Paciente oncológica en Guayaquil solicita muerte asistida; jueza exige agilidad al IESS para resolver caso de eutanasia
La jueza Paola Dávila amenazó con sanciones a directivos del Seguro Social y del Hospital Teodoro Maldonado por retrasos en el proceso para resolver eutanasia de una paciente con cáncer.
La sede de la Corte de Justicia de Guayas, en Guayaquil.
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Una paciente oncológica con cáncer de mama y metástasis ósea solicitó a la justicia ecuatoriana acceder a la eutanasia o muerte asistida, amparándose en un precedente de la Corte Constitucional, el caso de Paola Roldán.
Una audiencia para resolver su acción de protección se realizó este viernes 14 de febrero de 2025 en Guayaquil, pero fue suspendida por la jueza Paola Dávila López debido a la falta de informes de personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del hospital Teodoro Maldonado Carbo.
La mujer, quien padece metástasis en la columna vertebral y en otros huesos del torso, enfrenta un deterioro progresivo de su salud. Su cáncer de mama evoluciono y se instaló sobre todo en la raquídea.
Su movilidad está severamente reducida (se encuentra postrada en cama) y sufre un dolor crónico de alta intensidad (EVA 8/10), resistente a los tratamientos paliativos. Según los informes médicos, se trata de “una enfermedad incurable, de la que no hay remisión” y “crónica” por lo incapacitante.
La Corte Constitucional de Ecuador sentó un precedente con la sentencia Nro. 67-23-IN/24, en la que se reconoció el derecho a la eutanasia en el caso de Paola Roldán, paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), quien falleció por muerte asistida el 11 de marzo de 2024.
Si se aprueba la solicitud de la paciente, sería la primera eutanasia autorizada judicialmente en Guayaquil y la segunda en Ecuador, tras casos como el de Leonardo Caiza, quien falleció el año pasado sin lograr la autorización de una muerte asistida.
Audiencia suspendida por falta de informes
Durante la diligencia judicial, la jueza del caso enfatizó la necesidad de contar con todos los informes pertinentes antes de tomar una decisión y resolver la acción de protección.
Entre los testimonios pendientes se encuentran los reportes de una psicóloga clínica y de una trabajadora social. También se requiere de la integración de un Comité Interinstitucional con un representante de la sociedad civil encargado de evaluar el caso, cuya conformación registran avances.
La jueza advirtió al IESS y al Hospital sobre posibles sanciones administrativas en caso de incumplimiento, les exigió a ambos organismo agilizar el proceso y rechazó que por falta de diligencia la resolución del caso tenga que extenderse por un mes, según las cuentas del Seguro Social.
“Voy a activar mis facultades correctivas y coercitivas”, declaró la jueza Dávila López, que mencionó incluso una posible intervención de la Fiscalía, subrayando que la administración de justicia debe ser “rápida y oportuna”.
El camino legal hacia la eutanasia en Ecuador
El fallo de la Corte Constitucional que despenalizó la eutanasia del 5 de febrero de 2024 estableció la obligación del Ministerio de Salud de crear un protocolo para su aplicación.
Sin embargo, la implementación del proceso enfrenta barreras burocráticas y administrativas, como lo evidencia la suspensión de la audiencia en el caso de la paciente en Guayaquil.
Mientras se espera se defina una nueva fecha para resolver la acción de protección, el caso abre nuevamente el debate sobre el derecho a morir con dignidad en Ecuador.
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