Falta de regulación facilita el uso de motocicletas eléctricas en delitos en Guayaquil
La Policía ha identificado casos de uso de pequeñas motos eléctricas en extorsiones e incluso en casos de sicariatos en Guayaquil. Se busca normar el uso de motonetas con el Municipio y la ATM.
Cinco motos eléctricas presuntamente usadas en extorsiones y en asesinatos se les incautaron a tres miembros de Los Tiguerones, en el Suburbio de Guayaquil, el 21 de septiembre de 2024.
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Policía Nacional
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El ataque se registró a las 23:00 en un parque de las calles 30 y Maracaibo, en el Suburbio de Guayaquil. Y la víctima charlaba con amigos, tras un partido de fútbol, cuando se acercaron dos sujetos en una pequeña motocicleta eléctrica y le dispararon a quemarropa.
El uso de una moto eléctrica sin placas, en apariencia inofensiva por su bajo cilindraje, se registró durante el crimen de William Parreño Rivas, de 40 años, asesinado la noche del 20 de septiembre de 2024 en el suroeste de la ciudad.
En el seguimiento de la ruta de escape de los asesinos, a través de cámaras de seguridad, la Policía Nacional descubrió que una célula de la banda criminal de Los Tiguerones usaba cinco motos eléctricas y dos a combustión para cometer sus delitos en el sector.
El seguimiento del asesinato condujo al allanamiento de viviendas y a la captura de tres presuntos delincuentes -de entre 20 y 22 años- en posesión de drogas para la venta al menudeo, con dos granadas de uso militar y con panfletos firmados por Tigres y Tiguerones.
El coronel Pablo Aníbal Ramos, comandante subrogante de la Zona 8, informó que los detenidos usaban los vehículos eléctricos para repartir amenazas extorsivas y vinculó el asesinato que condujo a las capturas, con las propias dinámicas de extorsión en la zona.
Este 'modus operandi' ha encendido las alarmas. Y es que el caso revela cómo las motos eléctricas, que carecen de placas de identificación y de documentos de matriculación vehicular, que se adquieren sin ningún tipo de regulación y a bajo costo, pueden convertirse en herramientas del crimen organizado.
Vehículos fuera de control
Se trata de vehículos que generan una sensación de impunidad en las vías, pues los conductores de estas mini motos se suben a las veredas, irrespetan los semáforos o incluso suelen circulan en contravía y sin el casco reglamentario, obligatorio para el resto de motociclistas.
El mayor Rubén Acuña, jefe de operaciones del Distrito 9 de Octubre de la Policía, en el centro de la ciudad -donde más circulan motonetas y 'scooters'- aseguró que en los operativos de control a estos vehículos se les solicita a los conductores una carta oficial de venta y se revisan antecedentes penales.
Y es que además, los propietarios de motos eléctricas están facultados a transitar por la ciudad sin licencia de conducir y sin documentos habilitantes (matrícula vehicular), lo que, según el oficial, dificulta el control. El problema de fondo es la falta de regulación, dijo.
“Hemos mantenido reuniones con el Municipio y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para establecer una normativa que regule estos vehículos. En muchos casos tienen las mismas características de una moto convencional, solo que son eléctricas”. dijo Acuña.
PRIMICIAS consultó con la ATM sobre las medidas que se están tomando para regular las motocicletas eléctricas y mejorar el control sobre estos vehículos en la ciudad, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.
Motonetas en un “limbo” legal
De hecho, las motocicletas eléctricas, que se adquieren en el mercado desde USD 400, pueden circular a entre 35 y 80 kilómetros por hora (cuando el límite de velocidad en zonas urbanas es de 50 Km/h).
Ecuador está importando más de 70.000 de estos vehículos al año, según datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), lo que dimensiona el problema.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) explicó en septiembre de 2023 que un vacío legal está permitiendo la circulación de estas motonetas sin regulación y llamó a los municipios a emitir resoluciones para regular la matriculación y la expedición de placas distintivas.
El problema radica en que miles de estos vehículos han ingresado al país como “juguetes”, un modelo de importación que impide emitir un certificado de homologación a la Agencia.
Pero la ANT arguye que si son juguetes solo deberían circular en parques y no en las calles de las principales ciudades del país.
La ausencia de una normativa clara ha permitido que estos vehículos se adquieran fácilmente sin ningún control. Y esta laguna legal ahora también la aprovechan delincuentes como una forma de escapar del control de las autoridades.
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