"El Estado no tiene por qué vulnerar el derecho a la libertad y la vida"; delito de desaparición forzada suma casos en Ecuador

De lejos, pero no tanto, Dennis Álava Murillo, de 38 años, miraba con tristeza el dolor de los familiares de los cuatro menores de las Malvinas que el 23 de diciembre reclamaron en las calles su desaparición en manos de agentes militares que se los llevaron el domingo 8 de diciembre de 2024.

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Desde ese día se desconoce su paradero. En operativos y allanamientos policiales en Taura, Naranjal, -donde los adolescentes, de entre 11 y 15 años, fueron castigados, desnudados y luego abandonados-, se han encontrado restos calcinados que aún no han sido identificados.

Sus familiares ruegan porque Josué, Ismael, Steven y Saúl aparezcan vivos, mientras suman ya 21 días de zozobra. De noches sin dormir, de llanto, de taquicardias, de ansiedad, de encomendarlos a Dios.

Dennis Álava conoce bien estos sentimientos, el dolor, el miedo porque pasan los días y su hijo Justin Valverde tampoco aparece desde que fue retenido por militares el 25 de noviembre. Y con él también su amigo Michael Castañeda, en el recinto Mata de Cacao, en la parroquia Febres Cordero de Babahoyo, Los Ríos.

“Ya tiene más de un mes y no sé nada de mi hijo. Yo ya puse la denuncia en la Fiscalía de Babahoyo, pero no me han dado ninguna pista, ellos dicen que están investigando, que tengo que esperar”, cuenta la madre mostrando a los transeúntes un cartel que reseña “Ayúdame a encontrar a mi hijo”.

Y en él, a manera de collage, Dennis ha recopilado fotos de su hijo en reuniones familiares, vestido de terno y corbata o junto a ella en medio del dibujo de un corazón.

Justin Valverde, de 20 años, ponía gasolina a su moto en una vivienda en Mata de Cacao cuando los uniformados los detuvieron. Se alistaba para ir a su trabajo en una bananera.

No había luz. Ninguna cámara captó el hecho. La moto quedó abandonada mientras testigos le contaron a Dennis que los hombres vestidos con prendas militares se llevaron a su hijo y al amigo en una camioneta blanca doble cabina.

Delito no prescribe

La desaparición de Justin -así como la de los cuatro menores de Guayaquil- se considera como “desaparición forzada”, un delito que el experto constitucionalista Abraham Cheing recuerda que es “imprescriptible”, es decir que no caduca con el paso de los años.

“En la desaparición forzada, el sujeto activo es un agente del Estado”, explica Cheing y recalca que la pena máxima en este caso puede alcanzar los 26 años, según el Código Orgánico Integral Penal, COIP, vigente desde 2014.

“Si estos niños no aparecen, el Gobierno deberá indemnizar a los familiares para evitar un juicio ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Si se verifica que ellos fueron torturados y asesinados se suma un delito más (asesinato) y las penas acumuladas alcanzarían hasta 40 años".

Abraham Cheing, abogado penalista y exjuez

La actual jueza constitucional Tanya Loor declaró el 24 de diciembre que el caso de los niños de Las Malvinas se configura como desaparición forzada. En videos que circularon en redes sociales se observa que hombres con prendas militares suben a los menores a una camioneta, los golpean y obligan a tenderse en el piso.

La resolución judicial se dio pese al rechazo de los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, que señalaron que la desaparición de los menores “no se dio en un contexto de custodia estatal ni de las Fuerzas Armadas”.

“Los niños fueron liberados por parte del personal militar. Ellos fueron trasladados hasta las inmediaciones de la base de Taura, no existen indicios con los que se pueda determinar que los niños fueron ingresados a una unidad militar”, señaló Leonardo Alvear, abogado del ministerio de Defensa.

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En la víspera de la audiencia, el presidente Daniel Noboa había dicho que aún no era el momento de manejar el caso como desaparición forzada, sin tener antes “un análisis técnico, una determinación por parte de la Fiscalía”.

