contraloría General del Estado (CGE) dio a conocer en un examen especial publicado el 22 de octubre de 2024.
En el documento de 168 páginas, el organismo de control detalla que en la universidad hubo casos de nepotismo, contrataciones injustificadas y hasta pago de remuneraciones fuera de lo que establece la ley.
El período analizado comprende entre el 1 de enero de 2019 y el 29 de febrero de 2024. Durante este período, la Universidad Central estuvo presidida por Fernando Sempértegui.
Estos son los principales hallazgos de la Contraloría:
Salarios excesivos
Trece subdecanos y una directora recibieron salarios por encima de lo permitido por la tabla de remuneraciones emitida por el Consejo de Educación Superior (CES).
La Contraloría General del Estado dice que estos pagos se entregaron entre julio de 2021 y febrero de 2024, por un monto que supera los USD 8.000.
Los subdecanos señalados son de las facultades de Ingeniería Química, Ciencias Psicológicas, Cultura Física (2), Arquitectura y Ciencias Agrícolas. Se suman los de Odontología, Filosofía, Medicina, Ciencias Químicas, Jurisprudencia y Ciencias, además de una directora de Doctorados e Investigación.
La Contraloría explica que esto se debió a que la Universidad no contaba con la escala de remuneraciones del personal académico con los techos establecidos por el CES.
Esto provocó que la institución de educación superior pague USD 8.348 en exceso, sin que hasta el momento se pueda recuperar el dinero.
Nepotismo
La contratación de familiares por parte de autoridades de la Universidad Central es uno de los hallazgos más destacados que constan en el informe de la Contraloría.
Pese a que la Ley Orgánica de Servicio Público prohíbe que las autoridades de una entidad pública contraten a personas con las que tengan relación de hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, familiares del rector y de tres decanos ingresaron a trabajar a la institución educativa.
Según la Contraría, un sobrino del rector trabajó como profesor auxiliar de medio tiempo en la facultad de Jurisprudencia entre septiembre de 2018 y febrero de 2019 con un salario mensual de USD 1.200.
Mientras que la hija de un decano de Ciencias Médicas ganó USD 1.200 cuando se desempeñó como docente auxiliar de medio tiempo en la facultad de Ciencias Psicológicas entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021.
Además, el hijo del decano de la facultad de Ciencias Agrícolas fue profesor a tiempo completo en la facultad de Ciencias Económicas, por lo que recibió un salario mensual de USD 2.400 entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2021.
El organismo de control también identificó que el hermano del decano de la facultad de Artes laboró como docente auxiliar de medio tiempo en la facultad de Jurisprudencia ganando USD 2400 mensuales entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2021.
Todos habían asegurado que no tenían prohibición de trabajar en entidades públicas.
Contrataciones irregulares
La CGE estableció que, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 29 de febrero de 2024, hubo 19 contrataciones irregulares de profesores y técnicos. Estos funcionarios trabajaron en la Universidad Central sin haber presentado la documentación completa que exige la ley.
Entre los documentos faltantes están declaraciones juramentadas, títulos académicos, hojas de vida y acciones de personal.
Pese a esto, la Contraloría determinó que estos profesores y técnicos trabajaron en la Universidad Central por al menos un año.
Profesores recibieron salarios sin trabajar
La Universidad Central destinó más de USD 75.000 al pago de salarios de dos profesores que no cumplieron con sus funciones entre 2019 y 2024.
En el primero caso, un profesor recibió USD 51.125, pese a que no hay registro de que haya impartido clases en la institución entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020.
El organismo de control señala que, supuestamente, el docente trabajaba a tiempo completo en la facultad de Ciencias Económicas como profesor auxiliar.
Sin embargo, entre esas fechas, exactamente entre el 3 de junio de 2019 y el 5 de febrero de 2020, el profesor trabajó en el Instituto de Capacitación del Consejo Nacional Electoral.
La Contraloría asegura que por esta razón hubo meses en los que el profesor no asistió a la facultad, mientras que en otros no tuvo programación académica.
Además, hubo días en las que solo se registró una vez en el reloj biométrico, cuando deberías ser dos: al ingreso y a la salida.
Mientras que en el segundo caso, la Contraloría encontró que un funcionario se desempeño en cuatro cargos diferentes: tres como docente y uno en áreas administrativas.
La Contraloría sostiene que hubo "cruce de horas", es decir, que esta persona ejerció dos cargos al mismo tiempo.
"La falta de supervisión en los contratos y en los horarios laborales hizo que la actividad académica interfiera en sus obligaciones administrativas", dice la CGE.
Y asegura que al final de febrero de 2024, el funcionario recibió USD 25.097 sin haber cumplido su horario completo de trabajo.
Profesores sin contrato
En la última parte del informe, la Contraloría identificó a 10 profesores que empezaron a trabajar en la Universidad Central sin haber firmado sus contratos laborales.
La razón: la institución no contaba con la información necesaria para que puedan firmar sus vinculaciones.
"Los funcionarios encargados del proceso no elaboraron oportunamente los informes de necesidad y la certificación presupuestaria, lo que ocasionó que la universidad adquiera obligaciones sin que la prestación de lo servicios se encuentren debidamente legalizada", explica la Contraloría.
Además, indica que no pudo comprobar que la información entregada por los docentes sea "veraz para el control y toma de decisiones de las autoridades".
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