Guías penitenciarios exigen más garantías para desempeñar sus funciones en las cárceles de Ecuador

Tras la muerte de una guía penitenciario por la explosión de un coche bomba en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, funcionarios y guardias de cárceles del país reclamaron al Gobierno que atiendan sus demandas de mayor seguridad y equipamiento.

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En una rueda de prensa, los representantes de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios de Ecuador exigieron más garantías para desempeñar sus funciones en las prisiones, que fueron militarizadas por el presidente, Daniel Noboa, para evitar que las bandas criminales siguieran controlando los recintos carcelarios, como parte de la "guerra" que el mandatario le declaró al crimen organizado.

En representación de la Asociación comparecieron el abogado Diego Pozo y los agentes penitenciarios Rebeca García y Juan del Hierro.

Pozo demandó que "los servidores penitenciarios sean escuchados" porque "ellos viven día a día dentro de las cárceles" y "tienen mucho que aportar e informar al poder ejecutivo en el planteamiento de seguridad".

Para una mejor y mayor protección, García pidió al Estado un aumento de la plantilla porque, según dijo, "la capacidad de personal es muy poca" y explicó que "no es lo mismo un servidor militar que entra (a la cárcel) con un arma o con un fusil, que un servidor penitenciario que entra con su uniforme".

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"(Antes) teníamos el respeto de los señores privados de libertad (presos), mucho respeto, pero a partir de 2021 hubo muchos diferentes motivos por los que se fue perdiendo el respeto de los privados de libertad y fuimos perdiendo (el control de) los centros de privación de libertad", añadió la agente penitenciaria.

Entre 2021 y 2024, más de 500 presos han sido asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres por disputas entre bandas criminales rivales, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que afecta a Ecuador a nivel nacional, al punto que en 2023 se situó a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Reclamaciones al estado

Para tratar de remediar esta problemática, los funcionarios reclamaron "la obligación" de dotar de equipamiento al cuerpo de guardias carcelarios, una aportación que no se lleva a cabo desde 2021-2022, según apuntó García.

"Muchas de las veces se han tenido que equipar por sus propios medios, con su propio dinero y comprar su equipamiento, como son los chalecos o los uniformes", aseguró la guardia.

Por su parte, Del Hierro reclamó el "mismo trato en derechos que la Policía Nacional de Ecuador y que el Ejército", para que "un servidor penitenciario pueda jubilarse a los 20 o 25 años de servicio" y no a los 65 años de edad, como se da actualmente.

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Este última solicitud está incluida en el proyecto de ley que la Asociación presentó a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional para reformar la actual legislación, una norma que califican "de suma importancia" para su desarrollo profesional.

Del Hierro aseveró que el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria es el que más bajas sufre por encima de cualquier institución del Estado.

Coche bomba cerca de la Penitenciaría

En la madrugada del pasado jueves, un guardia carcelario falleció y otros tres resultaron heridos producto de la explosión de varios vehículos en las inmediaciones de la Penitenciaría del Litoral, la más grande, poblada y peligrosa del país, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. La Fiscalía investiga el caso como un atentado terrorista.

García también criticó que, aunque entre 2024 y lo que va de 2025 un total de 17 funcionarios de prisión fallecieron en "diferentes circunstancias", todavía no se ha detenido a nadie como responsable de estas muertes por lo que señaló que esos crímenes "se han quedado en impunidad".

Aunque a esta rueda de prensa estaba previsto que compareciera el presidente de la Asociación, William Alarcón, el también funcionario penitenciario finalmente no acudió por "motivos laborales".

Según informó el abogado de los penitenciarios, Alarcón asistió a una reunión con el subdirector y "posiblemente con el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI)" para abordar los asuntos expuestos hoy ante los medios.