Reclamo de prestadores externos pasó de las calles a los juzgados y piden 'el auxilio de la justicia' por atrasos del IESS
Unas 25 clínicas y centros médicos han presentado acciones de protección para exigir pagos y los jueces las han aceptado, incluso obligan al IESS a pedir disculpas.
Pacientes se realizan diálisis en clínicas que dan atención externa al IESS. 10 de enero del 2025.
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Primicias
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Los reclamos de los prestadores externos del IESS se ventilan en un nuevo escenario: los juzgados de Ecuador. Ahí, ante los jueces, las clínicas y centros médicos han acudido para pedir “el auxilio de la justicia constitucional” ante los retrasos de los pagos de la Seguridad Social por las atenciones que brindan a sus afiliados y pensionistas.
Con recursos judiciales como las acciones de protección, los abogados de algunos prestadores externos exigen que el IESS cumpla con los reglamentos que le obliga a pagarles en un plazo máximo de 85 días, tiempo que se aplica en diferentes fases: revisión documental de las planillas, 10 días; auditoría, 45 días; pago de las atenciones, 30 días luego de emitirse la factura.
Estos tiempos, dicen los prestadores, nunca se han cumplido. Pero tampoco la demora había llegado a los extremos actuales, en que llevan hasta 18 meses de atraso, desde julio de 2023 en que se realizaron las últimas auditorías con la empresa pública Espe Innovativa, que fue contratada para revisar la facturación de 4,3 millones de expedientes.
En 2024, las mismas direcciones provinciales del IESS asumieron este trabajo mientras se contrataba por USD 5 millones a la nueva empresa auditora, Espoltel, a la que el IESS adjudicó el contrato para que audite 6,2 millones de planillas del periodo julio-diciembre de 2023.
Por ello, el año pasado fue el de menor presupuesto para los prestadores externos, cuando se canceló USD 568 millones, a diferencia de 2023, que se pagó USD 1.016 millones, según los registros del mismo IESS, que detalla los pagos mensuales a los 458 prestadores con los que tiene convenio en el país.
“No es una novedad que el IESS no cumpla a rajatabla los plazos. Sin embargo, el problema que nos ha puesto en la necesidad de plantear esta acción, solicitando el auxilio de la justicia constitucional, es el hecho de que nunca antes, en los muchísimos años de relación, el IESS ha mantenido un retraso tan grande”, expuso la apoderada de la compañía Esculapio S.A.S (Clínica Alcívar), Mariela García, ante el juez de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil, Aquiles Dávila.
En su escrito la clínica señala que el IESS le adeuda pagos desde 2023. “Tan grave es la situación que, no solo que el IESS no audita nuestras prestaciones, sino que ni siquiera se digna en habilitar la opción respectiva en la plataforma informática para que podamos ingresar la documentación concerniente a las atenciones médicas ejecutadas a lo largo del último año”, señala este prestador.
La clínica, a la que PRIMICIAS solicitó sin éxito una entrevista, ha realizado múltiples requerimientos a las autoridades del IESS para que se procesen los trámites represados para el pago de las atenciones dadas a los pacientes que llegan, aseguraron, “como consecuencia de una emergencia vital o a través de una derivación por parte del propio instituto”.
Sin una respuesta positiva, la clínica solicitó formalmente un anticipo de USD 20,7 millones mediante la figura legal de “convenio interinstitucional de entrega de anticipo”, el mismo que, asegura, recibió un informe favorable y “técnica y jurídicamente viable” de parte del IESS, pero que tampoco se ha cumplido.
El juez Dávila declaró con lugar la petición de la clínica el 21 de junio de 2024 y ordenó que el IESS, en un plazo no mayor de 15 días, termine de procesar la solicitud de anticipo formulado por el prestador externo y que en 45 días finalice el proceso de auditoría a su facturación por las atenciones médicas.
“Se ordena al IESS que, una vez concluido el proceso de auditoría mencionado anteriormente, proceda dentro de un plazo máximo de 30 días, con el pago a ESCULAPIO S.A.S., de los montos determinados como resultado de dicho proceso de auditoría”.
Juez Aquiles Dávila
No obstante, en noviembre pasado el IESS apeló la sentencia argumentando la falta de auditorías. La clínica rechazó en diciembre esta apelación y pidió que el juez certifique que la sentencia se encuentra ejecutoriada.
Nuevas protestas
“Ya este tema judicial se venía contemplando, porque en la Asamblea hablamos con la presidenta, pero quedó ahí, hemos recurrido a diferentes autoridades y nadie ha sido capaz de darle solución a este tema”, afirmó Cristina Freire, vocera de la Asociación de los Centros de Diálisis del Ecuador.
El IESS les adeuda 12 meses, unos USD 160 millones, precisó Freire, mientras que las auditorías no avanzan, razón por lo cual el IESS no cancela las facturas a los prestadores.
“Exigimos que las auditorías se aceleren. Estamos preocupados, porque nos pidieron las facturas, pero todo quedó ahí”, reclamó la vocera al anunciar para la próxima semana protestas en las calles. “Se acorta el tiempo de vida de los pacientes, tenemos que estar mendigando cada año los pagos”, advirtió Freire.
