Militares procesados por desaparición de cuatro niños de Guayaquil se exponen a penas de más de 22 años de cárcel

Dennis Ugalde Álvarez, juez de la niñez y la familia de la Unidad Judicial Valdivia en el sur de Guayaquil, dictó prisión preventiva este 31 de diciembre de 2024 para 16 militares en servicio activo, procesados por el delito de desaparición forzada en el caso conocido como Malvinas. 

La decisión se tomó tras la presentación de elementos de convicción por parte de la Fiscalía, que además solicitó medidas de protección para los familiares de las víctimas. La instrucción fiscal se extenderá por 90 días, período en el que se realizarán diligencias clave como la reconstrucción de los hechos.

Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), expresó que el juez acogió la medida cautelar y que los militares serán trasladados a recintos penitenciarios diferenciados, conforme a lo estipulado por la ley. Es decir, deberán ponerse a disposición del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), pues hasta ahora estaban bajo custodia militar.

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Asimismo, se dictaron medidas de protección para los familiares de los menores, incluyendo botones de auxilio, entrevistas psicológicas y otras acciones reparativas contempladas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Los familiares hacen parte del programa de víctimas y testigos desde este lunes 30 de diciembre.

Según la Fiscalía, los militares procesados habrían participado en la detención ilegal de los niños en Guayaquil, quienes fueron posteriormente trasladados a la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal. Esta acción habría derivado en su desaparición, sin que se garantizaran los derechos básicos del debido proceso. Aguirre señaló que la Fiscalía enfatizó que los menores no estaban involucrados en ningún acto delictivo, refutando rumores al respecto.

“Los niños jamás estuvieron inmersos en actividades delincuenciales. Si hubiese sido así –que no lo fue–, debieron ser sometidos a un procedimiento judicial para adolescentes infractores, con la intervención de la DINAPEN y sus representantes legales”, afirmó el abogado del CDH.

La etapa de instrucción fiscal durará 90 días, tiempo durante el cual se realizarán investigaciones y la reconstrucción del lugar de los hechos. Aunque esta última diligencia aún no tiene fecha, el abogado Aguirre subrayó su importancia para esclarecer los detalles de la detención y traslado de los menores.

Adicionalmente, los familiares de las víctimas ya forman parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos. “Esto asegura su integridad y apoyo psicológico mientras avanza el proceso judicial”, detalló Aguirre.

Defensor de militares apelará

Jesús López, abogado defensor de los 16 militares procesados, calificó como irregular la decisión del juez de dictar prisión preventiva contra sus defendidos, señalando que el procedimiento penal fue "atropellado por todos lados". 

Según López, la resolución estuvo "desapegada a derecho" y no se valoraron debidamente los elementos de convicción presentados por la defensa. "Vamos a apelar la resolución del juez", afirmó el abogado

El equipo legal de la defensa de los militares salió resguardo por policías del complejo judicial del sur de Guayaquil, sobre las 15:00, en medio de improperios de jóvenes que lo grababan y le reclamaba por el asesinato de sus primos.

Implicados se exponen a más de 22 años de cárcel 

El delito de desaparición forzada tiene una pena que oscila entre 22 y 26 años de prisión, según el  artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (Coip). La Fiscalía deberá recopilar y presentar suficientes pruebas durante la instrucción fiscal para avanzar hacia un eventual juicio.

La penalista Paulina Araujo mencionó que "el delito debe cambiar", ya que para este proceso se configuran agravantes, una vez que la Fiscalía confirmó que los restos mortales hallados el 24 de diciembre pasado en Taura corresponden a  los de los cuatro niños.

"El delito debe cambiar. Ya no cabe desaparición forzada. Pueden ser dos. La misma desaparición forzada en la figura final (que es con resultado de muerte) o ejecución extrajudicial", explicó Araujo.

De este modo, los militares implicados podrían enfrentar una pena de 34 años de cárcel.

"Fiscalía, como es la titular del ejercicio de la acción penal pública, lo que puede hacer es una investigación por separado. Podría también reformular cargos, pero creería que va a hacer una investigación por separado", dijo Abraham Aguirre, abogado de CDH y de las familias de las víctimas.

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