¿Por qué Tiguerones y Lobos representan un mayor riesgo en una nueva fase de insurgencia criminal en Ecuador?
El uso de explosivos como C-4, el entrenamiento militar o los aprendizajes de insurgencias colombianas ponen el foco en dos grupos que empiezan a sentirse en capacidad de confrontarse con el Estado, de acuerdo al Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Soldados y agentes de la Policía Nacional custodian a detenidos durante una operación conjunta en la que 49 personas secuestradas fueron rescatadas en una mina en el sector Santa Martha de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), el 3 de julio de 2024.
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AFP
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Redacción Primicias
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El entrenamiento militar, el manejo técnico de explosivos como C-4, los aprendizajes de las guerrillas colombianas o de redes internacionales ponen a Los Lobos y a Los Tiguerones como los grupos que representan mayor riesgo en una incipiente nueva fase de insurgencia criminal en Ecuador.
Así lo advierte Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), quien señala los antecedentes de las dos organizaciones y la adaptación de tácticas de insurgencia que los dotan de capacidades para enfrentarse directamente con el Estado.
Se trata de grupos de diferente nivel. Los Lobos son una banda de tercera generación con la presencia territorial más extendida en el país y aliada a redes internacionales. Mientras Tiguerones -pandilla de segunda generación- tienen presencia preponderante en solo dos provincias.
Pero las dos organizaciones ya han ejecutado actos de violencia directa contra miembros de la Fuerza Pública (ataques en Nueva Prosperina o enfrentamientos en el cantón de Ponce Enríquez) o contra instituciones estatales (como los ataques con coches bomba en Quito y Guayaquil en 2022 y 2023).
La insurgencia criminal en América Latina atraviesa cuatro fases según los estudios académicos del fenómeno: de la formación de enclaves locales delictivos, pasando por disputas territoriales entre bandas, a enfrentamientos directos con el Estado, hasta un descontrol total de territorios.
La teoría de una transición a esta tercera fase de levantamiento contra la autoridad se respalda en un análisis del Ejecutivo, que en su más reciente estado de excepción señaló que, si no se actúa con firmeza, las provincias más afectadas por la violencia llegarán a un punto de ingobernabilidad.
Los mensajes tras violentos ataques
La primera semana de octubre, un subteniente del ejército resultó asesinado a disparos cuando vigilaba el poliducto Pascuales-La Troncal, al norte de Guayaquil (y en lo que va del año se registran homicidios de dos militares y de 27 policías, sin contar seis ataques a servidores penitenciarios solo en septiembre).
“Las armas de fuego se usan para enfrentar a organizaciones rivales o fuerzas del Estado, lo cual tiende a alimentar una carrera armamentista”, señala el más reciente decreto presidencial de excepcionalidad en seis provincias y dos cantones.
Y el documento subraya que el hecho de que se ponga a policías, militares y funcionarios como objetivo afecta y limita el accionar institucional.
Mientras, entre el sábado 5 y martes 8 de octubre, dos ataques con explosivos volaron viviendas, dejaron nueve personas fallecidas, sumiendo en el terror a Puerto Bolívar (Machala, el Oro), en medio de ataques de la banda criminal Los Lobos contra Los Choneros.
“El uso técnico de explosivos como C-4 evidencia un entrenamiento militar que va más allá de los métodos usuales del crimen organizado", afirma Rivera.
Según el académico, con la utilización de este tipo de explosivos se envía un mensaje de terror, poder y de capacidad de fuego a la organización criminal rival, pero también a las propias instituciones del Estado y a la ciudadanía.
“En Machala la disputa de Lobos y Choneros no sólo se produce por el control del puerto, sino por toda una zona clave para el lavado de activos, el tráfico de armas y una serie de delitos que van más allá del narcotráfico en la ciudad”, apunta el director de OECO.