La vocera recordó que, en septiembre de 2020, tras una acción de amparo, la Corte Constitucional ordenó que se elabore un plan programático de pagos a favor de las clínicas renales, lo que no se ha cumplido. En 2023, la asociación demandó por el incumplimiento de la sentencia. Sin embargo, el año pasado la Corte rechazó la demanda.
“Empezamos mal 2025, hay 17.000 vidas en juego. Hemos pedido que cancelen por lo menos tres facturas... Nuestro tema no es un asunto político o por una temporada, esto viene arrastrándose hace muchos años, necesitamos que el gobierno se siente a dar soluciones”.
Cristina Freire, vocera de la Asociación de los Centros de Diálisis del Ecuador.
Más acciones judiciales
En los registros de la Función Judicial hay más casos de prestadores externos que han demandado el pago de sus servicios por vía jurídica. Por ejemplo, la Clínica de Especialidades María Auxiliadora, en Quito, reclamó en una audiencia de octubre de 2024 que el IESS le adeuda valores por la atención de pacientes desde 2021.
“No hemos querido llegar a esto, se ha asistido a más de 14 sesiones de mediación y se les ha instado a realizar los pagos. Al no recibir los pagos tenemos serias situaciones para cumplir con proveedores y trabajadores. Los pacientes que recurren a las clínicas son pacientes de atención contínua y especializada, pero de continuar esto estamos destinados al cierre”, señaló en la audiencia el representante de la clínica, Antonio Arias, quien no aceptó una entrevista.
La jueza Lucy Núñez Córdova concedió la acción de protección de la clínica, declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y de forma colateral la vulneración al derecho al trabajo y a la salud, y dispuso que en el plazo de 15 días el IESS cumpla con el pago a favor del prestador externo.
Además, “como reparación inmaterial se establece las disculpas públicas, que deberán ser otorgadas por el IESS por la vulneración de los derechos, y cuyo texto deberá ser publicado en la página web del IESS”. Como garantía de no repetición, la sentencia dispone que se inicie un examen especial para determinar las responsabilidades de los servidores públicos en este caso.
En la misma audiencia, el IESS apeló la decisión de la jueza, quien pidió que el caso se eleve a la sala provincial de Justicia de Pichincha, pero recalcó que la apelación “no suspende la ejecución de la sentencia”.
Un caso más contra el IESS presentó el Centro de Tratamiento de Adicción Proyecto Esperanza Proespe Cía. Ltda. en febrero de 2024 en la ciudad de Cuenca, para exigir pagos de atenciones dadas en 2018 y 2019.
En la audiencia, Proespe explicó que mediante convenios con el IESS recibió afiliados que llegaban con un código de derivación aprobado previamente por el Seguro Social, código que, junto a otra documentación, respaldaba el cobro de las facturas por los servicios médicos.
“Cuando se intentó presentar la documentación al IESS éste ni siquiera recibió la documentación, es decir que ni siquiera se pudo ingresar. Esta negativa impidió continuar con el proceso de auditoría para la posterior facturación y pago”, señaló Washington Sánchez, procurador judicial de Proespe.
El juez Esteban Pesántez aceptó la acción de protección y dispuso que el IESS le permita a Proespe ingresar la documentación para que ésta sea sometida a auditorías y un posterior pago.
25 clínicas demandan
Los recursos judiciales llegan como una medida desesperada de los prestadores externos del IESS, incluso pese a los temores que sienten por las represalias que -señalan- que puede tomar la entidad, entre ellas suspender los convenios para la atención de los pacientes.
“El único recurso para tratar de que la directiva del IESS tome conciencia del daño que están causando es tener que recurrir a un recurso legal y jurídico, por eso hay un gran número de prestadores que han tomado esta como su única y última opción”.
César Serrano, presidente de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud del IESS.
A través de los canales de comunicación -agrega Serrano- no se ha podido hacer “absolutamente nada”. “Tengo entendido que son unos 25 prestadores que han tenido que acudir a esa clase de recursos, es un tema que se está tornando jurídico y legal”, comentó el directivo de la Asociación.
PRIMICIAS solicitó por escrito al IESS información y entrevista sobre las acciones jurídicas emprendidas por los prestadores externos, pero la entidad no respondió hasta el cierre de esta publicación.
De los 18 meses que les adeuda el IESS, Serrano cuestionó que todavía no se encuentra habilitada la plataforma del nuevo contratista que hará las auditorías, plataforma en la cual los prestadores deben subir la documentación para el análisis y posterior pago.
“Aún no está habilitada, las auditorías las están haciendo mes a mes, de una manera lenta, en las coordinaciones provinciales del IESS”, dijo Serrano y lamentó que más centros médicos están cerrando sus puertas en Santo Domingo y Guaranda.
En el presupuesto de este año 2025, el IESS destinó para el Seguro de Salud USD 2.180,6 millones, una cantidad similar a la establecida en 2024, que fue de USD 2.176 millones. “Qué pasó con el presupuesto de 2024, qué pasó con ese dinero. Si solo pagaron USD 500 millones, dónde están los USD 1.600 millones, los números no mienten”, aseguró Serrano.
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