Polémica por abstención de Fiscalía en el caso del asesinato de Aidita Ati
La organización CEPAM rechazó la decisión, a pesar de un informe médico inicial que mostraba signos de violencia.
El lunes 29 de julio de 2024, familiares y amigos de Aidita Ati pidieron celeridad y transparencia en las investigaciones.
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Roberto Rueda/ Primicias.
Autor:
Redacción Primicias
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La organización CEPAM Guayaquil rechazó la decisión de la Fiscalía de Ecuador de no acusar a los militares implicados en el femicidio de Aidita Ati, "a pesar de un informe médico inicial que mostraba signos de violencia".
“Esta decisión contribuye a un clima de impunidad que fomenta la violencia contra las mujeres y aleja a las víctimas de un sistema de justicia que no brinda garantías y genera desconfianza”, publicó CEPAM en sus redes sociales la tarde de este 27 de septiembre de 2024.
Aidita Pamela Ati Gavilanes, subteniente del Ejército, fue encontrada sin vida en el interior de su habitación en el Fuerte Militar Napo, la noche del 28 de junio de 2024.
Dos resultados
La autopsia final corroboró que el cuerpo de Ati presentaba varias lesiones, y que esto indica "que fue retenida por varias personas", antes de ser violada.
Además, el informe del perito señala que se observa "un presunto abuso sexual con fisuras" en las partes íntimas de la subteniente.
Por este caso, cuatro militares fueron detenidos y luego puestos en libertad con medidas alternativas.
Sin embargo, uno de los abogados de los militares aseguró que en el informe de exhumación se menciona que la subteniente habría muerto a causa de una intoxicación alcohólica.
Reacción de colectivo
Para el colectivo, ignorar pruebas clave como el informe médico contribuye a perpetuar un clima de impunidad.
“Esta impunidad alimenta la violencia femicida, creando un ciclo en el que las víctimas se sienten desprotegidas y desmotivadas para buscar justicia”.
Caso a la Fiscalía de Orellana
Fiscalía informó a través de su cuenta de X que el caso fue remitido a la Fiscalía de Orellana para que revise el caso y se pronuncie en un plazo de 30 días.
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