Dotar de agua potable a 10.000 personas de la zona rural ecuatoriana, un desafío que busca cambiar vidas
José Luis Álvarez, presidente de la Iniciativa Sumar Juntos, explica los alcances de este proyecto en un país en el que aún el 35% de las casas no tiene agua potable.
Una planta de agua entregada por la iniciativa Sumar Juntos a la comunidad Pambilar en 2024
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Sumar Juntos
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En pleno 2024, los datos sobre el acceso que la población tiene al servicio de agua potable en Ecuador siguen siendo desalentadores.
Según el Censo de Población y Vivienda de 2022, en el país hay un poco más de 5,5 millones de casas en las que vive una o más personas, pero solo 3,6 millones cuentan con este servicio básico. Eso significa que alrededor del 35% no tiene agua potable. .
El agua potable es, además, el segundo servicio básico con los niveles más bajos de cobertura, con el 84,2%, solo por detrás del alcantarillado, que llega al 65,8% de la población.
En entrevista con PRIMICIAS, José Luis Álvarez, presidente de la Iniciativa Sumar Juntos, del Banco Pichincha, explica que la falta de agua potable afecta, sobre todo, a las poblaciones vulnerables de las zonas rurales y detalla las metas de la iniciativa.
¿Cómo nace Sumar Juntos?
Es una iniciativa que nació durante la pandemia de Covid-19 para entregar insumos de primera necesidad que se requerían en ese entonces.
Luego, buscamos nuevas formas de ayudar a la comunidad y llegamos a palpar la realidad de las poblaciones rurales. Allí, la mitad de las personas no tiene acceso acceso a agua potable y padecen de problemas de salud como diarrea o desnutrición crónica.
En muchas zonas, las personas cuentan con agua que no es segura y esto genera un círculo vicioso.
Estamos conscientes de que el Estado, muchas veces, no puede resolver este problema. Entonces queremos a ayudar a solucionarlo de alguna manera. Nos hemos dado cuenta de que en la ejecución de proyectos pequeños en comunidades remotas generamos un impacto positivo.
¿Cómo se articula el trabajo?
Lo que hacemos es identificar implementadores u organizaciones no gubernamentales (ONG) que saben de estos procesos. Con ellos llegamos a acuerdos, con base en información pública, relacionada con la desnutrición crónica infantil y con las dificultades de acceso a agua.
Entre estas entidades están la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y la Fundación Ayuda en Acción.
¿Cómo identifican las poblaciones para dotarles de agua potable?
Las ONG están en territorio y saben mucho de este tema. Ellos nos ayudan junto con las autoridades locales. Al final, todos los actores implementamos el proyecto, que no solo consiste en la dotación de infraestructura, sino también en la organización comunitaria.
Nos aseguramos que la comunidad sepa mantener el sistema de forma sostenible y también les enseñamos el consumo seguro del agua.
¿Las personas deben pagar una tarifa?
Deben pagar una tarifa mínima que está al alcance de su economía. El monto lo establece la comunidad para que el sistema no deje de operar y se pueda extender a poblaciones vecinas.
Nosotros instalamos un medidor en la planta de procesamiento para saber el flujo de agua que baja a la comunidad. Y, en cada casa, hay un medidor para tener control y asegurarnos que no existan fugas o algún problema.
¿Cuántos sistemas han entregado?
El objetivo es llegar a 10.000 personas con el proyecto denominado '10K'. Vamos a beneficiar a 21 comunidades con 19 sistemas hasta junio de 2025, en Carchi, Cotopaxi, Morona Santiago y Azuay.
Hasta el momento, hemos entregado seis proyectos en Morona Santiago y Carchi, beneficiando a 1.482 personas.
¿Debe haber una planta potabilizadora cerca a la comunidad para que sea elegible?
Sumar Juntos maneja dos posibilidades. La primera es que nos hemos encontrados con plantas que están abandonadas, entonces las rehabilitamos. El otro mecanismo es construir una planta nueva.
Los dos proyectos que entregamos en Carchi fueron repotenciados y los cuatro de Morona Santiago fueron plantas nuevas.
¿Cómo eligen las poblaciones beneficiarias?
La brújula es el mapa de la desnutrición, que la Fundación Ayuda en Acción conoce muy bien.
Ellos son el filtro: nos dicen qué proyectos tienen estudios, si hay viabilidad técnica, si las comunidades están organizadas y si hay una incidencia alta de desnutrición.
¿Estos son los requisitos?
Sí, sobre todo, que las comunidades estén organizadas para que el sistema pueda mantenerse en el tiempo.
También deben estar ubicadas en zonas rurales y tener un alto índice de desnutrición.
¿Cuál es la inversión de Sumar Juntos?
El proyecto maneja un presupuesto de USD 3,2 millones. De este monto, Sumar Juntos aporta con USD 2,7 millones. El resto sale de las ONG, municipios o de las comunidades.
Lo que buscamos que la inversión no solo sea nuestra. Queremos que haya participación de la comunidad, con mano de obra, o de los municipios, con maquinaria.
El aporte de las comunidades no siempre es en efectivo. Si la comunidad nos da 30 horas para hacer una minga e instalar una tubería, nosotros lo valoramos y lo ponemos en el presupuesto.
Las ONG también aportan a la implementación de los sistemas. Aspiramos a que los beneficiarios se sientan dueños de la obra y vean los beneficios que trae.
Por ejemplo, menos enfermedades, menos tiempo de traslado para conseguir agua segura y mejor alimentación.
¿La Iniciativa tiene previsto entregar más sistemas luego de que finalice el programa '10K'?
Estamos trabajando con UNICEF para la valoración de 22 sistemas y con la Unión Europea para otros 11 en Chimborazo y Santa Elena.
Estamos sumando esfuerzos para que la iniciativa siga creciendo con el compromiso de las autoridades y de los proveedores.
Estamos seguros que en Ecuador se pueden hacer proyectos de gran impacto sin grandes cantidades de dinero. Lo que tengo en mi cabeza es que en 2030 beneficiemos a unas 180.000 personas con 130 proyectos.
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