No cabía ese pronunciamiento del primer mandatario, cuestiona Billy Navarrete, coordinador del Comité de la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil. “Ellos son la entidad señalada como responsable y no cabe que haya una injerencia ante la acción fiscal. Ese pronunciamiento está fuera de lugar”, criticó Navarrete.

Denuncias este año

La desaparición forzada es un delito que muchas veces se oculta entre las denuncias de “desaparición involuntaria” por lo que las cifras que registra la Fiscalía no reflejan la estadística real. PRIMICIAS solicitó el martes el número de casos de desaparición forzada, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

No obstante, las cifras que posee la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC) dan cuenta de un aumento de denuncias por desapariciones en relación a 2023.

Durante todo 2023 se presentaron unas 7.000 denuncias por desaparición involuntaria, 730 se investigaron, afirma Lidia Rueda, dirigente de esta organización que defiende los Derechos Humanos. Guayas lidera los casos, advierte la activista social.

Este año -hasta octubre- las denuncias se ubicaron en 5.700 y de ellas 784 se encuentran bajo investigación, menciona Asfadec. “Esto quiere decir que hay más desaparecidos que no volvieron, y más los del año anterior. Hay miles de casos de desaparición que año tras año se denuncian, muchos de estos desaparecidos están muertos”, reclama Rueda.

En un informe de Asfadec constan otros casos de desapariciones forzadas, entre ellos los de Dave Robin Loor Roca, de 20 años, y Juan Daniel Santillán Suárez. Ambos salieron a comprar en una tienda cercana a su casa, en el cantón Ventanas (Los Ríos), el 26 de agosto de 2024.

“Fueron interceptados por dos camionetas militares, fueron requisados y obligados a irse en el balde de una de las camionetas, esto a plena luz del día”, contó Lorena Jacqueline Roca, quien agregó que vecinos le informaron que a su hijo lo llevaron a una zona agreste conocida como Carlos Carrillo.

Ahí solo encontró a un joven desnudo que corría diciendo que los militares los estaban torturando y que le confirmó que entre los detenidos estaba su hijo y el amigo.

En los registros de la Fiscalía consta la denuncia que ella presentó y de la que se aferra con la esperanza de que su hijo aparezca.

El 16 de septiembre de 2024, la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Ventanas aceptó un hábeas corpus a favor de Dave para que sea buscado en todo el país. Más de cien días después, aún no se conoce su paradero.

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Tampoco se conoce la ubicación de tres jóvenes que desaparecieron el 6 de diciembre: los hermanos Kleiner (15) y Carlos Pisco (17) y Miguel Morán (21). Sus familiares le informaron a Asfadec que los jóvenes estaban en la hacienda bananera La Fortaleza, en la parroquia Coronel Lorenzo de Garaycoa, en el cantón Simón Bolívar (Guayas).

“Ese día, a las 06:00, ingresaron presuntamente militares a la finca para realizar un allanamiento, requisaron a todo el personal que se encontraba trabajando y se llevaron a aparentemente seis personas, entre ese grupo se encuentran los tres jóvenes mencionados”.

Familiares de Kleiner y Carlos Pisco

El Ministerio de Defensa, entidad a la que PRIMICIAS solicitó una entrevista e información sobre nuevos casos de desaparición forzada que vinculan a militares, no respondió hasta el cierre de este reportaje. 

Mientras, exgenerales como Luis Altamirano se han pronunciado en redes sociales sobre el caso de los cuatro de Guayaquil. "En este momento tenemos más de 70 casos procesados de militares por ejecuciones extrajudiciales que se manejan en el Comando Conjunto (de las FF.AA.)", dijo en una entrevista en Radio Sucesos el excomandante del Ejército.

"Esta gravedad tiene que merecer el asesoramiento a nivel político", recomendó Altamirano al analizar el manejo dado por el ministerio de Defensa al caso de los cuatro de Guayaquil. 

