El juez que favoreció a la familia de 'Fito' y les devolvió sus bienes está a un paso de quedar libre de culpa

Esta historia comenzó el 7 de julio de 2020. Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', cabecilla de Los Choneros, estaba preso. Pero, en las calles, sus familiares mantenían funcionado al 100% su estructura criminal y su operación de lavado de activos.

La Fiscalía puso su mirada en esa operación. Ángel García, fiscal de Lavado de Activos, solicitó a la Unidad Judicial de Manta fecha y hora para formular cargos contra cuatro personas. Se trataba de Inda Peñarrieta, Ronald Macías, Ramón Macías y Jorge Peñarrieta, esposa, hermano, primo y cuñado de 'Fito', respectivamente.

El caso recayó en el despacho del juez Juan Eduardo Zapata Espinosa. La Fiscalía procesó a los cuatro por un concurso real de infracciones de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos. 

Zapata, además, dictó prisión preventiva en contra de Ronald Macías y Jorge Peñarrieta. Para Inda Peñarrieta giró orden de captura y quedó en calidad de prófuga. Mientras que para Ramón Macías dispuso presentaciones periódicas ante la justicia.

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El magistrado también dispuso la incautación de varios bienes. Entre estos resaltaban las empresas Queen Water y Jomavi; así como una finca de ocho hectáreas en Manabí y  ocho predios en distintos cantones de Guayas y Manabí. También 14 vehículos de distintos tipos.

Beneficios para los Macías Peñarrieta

En septiembre de 2020, el juez Juan Eduardo Zapata dejó el cargo momentáneamente por una licencia médica. Su lugar lo asumió Pedro López, a quien le correspondió sustanciar una apelación a las órdenes de prisión en contra de Ronald Macías e Inda y Jorge Peñarrieta.

Los tres fueron representados por el abogado Harrison Salcedo, quien era también abogado de Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', en esa época jefe de Los Choneros. En abril de 2021 el defensor fue asesinado en Quito y en 2024 se conoció que ese crimen lo ordenó Leandro 'El Patrón' Norero, otro narcotraficante y financista de bandas que rivalizan con Los Choneros.

El juez López acogió los pedidos de Salcedo y levantó las órdenes de prisión preventiva y ordenó la inmediata liberación de los familiares de 'Fito'.

En septiembre de 2020, Juan Eduardo Zapata se reintegró y conoció un nuevo pedido del fiscal Ángel García. El agente pidió la vinculación a la causa de Julio Peñarrieta, otro cuñado de 'Fito', y de las empresas Queen Water y Jomavi, vinculadas a la familia del narcotraficante.

La vinculación se concretó el 6 de octubre de 2020 y Zapata ordenó la presentaciones periódicas para Julio Peñarrieta y la incautación de los bienes de las empresas. 

El 5 de noviembre de 2020, el fiscal García cerró la investigación y el 14 de diciembre de ese año, Zapata convocó a la audiencia preparatoria de juicio. Ese día, el Ministerio Público acusó a todos los procesados y solicitó al juez que los llamara a juicio.

En las cuentas de Inda Peñarrieta, en ocho bancos y una cooperativa, entraron depósitos por USD 2,1 millones, entre 2013 y 2019. Ella también es accionista y gerente de las empresas Queen Water y Jomavi.

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Pero, pese a estas y otras pruebas, el juez Zapata acogió los argumentos de la defensa y dictó un sobreseimiento a favor de los cinco familiares de 'Fito' y sus dos empresas. También ordenó que les devuelvan sus bienes. La Fiscalía apeló esa decisión de inmediato.

La apelación, el juicio y la destitución

El 12 de febrero de 2021, un Tribunal de la Corte Provincial de Manabí —conformado por los jueces José Ayora, Franklin Roldán y Gina Mora— corrigió el fallo de primera instancia y llamó a juicio a la esposa, hermano, primo, dos cuñados y las empresas de alias 'Fito', quien para esa época ya era el líder de Los Choneros tras el asesinato de 'Rasquiña'.

12 días después de ese fallo, Diana Salazar, fiscal General del Estado, denunció ante el Consejo de la Judicatura al juez Juan Zapata. Y, finalmente, el 22 de febrero de 2021, el organismo lo destituyó por haber actuado con manifiesta negligencia. 

