La organización HRW denuncia nuevamente supuestos abusos de militares contra detenidos en Ecuador

Los diferentes estados de excepción contra el crimen organizado decretados en Ecuador, y que contempla el despliegue de militares en calles y cárceles, produjeron "serias violaciones de los derechos humanos" por parte de las fuerzas de seguridad, según el informe anual de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Este estudio concluyó que las medidas del Gobierno ecuatoriano para aplacar la ola de violencia criminal, entre ellas la declaración de un "conflicto armado interno" en el país, se realizaron "sin aportar información suficiente que justifique la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales", como argumentó el Tribunal Constitucional de Ecuador.

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La presidenta de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, explicó a EFE que "los informes de la propia Fiscalía hablan de más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, por lo menos ocho casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales".

El documento apunta que "los militares mantienen incomunicados a muchos detenidos durante largos periodos, obstruyendo el acceso a abogados y atención médica" además de "palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios".

Estos casos levantaron la preocupación de jueces y organizaciones en defensa de derechos humanos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que expresó su inquietud por "las condiciones inhumanas de los reclusos, incluida la escasez de comida".

En febrero, según reseña HRW, un magistrado dictaminó que los militares ponían en riesgo a los detenidos y que las autoridades penitenciarias incumplieron sus obligaciones, por lo que ordenó atención médica y una investigación sobre tortura.

Transparencia democrática

La organización también alerta de la fragilidad del sistema judicial y del número de denuncias de corrupción que soporta, así como de su escasa capacidad y seguridad para combatir la impunidad y el crimen organizado.

"Jueces y fiscales corren peligro y carecen de protección adecuada. Al menos 15 han sido asesinados desde 2022", recordó HRW, entre los que se encuentra el fiscal César Suárez, quien indagaba sobre el asalto de una banda criminal al canal TC Televisión durante una emisión en directo.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU y grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el proceso de selección de jueces, incluido el de la Corte Nacional, al considerar que carecían de transparencia y de participación ciudadana, lo que planteaba dudas sobre su imparcialidad.