"Vinimos buscando un sueño y no tenemos paz": el drama de las familias que abandonan el plan Sueño Guayaquileño
Un nuevo plan de vivienda de interés social se queda sin habitantes por el acecho de Los Tiguerones, en un programa aledaño al lugar de la masacre de Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil.
Militares patrullan calles desiertas del plan habitacional de interés social Sueño Guayaquileño (conocido como Socio Vivienda 4), en el noroeste de Guayaquil, el 7 de marzo de 2025, tras la masacre de Socio Vivienda 2 el día anterior.
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Autor:
Redacción Primicias
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Amelia llegó al plan habitacional Sueño Guayaquileño con la esperanza de tener un hogar propio y una vida mejor. Pero, poco más de un mes después de la inauguración del programa de vivienda de interés social, ese sueño se ha convertido en una pesadilla, dice.
Los Tiguerones, el grupo delictivo que opera en el sector, dividido en dos facciones rivales, han convertido a las viviendas vacías de Sueño Guayaquileño en escondite y base de operaciones, además de aplicar el cobro de extorsiones tipo vacuna, de acuerdo a los hallazgos de la Policía.
“La ilusión de tener una casa digna duró poco, vivimos asustados. Toda la gente se está yendo de aquí, por la delincuencia”, dice la mujer de 34 años, que accede a hablar bajo un nombre protegido. “Los delincuentes se vienen a esconder acá y tenemos miedo de un ataque como el de Socio Vivienda”.
El complejo multifamiliar de 63 bloques de departamentos, 688 soluciones de vivienda, se inauguró el 4 de febrero de 2025. Y se ubica en una zona aledaña a Socio Vivienda 2, noroeste de Guayaquil, el escenario de la peor masacre callejera en la historia del Puerto Principal, donde 22 personas resultaron asesinadas en incursiones a viviendas, el pasado jueves 6 de marzo.
Según la Policía, los contratistas del programa habitacional -conocido también ahora como Socio Vivienda 4- llegaron a pagar hasta USD 50.000 en vacunas extorsivas a Los Tiguerones para concluir el proyecto. El programa se construyó a un costo de USD 13,5 millones.
Carencia de servicios básicos
El testimonio de Amelia refleja el drama de decenas de familias que han optado por abandonar el plan gubernamental: “Estamos preocupados por lo que ha pasado, todos los días están saliendo vecinos, pero yo no tengo a dónde más ir”, lamenta.
Su hogar terminó allanado el viernes el viernes 7 de marzo, cuando la Policía y militares intervinieron decenas de domicilios en busca de criminales. “Yo estaba en el trabajo y una vecina me llamó a avisar, cuando llegué todas mis cosas estaban patas arriba”, contó.
A la inseguridad se suma la falta de servicios básicos. El agua potable llega apenas “10 minutos al día”, lo que obliga a los residentes a almacenar lo poco que pueden en tanques y baldes. “En el tercer piso apenas si llega agua”, explica.
El diseño del conjunto residencial multifamiliar también favorece a los grupos delictivos. La urbanización está rodeada de zonas boscosas, con una quebrada en el oeste que se ha convertido en una ruta de escape para los delincuentes y un escondite para armas.
La Policía halló una maleta con armamento en este sector y un sospechoso logró burlar un operativo del Bloque de Seguridad, que llevó a la captura de cinco presuntos integrantes de Los Tiguerones, quienes se habían tomado casas vacías del plan de vivienda multifamiliar.
Control criminal en las alturas
Durante la intervención del pasado viernes, se incautaron cuatro fusiles, una subametralladora, una escopeta y munición de grueso calibre. Un helicóptero de la Aeropolicial sobrevoló la zona para detectar sospechosos en las terrazas de los edificios.
Las bandas usan las azoteas de los edificios multifamiliares de tres pisos para avistar movimiento policial, tanto al ingreso a la nueva urbanización como a los proyectos aledaños de Socio Vivienda 3 y Socio Vivienda 2, a los que se accede desde la vía Perimetral.
La Policía indaga si los cinco detenidos en Sueño Guayaquileño hacían parte de Los Tiguerones Fénix, acusados de atacar a Los Tiguerones Igualitos en la masacre de Socio Vivienda 2.
El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (Miduvi) se propuso entregar viviendas a 400 familias beneficiarias del programa para inicios de febrero.
El capitán Carlos Gordon, jefe de circuito en el distrito Nueva Prosperina, comentó que se mudaron en realidad unas 100 familias. “Ahora van quedando pocas por temor a las represalias de otras organizaciones delictivas”, señaló el oficial.
La Policía y las Fuerzas Armadas instalaron cinco puntos de control en todo el distrito Nueva Prosperina, del noroeste de la ciudad, a fin de limitar el libre tránsito de miembros de bandas criminales entre sectores y mitigar el riesgo de represalias tras la masacre.
¿Se repiten errores de Socio Vivienda?
Sueño Guayaquileño se adjudicó al finalizar el gobierno de Lenín Moreno, en marzo de 2021, pero ha enfrentado múltiples problemas, retrasos y fallas de planificación.
La obra tenía un plazo de 300 días y se inauguró tres años después de los previsto. El suministro de agua provisional se prevé extender por seis meses, hasta regularizar el servicio, de acuerdo al Miduvi.
El caso de Sueño Guayaquileño recuerda lo ocurrido con el vecino Socio Vivienda 2, un proyecto de interés social inaugurado en 2012 durante el gobierno de Rafael Correa, que se entregó sin servicios básicos, y se convirtió, tras la pandemia de Covid-19, en un enclave estratégico de Los Tiguerones. Socio Vivienda también está rodeado de invasiones y limita al oeste con predios baldíos.
El arquitecto Ricardo Pozo, coordinador del Observatorio Urbano y Territorial, dice que se trata de un problema generalizado de producción de vivienda social en el país, que en vez de mejorar la calidad de vida de las familias de escasos recursos -su objetivo-, las afecta con nuevos problemas.
"No se puede inaugurar un proyecto sin garantizar que tenga todos los servicios básicos. Si no, en lugar de mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables, se las complica aún más", afirmó Pozo.
“Tampoco se hace el seguimiento adecuado de los proyectos, porque no solo se trata de entregar la llave en mano, como creen muchas veces los políticos”.
Ricardo Pozo, coordinador del Observatorio Urbano y Territorial.
El urbanista también cuestionó la ubicación de estos proyectos, usualmente en zonas periféricas y sin una adecuada conexión con el transporte público. Los residentes terminan acumulando gastos significativos en servicios públicos y en transporte, dice. La ausencia de Unidades de Policía Comunitaria en Nueva Prosperina, ante el incremento de la violencia, agrava el panorama, añade.
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