Tras la apelación ante la Corte de Manabí, el caso de la familia de Fito pasó a la etapa de juicio. Recayó en un Tribunal de Garantías Penales de Manta, que lo integraron los jueces Mary Quintero, Lorena Romero y José Alarcón. El juzgamiento se convocó primero para el 4  y, tras un diferimiento, para el 21 de mayo de 2021.

Mientras el caso avanzaba, Zapata no aceptó su destitución. Presentó una acción de protección ante la Unidad Judicial de Rumiñahui, en Pichincha. El 13 de julio de 2021, el juez Gandhy Cervantes aceptó el recurso, lo restituyó en su cargo y ordenó a la Judicatura no iniciar nuevos sumarios disciplinarios.

El juicio de la familia de 'Fito' se dio entre mayo y julio de 2021. El Tribunal de Quintero, Romero y Alarcón emitió su sentencia el 3 de septiembre de 2021. Los magistrados ratificaron la inocencia de todos los familiares y las empresas del cabecilla de Los Choneros. 

El caso del lavado de activos de 'Fito' terminó con esta decisión. Pero, la Judicatura apeló la reincorporación del juez Zapata. Un Tribunal de la Corte de Pichincha —conformado por los jueces Wilson Lema, Patlova Guerra y Patricio Vaca— ratificó, en junio de 2023, su destitución.

El caso por prevaricato

Pasaron seis meses y, al parecer, también el proceso contra el juez Zapata había terminado con su destitución. Sin embargo, en enero de 2024, la Fiscalía pidió a la Corte de Manabí día y hora para procesarlo por prevaricato. 

La audiencia de formulación de cargos sucedió, luego de varias dilaciones, el 2 de julio de 2024. Miguel Flores, entonces fiscal de Pichincha, asumió la parte acusadora. La jueza Roxana Bravo, presidenta de la Corte de Manabí, ordenó el arresto domiciliario de Zapata. Además, la Judicatura presentó una acusación particular.

A finales de septiembre de 2024, la investigación de este caso por prevaricato se cerró. Pero, en el intermedio, hubo un cambio en la Fiscalía. La causa pasó al despacho del agente John Romo, quien es el nuevo fiscal de Pichincha.

La audiencia preparatoria de juicio se convocó para el 17 de octubre de 2024, pero se difirió cuatro veces y, finalmente, fue citada para el 6 de enero de 2025, a las 09:30. 

Pero cuando faltaban 10 días para la diligencia, el 27 de diciembre de 2024, el fiscal John Romo presentó un escrito absteniéndose de acusar al exjuez Juan Eduardo Zapata. El funcionario explicó que "no existen méritos para proseguir con el presente proceso penal".

Por esta razón, el 6 de enero de 2025, el juez Magno Intriago —quien está como presidente encargado de la Corte de Manabí— otorgó un plazo de tres días para que las otras partes procesales —Zapata y la Judicatura— se pronuncien sobre el dictamen abstentivo de Romo.

PRIMICIAS conoció que la Judicatura, como acusadora particular, presentará un pedido para que el caso sea elevado a consulta a Wilson Toainga, fiscal General del Estado subrogante. Diana Salazar está en su período de maternidad.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando la Fiscalía emite un dictamen abstentivo, la acusación particular puede solicitar que esa decisión sea sometida a consulta al superior, en este caso el Fiscal General del Estado.

Si el Fiscal General revoca la abstención, tendrá que designar a otro agente fiscal para que sustente la acusación en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que deberá ser convocada nuevamente para otra fecha. Pero, si se ratifica la abstención, el Juez deberá emitir el auto de sobreseimiento a favor de Zapata, en un máximo de tres días, lo que lo dejaría libre de toda culpa.

Este escenario se presenta cuando se cumple un año de que alias 'Fito' se fugó de la Cárcel Regional del Guayas y se mantiene prófugo de la justicia. Así como desde que su esposa, Inda Peñarrieta fue deportada de Argentina, donde intentó establecerse junto a su familia tras la fuga del cabecilla.