Una cadena de errores terminó en escuelas del milenio que cuestan USD 5 millones

Han pasado casi 10 años desde que, en agosto de 2015, el Ministerio de Educación firmó un contrato para la adquisición de 200 escuelas del milenio prefabricadas. Sin embargo, los estragos de dicha negociación se sienten hasta la actualidad, pues Ecuador acumula una millonaria deuda con la empresa China Railway no. 9, que ganó ese contrato.

Como publicó PRIMICIAS en una primera entrega, de las 200 escuelas, la empresa logró ejecutar menos de 60. De esas, apenas 10 se mantienen en manos del Ministerio de Educación, mientras que el resto está abandonado o en manos de la empresa china.

Pero los problemas van más allá, y nacen en el proceso de contratación de hace 10 años, que estableció unas especificaciones técnicas que resultaban complicadas para el funcionamiento de las escuelas. Por ejemplo, no se incluyó ventilación o sistemas de enfriamiento para aulas con techo de metal que funcionarían en la región Costa. Hubo vigas mal armadas, y corrosión en los materiales.

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Además, errores en el proceso de terminación unilateral del contrato derivaron en una demanda que China Railway no. 9 ganó, y por la que el Ministerio de Educación tiene una deuda de USD 85 millones. Es así que, con ese monto, cada escuela del milenio terminó costando unos USD 5 millones.

Escuelas prefabricadas, sin pensar en los detalles

El contrato entre el Ministerio de Educación y China Railway no. 9 se suscribió el 18 de agosto de 2015, por USD 196 millones. Su objeto era la "adquisición, ensamblaje y puesta en operación" de 200 unidades educativas del milenio a lo largo del país, en un plazo de 630 días (21 meses, es decir menos de dos años). 

El contrato fue adjudicado "a dedo" por régimen especial, pues fue financiado con préstamos chinos, específicamente por un crédito del Bank of China Limited.

Cada escuela debía tener 30 aulas, dos salones de uso múltiple, cuatro laboratorios, biblioteca y administración, a un precio de USD 984.540. Según los términos de referencia, que constan en el proceso de contratación, el Ministerio de Educación requirió que cada una de las aulas prefabricadas tenga:

• Estructura metálica de acero para la cubierta, el contrapiso y las paredes.
• Paneles de pared y puertas de espuma rígida de poliestireno expandido.
• Ventanas de policloruro de vinilo.
• Techos de acero galvanizado pre pintado.
• Pisos de paneles compuestos de madera y plástico.
• Luminarias led y conexiones eléctricas.

El problema es que el contrato se hizo por bienes, no por obras. Por ello, no se contrató a un fiscalizador para que controle la calidad de las escuelas levantadas por China Railway, según el informe de Contraloría sobre este contrato. Tampoco se contempló pagos por planillas, como se hace en las obras, ni modificaciones de rubros.

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Además, el informe de la Contraloría revela que no se tomaron en cuenta condiciones específicas de la realidad de cada zona en la que se ensamblaron las escuelas. Por ejemplo, las aulas están ubicadas indistintamente sin un análisis de la orientación, por lo que había "concentración de aire caliente". En la visita técnica, la Contraloría halló aulas con temperaturas de hasta 34 ºC.

Además, las escuelas entregadas tuvieron numerosos problemas. Un informe interno del Ministerio de Educación de 2022, al que PRIMICIAS tuvo acceso, revela que muchas escuelas presentaban vigas descuadradas en pisos y techos, solucionadas con refuerzos, y problemas en su cimentación.

A esto se le suma que, debido a las zonas en las que las escuelas fueron instaladas, el material comenzó a presentar corrosión.

Una terminación unilateral mal hecha

Frente a las demoras en la ejecución del contrato, el Ministerio de Educación decidió terminarlo unilateralmente, en julio de 2018. En la resolución de terminación, la cartera de Estado especificó que el contrato llevaba un 0% de avance, y que las multas ascendían a USD 29 millones. Por ello, el Ministerio ejecutó las garantías que China Railway había entregado.

Esto generó una demanda contencioso administrativa de la empresa china, que argumentaba que no se podía hablar de un 0% de avance si el Ministerio ya había recibido 30 escuelas y estaba utilizando otras 10 aunque no habían sido recibidas oficialmente. Además, la empresa señaló el retraso de la cartera de Educación en la entrega de terrenos como la principal causa de las demoras del contrato.

La sentencia de primera instancia, en 2021, dio la razón a China Railway, y ordenó al Ministerio que pagase el valor de las escuelas construidas (recibidas o no), más la devolución de las garantías ejecutadas. El monto sumaba USD 67,7 millones.

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La sentencia determinó que las multas impuestas a la empresa china no eran legales, pues fueron impuestas a pesar de que esa cartera estaba en mora con China Railway, por las escuelas ya entregadas. Además determinó que la terminación unilateral "no fue sujeta a ley".

El Ministerio de Educación interpuso un recurso de casación, que fue resuelto en diciembre de 2023, y mantuvo la decisión favorable para China Railway. Esta es la causa que apareció en uno de los testimonios del caso Plaga.

Esta sentencia hizo un recálculo del monto a pagar, y lo redujo a USD 59,3 millones, que incluye la deuda por las escuelas entregadas más el valor de las garantías ejecutadas. Sin embargo, reconoce también el pago de intereses.

Según información enviada por el Ministerio de Educación a PRIMICIAS, el valor con el que se debe "indemnizar" a la empresa china asciende a USD 85,98 millones. Es decir que, según sus cálculos, "el Estado termina pagando más de USD 5 millones por cada una de las 20 escuelas prefabricadas que utilizó y que muchas de ellas ya están destruidas o a punto de cumplir su vida útil".