Agua potable: el desafío de las autoridades de Manabí para 2025

Las crisis energética e hídrica sin precedentes golpearon a Manabí como nunca antes. A lo anterior se sumó la falta de priorización en la obra pública que desencadenó una serie de falencias, evidenciando una vez más el poco o nulo accionar estatal y de los gobiernos locales.

Los registros no son nuevos, pero en 2024 se agudizaron y estallaron ante los reclamos y exigencias de ciudadanos que se dieron cuenta de que es inconcebible que en pleno siglo XXI se sufra por derechos fundamentales, entre esos, el acceso al agua.

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En este territorio costero, las autoridades aún no logran garantizar los servicios prioritarios, a pesar de que Manabí es la tercera provincia no petrolera de Ecuador; además, cuenta con infraestructura logística multimodal, industria pesquera especializada, destino turístico y potencia mundial gastronómica.

Además hay un creciente desarrollo inmobiliario en cantones del centro sur como Manta y Portoviejo. Sin embargo, la falta o el deterioro en los servicios como agua potable, sanitarios o energía eléctrica podrían ser la principal limitante para un progreso sostenido.

Según cifras oficiales, el acceso a servicios básicos en Manabí alcanza: agua por red pública, 61,1%; electricidad, 96,2%; alcantarillado y recolección de basura, 80,7%.

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Otra agravante que estropea los servicios públicos es cómo se los brindan a la población. De hecho, el gobernador de Manabí, Leandro Briones, el 16 de diciembre, reconoció que en la provincia hace falta humanización, porque “la atención al ciudadano muchas veces parece” ser el resultado de “la súplica”.

Agua, clamor histórico

En el caso del acceso al líquido vital, desde el primer trimestre de 2024, los reclamos han venido siendo más constantes, pues la población debió optar por comprar agua por tanqueros.

Al menos una docena de los 22 cantones de la provincia se ven afectados de forma directa por el desabastecimiento del líquido vital; entre esos están: Jipijapa, Montecristi, Manta, Jaramijó, Sucre, San Vicente, Bolívar, Portoviejo, Junín, Rocafuerte y Tosagua.

Sin embargo, los 1,5 millones de habitantes de alguna forma sufren las consecuencias, ya sea en la falta del líquido para preparar los alimentos, lavar la ropa, tomar una ducha o temas agrícolas.

Las mayores complicaciones se presentan en los barrios alejados de las zonas céntricas o en partes altas. De hecho, en cantones como Montecristi, Sucre y Jipijapa hay pobladores que reportan que han pasado hasta ocho meses sin agua.

Todos los escenarios anteriores, según las autoridades locales, se deben a la falta de mantenimiento de las plantas de potabilización y captación, además de que algunas infraestructuras ya cumplieron su vida útil.

Lo anterior conllevó a que cantones como Sucre, Jipijapa, Montecristi y Jaramijó hagan la declaratoria de emergencia hídrica.

A continuación, algunos proyectos que deben de ejecutarse:

• Sucre y San Vicente necesitan construir un proyecto de una planta de tratamiento, valorado en al menos USD 16 millones. La infraestructura con la que se abastecen en la actualidad fue construida hace más de 30 años y no ha recibido el mantenimiento adecuado.

• En Jaramijó, la solución es un sistema de captación de agua cruda propio. Para ejecutar el proyecto se necesitarían alrededor de USD 9 millones. Ya se contrató una consultoría presupuestada en USD 80.000.

• Montecristi tiene un proyecto de USD 28 millones en marcha que consiste en la construcción de un acueducto para la captación de agua cruda y que solucionaría una crisis hídrica histórica.

• En Jipijapa, el sistema de agua potable atraviesa una situación deficiente en materia técnica y financiera. Para ello está en marcha un crédito de USD 10,6 millones, monto con el que se prevé renovar el sistema de captación y potabilización, y reparar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

• A pesar de que Manta tiene dos plantas potabilizadoras, no abastece a toda la ciudad, por lo que está en marcha la construcción de dos plantas desalinizadoras. Estas infraestructuras son parte del proyecto Planta Manta, que bordea los USD 17 millones. De la mano, la planta de tratamiento de aguas residuales y el emisario submarino, que supera los USD 40 millones.

Freddy Muñoz, subsecretario de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, detalló que, de noviembre de 2023 a diciembre de 2024, a escala nacional, se han entregado un total de 114 viabilidades técnicas para proyectos de agua potable y saneamiento, lo que equivale a USD 545 millones.

Muñoz informó que, en el caso de la región Costa, en Guayas, El Oro, Esmeraldas y Manabí, en un poco más de un año se entregaron 14 viabilidades, con una inversión de USD 236 millones. Así, el funcionario dijo que la mayor brecha de acceso al líquido vital se sitúa en las zonas rurales.

Según el Censo de Población y Vivienda de 2022, en el caso de Manabí, apenas el 29,2% de la zona rural tiene agua por red pública.

Acueducto La Esperanza, un dolor de cabeza

La crisis hídrica también se agudizó en 2024, porque hay una infraestructura clave que está casi por colapsar: el acueducto La Esperanza, operado por la compañía de economía mixta Refinería del Pacífico (RDP) y en proceso de liquidación.

El acueducto de 94 kilómetros, que empezó a operar en 2017, nace en la presa La Esperanza (Bolívar) y atraviesa siete cantones hasta llegar a la zona de El Aromo, en Manta, inicialmente construido para dotar de agua dulce a la fallida Refinería del Pacífico.

Pero surgió la necesidad de abastecer de agua cruda a Jaramijó en un 100%, Montecristi en un 75% y Manta en un 20%.

Pero estas cifras han ido disminuyendo por tres razones: el acueducto no ha recibido mantenimiento preventivo y correctivo desde su operación, por falta de recursos económicos; se dota del agua también a las industrias y agricultores de las poblaciones aledañas al sistema; existen tomas clandestinas que hacen que el agua se quede en el camino.

Finalmente, Manabí vivió días duros por la crisis eléctrica que azotó Ecuador, sobre todo en los últimos meses del año.

En el caso de la provincia, el sector turístico, las industrias, comercios y otros se vieron afectados. Incluso, los apagones generaron intermitencia en la producción y distribución de agua potable.

Infraestructura hídrica

De hecho, el Gobierno Nacional anunció el 26 de diciembre que, para la provincia, existe una serie de proyectos que “representan desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura hídrica”, previstos para abril de 2025.

Las iniciativas consisten en la rehabilitación de las represas Poza Honda (Santa Ana) y La Esperanza (Bolívar), lo que contribuirá a la generación de energía hidroeléctrica y al abastecimiento de agua potable.

También se habló del diseño definitivo de las centrales de generación de las represas Chone (Manabí) y Tahuín (El Oro).

De igual forma, la construcción de nueve compuertas, ubicadas en cantones de Manta, Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Montecristi, Bolívar, Junín, Tosagua y San Vicente.

Estas infraestructuras servirán para la regulación del flujo de agua en los embalses. De esto habría tres beneficios: producción de energía; riego agrícola y abastecimiento de agua potable.