Estos métodos no solo generan miedo, sino que buscan erosionar la legitimidad del Estado, un patrón que se asemeja a las insurgencias armadas en Colombia y México.
La minería ilegal y la infiltración en el Estado
Los Lobos, con alrededor de 10.000 miembros, destacan como una de las organizaciones con mayor capacidad para desestabilizar al Estado, de acuerdo al director de OECO.
Su relación con la minería ilegal, un sector que genera altísimos niveles de rentabilidad, no solo le otorga control territorial, sino la capacidad para infiltrar instituciones y de corromper a funcionarios.
De hecho, registran presencia en 16 de las 24 provincias, con control preponderante en toda la Sierra y provincias de la Amazonia como Sucumbíos.
Además, están adoptando una estructura de mando de tipo militar y un mando híbrido organizado, que conjuga cabecillas identificados con un liderazgo menos visible. Otro elemento clave que aumenta el riesgo es la capacidad para tejer alianzas internacionales.
Los Lobos han formado vínculos con el grupo venezolano Tren de Aragua y con grupos armados de Colombia y Perú, lo que les permite extender su presencia a escala regional, con tentáculos que llegan a Perú y Chile. “Están subcontratando a extranjeros que les sirven como ‘soldados’”, dice Rivera.
En el cantón minero de Ponce Enriquez (Azuay), donde se han capturado colombianos y donde las Fuerzas Armadas destruyeron esta semana ocho bocaminas, Los Lobos “toman el territorio a través de polígonos como si se tratara de un teatro de operaciones militares”.
En Ecuador la violencia se concentra más en entornos urbanos, un escenario que emparenta su realidad con México, donde responder a la amenaza del crimen organizado solo con militarización ha resultado insuficiente en los últimos 30 años.
Desde el Observatorio, insisten que “los resultados seguirán siendo marginales” si más allá de los estados de excepción no se decide atacar las raíces de corrupción y de infiltración criminal en instituciones estatales e invertir en el control de delitos como el lavado de activos.
El efecto frontera en las insurgencia criminal
Un artículo académico del propio Renato Rivera y de Jorge Mantilla, titulado Postinsurgencias y subculturas criminales: la influencia del crimen organizado colombiano en el conflicto armado de Ecuador, explora cómo el aprendizaje criminal ha impulsado la evolución de Los Tiguerones.
Este grupo, que nació en la fronteriza Esmeraldas, ha adquirido técnicas y tácticas de insurgencia a través de su relación con el Frente Oliver Sinisterra (FOS) y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), disidencias de las FARC que operan en la frontera sur de Colombia.
Esta relación se acentuó después del secuestro y asesinato de tres periodistas de El Comercio en Ecuador en 2018 por alias 'Guacho', un ecuatoriano que comandó el FOS hasta su asesinato en 2019, recuerda el artículo.
Este "efecto frontera" no solo ha fomentado el intercambio de conocimientos tácticos, sino que también ha permitido a Los Tiguerones consolidarse como un grupo armado con capacidades militares.Y en los grafitis, los cabecillas del grupo son representados como guerrilleros.
El secuestro de la estación de televisión (canal TC Televisión) en enero de 2024 fue una muestra clara de su capacidad para desafiar al Estado y enviar mensajes de terror.
Estas acciones reflejan una estrategia similar a la utilizada por las postinsurgencias en Colombia, donde el terrorismo y el poder simbólico se utilizan para consolidar control y autoridad.
Este aprendizaje de la cultura postinsurgente colombiana también incluye el terreno de la santería, prácticas esotéricas como la brujería y las "cábalas", que Los Tiguerones usan para reforzar el poder simbólico y el control sobre sus miembros y sobre las comunidades en las que se insertan.
En particular, las creencias en rituales como el uso de "cerramientos", usados por Guacho y supuestamente capaces de proteger a las personas de las balas, se usan además para "reforzar el mito de invulnerabilidad" que rodea a algunos de estos cabecillas.
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