"Querían que les pagaran USD 2.000": vecinos de Durán huyen de sus casas por las extorsiones
Los extorsionadores, al servicio del narcotráfico, arrinconan a los habitantes de Durán, que dejan sus vivienda por no poder pagar las 'vacunas' o extorsiones.
Habitantes de Durán ingresan sus pertenencias a una vivienda recuperada por la Policía, 23 de julio de 2024.
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AFP
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Durán, el cantón de Guayas donde el gobierno ha prometido que expulsará al crimen organizado, aún no se recupera de las más recientes masacres. Cinco hombres fueron asesinados hace apenas dos días, en un hecho donde la Gobernación dijo que no podía controlar ni "ser niñeros" de los habitantes.
Al margen de quienes mueren en las masacres, están los habitanes que residen en este cantón por décadas, y que ahora se ven forzados a dejar sus casas por miedo al narcotráfico y los extorsionadores.
"Querían que les pagara 2.000 dólares" a cambio de supuestamente "cuidar" la residencia que estaba en construcción, contó a la AFP la propietaria de una vivienda en Durán, y que pidió omitir su nombre por miedo a represalias.
La mujer dice haber pagado USD 300 a los criminales, insuficiente para frenar las amenazas contra su esposo y familia.
"Tuve que salir de aquí por miedo (...) Matan a quien sea", dice la mujer, quien es manicurista de profesión, en medio de una operación policial realizada en el barrio Fincas Delia, ubicado en las periferias de Durán y un sector que es definido como un reducto de la banda Chone Killers.
En un intento por recuperar las viviendas utilizadas por criminales, los uniformados rompen candados y tumban puertas.
Aquel día, la fuerza pública recuperó la casa de esta familia, que se convirtió en una de las víctimas de la nueva modalidad de extorsiones, bajo la cual organizaciones ilegales se adueñan de barrios estratégicos para el narcotráfico y el crimen.
Aunque el mismo policía le advierte a una de las habitantes, "no se quede mucho" tiempo.
Antes de su huida, la mujer había dejado construidos los cimientos y unas pocas paredes. Ocho meses después, a su regreso junto a uniformados, se encontró con una casa terminada y adecuada por los delincuentes para sus fechorías.
Viviendas convertidas en 'casas de seguridad'
Durán, zona industrial con unos 300.000 habitantes, es un "lugar con una larga historia de abandono y sometida a un poder mafioso desde hace muchos años", indica Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en el vecino puerto comercial de Guayaquil.
La ocupación por la fuerza de viviendas permite a las mafias locales un mayor control sobre el territorio, según el experto. Los llamados "vacunadores" llegan a hogares previamente identificados y con potencial para convertirse en "casas de seguridad" del crimen, explica.
También usan las residencias para "mantener personas secuestradas", convertirlas en "bodega de acopio" de drogas y armas o para alquilarlas, explica César Peña, fiscal de la provincia de Guayas.
En Durán, en cuyas periferias aún hay calles de tierra y escasos servicios públicos, los niños son presa fácil de los narcos.
Los obligan a fungir como vigilantes, traficantes o sicarios, lo cual genera un "daño irreparable al tejido social" de la ciudad, precisa el defensor.
"Estos chicos, estas chicas, extorsionan dentro de su comunidad. Extorsionan a quienes los vieron nacer. Eso no ocurría antes".
Billy Navarrete, activista de los derechos humanos
En 2023, Durán fue la segunda ciudad con más homicidios en Ecuador al registrar 450 muertes, detrás de Guayaquil (2.320).
Extorsiones sigue en auge
Peña reconoce que las extorsiones se dispararon en el país a raíz de la pandemia de covid-19, en que aumentó la delincuencia a causa del desempleo. En Guayas, las autoridades reciben unas 4.000 denuncias al mes por ese delito, según el fiscal.
Los delincuentes no solo apuntan a hogares, negocios o comercios. Las "vacunas" han llegado hasta escuelas y activistas de derechos humanos.
"Si el propietario no paga una determinada cuota, lo obligan a salir de ese domicilio, le disparan, matan a algún miembro de su familia o le ponen algún artefacto explosivo para darle temor", señala el fiscal, de 47 años.
El CDH registró tiempo atrás la amenaza a una defensora que colocó cámaras de seguridad en un centro comunitario en Guayaquil. Las agrupaciones la tildaron de "delatora" y la obligaron a irse.
"El desplazamiento interno por motivos de violencia es una realidad actual en Ecuador y particularmente en el litoral", lamenta Navarrete.
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