La mafia albanesa utilizaba la exportaciones bananeras también para lavar el dinero del narco
Las investigaciones en el caso Pampa han revelado movimientos de millones de dólares de Dritan Gjika y sus socios, que usaban la pantalla del negocio bananero para pasar desapercibidos.
La audiencia preparatoria de juicio del caso Pampa continuó este domingo 29 de septiembre de 2024.
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Fiscalía
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La audiencia preparatoria de juicio del caso Pampa, por lavado de activos, se instaló el pasado viernes 27 de septiembre de 2024 y se extenderá a lo largo de esta semana. Durante tres días, la Fiscalía ha presentado los elementos que usará para acusar a 13 personas y ocho empresas.
Las investigaciones de la Fiscalía llevan meses y han logrado determinar indicios de que la mafia albanesa usaba el negocio de exportación de banano no sólo para el narcotráfico, sino también para lavar el dinero que obtenían de esas actividades. Hasta ahora, son más de 500 cuerpos.
La tesis de la Fiscalía es que controlar la fachada de un exitoso negocio bananero permitió al albanés Dritan Gjika y su principal socio, Mario Sánchez Rinaldi, mover millones de dólares sin llamar la atención de las autoridades.
Ese dinero lo usaban también en comprar propiedades y autos de lujo, y llevar una vida acomodada en Ecuador y España.
Específicamente, la Fiscalía logró detectar contratos "mentirosos" con productores de banano que eran inscritos en el Ministerio de Agricultura para dar imagen de legalidad a las operaciones de las empresas.
Pero esos contratos realmente eran dados de baja o "resciliados", por lo que la venta de banano nunca se realizaba.
Los amarres en la exportación de banano
La exportación de banano tiene reglas muy específicas. Ecuador tiene un sistema de cupos de exportación para controlar que la oferta no afecte el precio con el que se vende en el mercado internacional y mantener la competitividad.
Las exportadoras tienen que estar registradas para poder enviar fruta al exterior y tener contratos con productores o asociaciones también registradas ante el Ministerio de Agricultura. Su cupo de exportación depende de estos contratos y de las garantías que presenten.
Cada hacienda bananera tiene un código, que lo otorga el Ministerio al registrar las hectáreas de producción. En el contrato con la exportadora se registran el nivel de productividad y el número de cajas.
En dicho sistema, llamado Unibanano, se han encontrado varias irregularidades que fueron denunciadas en 2022. Ese año, Agricultura denunció que se habían registrado 20.000 hectáreas ficticias.
La investigación de la Fiscalía en el caso Pampa encontró irregularidades justamente con estos cupos. En el expediente constan decenas de contratos entre Sentilver, la empresa de Mario Sánchez Rinaldi, y varios productores de banano.
Estos contratos, narró la fiscal del caso durante la audiencia, eran registrados en el Ministerio de Agricultura, pero luego eran dados de baja o "resciliados" ante distintas notarías.
Dicha resciliación no era registrada en el Ministerio, lo que quiere decir que Sentilver probablemente tenía mayor cupo de exportación.
Los proveedores de Sentilver
La investigación de la Fiscalía reveló que Sentilver era una empresa de exportación de banano, pero que no producía. Es decir que esta compañía compraba la fruta de distintos proveedores y, de acuerdo a eso, obtenía su cupo de exportación.
Uno de los proveedores de banano era Agricomtrade, la empresa de Dritan Gjika. La revisión de la información aduanera que contiene el expediente revela que en muchas ocasiones, era Agricomtrade la que consolidaba (agrupaba la carga) los contenedores de Sentilver.
Pero hay más proveedores de Sentilver, que han prendido las alertas de las autoridades porque en sus cargamentos se ha encontrado droga. Según un reporte de la Unidad de Información de Puertos Aeropuertos, citado durante la audiencia, hubo decomisos de droga en estos cargamentos:
- Un decomiso en un contenedor de Damascoswett (también de Sánchez Rinaldi), en enero de 2022, de 43,69 kg de cocaína en el puerto de Contecon, con destino a Rusia.
- Tres decomisos de la empresa Frutadeli, en 2018, 2020 y 2021, con más de 1.000 kg de cocaína hallados en contenedores con destino a Nueva Zelanda, Turquía y Libia.
- Un decomiso a la empresa Green Life Fruits, en 2022, con 72 kg de cocanía con destino a Rotterdam, Países Bajos.
- Dos decomisos a la firma Tropicalrepublic, en 2022, con más de 1.500 kg de cocaína, también con destino a Rotterdam.
Según las investigaciones, para estos envíos usaban la modalidad de "estructura", en la que se esconde la droga en las paredes o piso del contenedor, o la de "gancho ciego", en las que se ubica la droga en maletas o bultos, lista para que sea retirada apenas el contenedor sea abierto en el puerto de destino.
A esto se le suman más de una decena de cargamentos contaminados con droga, pertenecientes Sentilver, que fueron detectados en Europa, sobre todo en el puerto de Antwerp (Bélgica).
Los movimientos del dinero
Los chats de la aplicación Sky ECC que constan en el expediente, como parte de la asistencia penal internacional enviada por España, muestran la coordinación de gran parte de las actividades de lavado entre Dritan Gjika y Mario Sánchez Rinaldi.
Según reveló la Fiscalía al leer estos chats, que datan desde 2020, los dos hombres realizaban un rastreo de sus pagos a través de los números de serie de los billetes que manejaban. Además, hacían pagos con relojes de alta gama.
Para lavar el dinero en efectivo en Ecuador, la Fiscalía logró rastrear al menos cuatro vehículos de alta gama que fueron pagados por Gjika al contado, sea por depósitos en efectivo o transferencias.
Entre ellos está un BMW X6, un Porsche Cayenne -que además tenía un sistema de blindaje nivel 5 (su adaptación costó USD 30.000)- y un Chevrolet Corvette. Todos los vehículos fueron adquiridos de contado.
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