En los pronunciamientos de esa entidad, afirma el exgeneral, "se desplaza la responsabilidad a la familia, se establece que los informes de la patrulla son la verdad jurídica", lo cual configura la desaparición forzada por la ausencia y contradicción de información. "Una persona con experiencia sabe que el respaldo de la institución debe ser dado con transparencia", agregó el excomandante.

Desaparecidos en entes públicos

Este año, Portoviejo se conmocionó por el caso de Ariana Valentina, una joven de 22 años que desapareció en junio de este año. Sus restos se hallaron en octubre. Ariana había salido a la universidad. Estaba embarazada de dos meses y se había citado con su pareja en el parque Los Jazmines de esa localidad. 

Su caso no se encuadra en una desaparición forzada,  pero Lidia Rueda lo usa de ejemplo para aclarar que estos delitos no siempre ocurren cuando la víctima ha sido detenida por agentes policiales o militares. “Las desapariciones involuntarias también pueden esconder una desaparición forzada”, considera.

Además, agrega la activista, una desaparición forzada ocurre también cuando un ciudadano acude a una entidad pública y se pierde su rastro. “Las desapariciones de hospitales son forzadas. El rato en que una madre dice yo lo dejé en el hospital y no aparece. Ahí está interviniendo la mano estatal, dentro de un ente estatal, un hospital es un ente público”.

Esto le sucedió al hijo de Maribel Angulo Olivero en un hospital público de la capital, donde el joven había acudido por atención médica en marzo de 2011.

“No se la ha dado el alta, tampoco hay constancia de que haya fallecido o sido abandonado. El hospital E. E. es una institución pública a la que se le confió la custodia de mi hijo, al momento de su ingreso se encontraba gravemente enfermo, por tanto, era el hospital era el responsable de su custodia”, señaló Maribel en la audiencia de hábeas corpus en 2018, en la que el juez admitió el delito como presunta desaparición forzada.

Caso emblemático

Un caso emblemático de desaparición forzada recibió hace poco una sentencia de 26 años de prisión. El pasado 5 de agosto, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia dictó esta pena contra cuatro expolicías que actuaron durante un operativo en la farmacia Fybeca, en el norte de Guayaquil.

Eric Salinas, Mario Cevallos, Aurelio Chila y Marco Villacrés fueron sentenciados por la desaparición forzada de tres personas durante esa intervención policial. Los jueces ordenaron que en la farmacia Fybeca de la ciudadel La Alborada se coloque una placa conmemorativa el evento suscitado el 19 de noviembre de 2003.

“En esta placa deberá consignarse el siguiente texto: “En memoria de Johnny Gómez Balda, César Mata Valenzuela y Erwin Vivar Palma, quienes, el 19 de noviembre de 2003 fueron víctimas del Estado, en manos de la Policía Nacional, que, mediante un operativo al margen de la ley, violó gravemente sus derechos humanos, al desaparecerlos forzadamente”, señala la sentencia.

Lastimosamente, opina la dirigente de Asfadec, estos hechos se presentan de parte de agentes de seguridad a quienes el Estado les encarga la misión de proteger la vida de los ciudadanos. 

“En lugar de decir que los desaparecidos andaban en malos pasos, lo que hay que preguntar es en qué andan ellos, los agentes. Qué hay detrás de cada desaparición”.

Lidia Rueda, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC)

Esa pregunta late en la mente de los familiares de los cuatro niños de Guayaquil. También en la cabeza de Dennis Álava Murillo. Tres veces por semana, ella acude a la Fiscalía de Babahoyo para preguntar cómo avanza la investigación por la desaparición de Justin Valverde.

“Como mamá, estoy desesperada. No sé nada de mi hijo. Ya tiene un mes y no me dan razón. Me dicen que espere, que hay muchos casos similares al de mi hijo, de militares que se llevan a los chicos. Yo quiero saber, no puedo dejar ahí hasta que a ellos les dé la gana de buscar a mi hijo”, cuestiona.