"El crimen organizado ha llegado a tener bastante poder y llega a funcionarios por coacción o intimidación"

El cantón Durán es el epicentro del más reciente ejemplo de la vinculación entre el Estado y el crimen organizado. Un megaoperativo, como parte de una investigación de delincuencia organizada, terminó con la detención de 10 funcionarios públicos, sospechosos de colaborar con bandas delincuenciales.

Esto ya no resulta una novedad en Ecuador, se trata más bien de la confirmación pública de los 'secretos a voces' conocidos o sospechados por la ciudadanía en ciertas ciudades e instituciones públicas.

Y, desde que la Fiscalía sacudió al país con la revelación de casos como Encuentro, Metástasis y Purga, ya no es posible esconder la presencia y poder del crimen organizado dentro del Estado, incluidas sus instituciones de justicia y seguridad.

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PRIMICIAS consultó al académico y especialista en seguridad y desarrollo, José Luis Castillo, quien también es general en servicio pasivo del Ejército, sobre lo que implica esto para el país y la ciudadanía y qué medidas podrían tomarse para ponerle un freno a la delincuencia organizada:

Lo que pasa en Durán ahora ¿es un reflejo de lo que pasa en muchos otros lugares del país?

El crimen organizado, de acuerdo a los estudios que se han realizado, necesita de tres pilares fundamentales para ejercer su actividad delictiva: funcionarios públicos, funcionarios de la seguridad (Policía y Fuerzas Armadas) y apoyo político.

En Ecuador, hemos visto ya varios casos que demuestran que el crimen organizado sí está operando de esa manera en general en el Ecuador. Y el caso de Durán es más evidente porque es un área geoestratégica, de vital importancia para el crimen organizado.

¿Por qué es estratégico?

Porque su posición geográfica facilita desarrollar las estrategias criminales, para aprovechar esa ubicación. Durán está frente a los puertos de Guayaquil y también está cerca del área de cuarentena de los buques que están esperando su salida.

Se ha transformado en el lugar desde el cual los grupos delincuenciales hacen el acopio de las drogas y salen a contaminar los buques. Además, han florecido otros delitos porque la ciudad, prácticamente, nace en un ambiente de ilegalidad.

¿Cómo?

Esto viene desde hace muchos años, ya que Durán es producto de invasiones y pasó a ser uno de los grandes satélites de Guayaquil. Ya entonces empezaron a nacer las bandas criminales dedicadas al tráfico de tierras, que hasta ahora sucede. El 50% de los asentamientos son ilegales.

Eso derivó en que el Municipio de Durán no pued atender con servicios básicos y, para acceder a ellos, la ciudadanía tiene que pagar a las bandas. Así estas cobran extorsiones a quienes proveen esos y otros servicios en esos barrios.

Las ollas de grillos que se destapan ahora confirman que hay dos bandas del crimen organizado dominando la ciudad desde hace algún tiempo y han coptado a funcionarios públicos, del Municipio, de Tránsito y de los Bomberos.

El crimen organizado diversifica sus actividades criminales, que también le sirven para su propósito final: el narcotráfico.

Durán es solo uno de los 221 municipios...

Hay provincias en las que el crimen organizado tiene mayor incidencia. Tenemos tres corredores de movilidad de estos grupos. Y la ruta del Pacífico es la principal (Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro), por lo que en esas provincias hay mayores índices de violencia.

En la Amazonia pasan por Sucumbíos y Lago Agrio y avanzan hacia Los Ríos; y en la Sierra, la ruta pasa por Carchi, Imbabura y se desvían también hacia Los Ríos. Esta provincia es estratégica porque está en el centro de las tres rutas y tiene grandes caletas para almacenar drogas.

Al crimen organizado le conviene coptar a las autoridades de las ciudades que están en esas rutas. Por eso incluso ya se vuelve normal en Ecuador hablar de narcopolítica.

¿Qué implica esa narcopolítica?

A los grupos de delincuencia organizada les conviene poner candidatos en las elecciones. Y se sabe que ya hay campañas financiadas por el narcotráfico, por ejemplo la del 'No' en la consulta popular, porque no les convenía.

En los lugares por donde pasa y se encaleta la droga existe más riesgo de coptación, hay jueces, policías, militares y políticos involucrados, obviamente.

En estas próximas elecciones presidenciales van a buscar tener candidatos afines.

¿Cree que el crimen organizado tiene ya más poder que el Estado ecuatoriano?

No. No estamos en una situación de narcoestado, porque este se configura cuando todos los estamentos del Estado están contaminados y manejados por el narcotráfico. Venezuela es el ejemplo más cercano y claro.

Acá no hemos llegado a ese nivel. Todavía hay instituciones y partidos políticos que no se han contaminado totalmente o que sus máximas autoridades no son parte de una organización criminal.

Todavía tenemos una posibilidad de salir de este problema o fortalecer la institucionalidad para evitar llegar a ser un narcoestado.

¿Cómo puede el Estado combatir esto si dentro de sus propias filas hay funcionarios contaminados que informan al crimen organizado y complican la respuesta de las autoridades?

Es el momento de que las instituciones tomen las medidas preventivas para evitar que sus funcionarios se contaminen. Y las medidas que se aplican en las fuerzas de seguridad, como las pruebas de confianza, también tienen que aplicarse en las otras instituciones.

Se tiene que potenciar el papel de la Contraloría General del Estado y de la Unidad de Análisis Financiero  (UAFE), que debería tener el nivel de un ministerio. Esto porque se ha confirmado que los delitos financieros han pasado desapercibidos. Leandro Norero hizo una gran fortuna y no fue detectado.

Pero la Contraloría y al UAFE no tienen la capacidad de control necesarias para perseguir a todos los funcionarios públicos.

La Contraloría y la UAFE tienen que hacer un trabajo gigante. La Contraloría con la verificación de patrimonios y la UAFE debe identificar los movimientos de las transacciones financieras que son sospechosas. Y eso no está pasando aquí. Se requiere un gran trabajo de inteligencia financiera.

Sin embargo, esas instituciones son nacionales. ¿Qué se podría hacer en los gobiernos locales para prevenir la penetración del crimen organizado?

Con esta amenaza, es hora de generar una verdadera política nacional anticorrupción y que se cumpla en todos los niveles de la administración pública, e incluso de la privada.

Y esa política anticorrupción debe permitir blindar un poco más a las instituciones del Estado y, especialmente, a escala local. Por ejemplo, los procesos de contratación pública no funcionan, ese sistema no funciona, necesita una total reingeniería.

La contratación pública sigue siendo a dedo y al mejor postor, al que paga la mejor coima.

¿Qué pasa con los funcionarios de bajo nivel que, generalmente, son víctimas de extorsiones y presiones por parte del crimen organizado? No todos los colaboradores son voluntarios.

El crimen organizado ha llegado a tener bastante poder y llega a ciertos funcionarios por coacción o intimidación. Es por eso que el combate al crimen organizado tiene que dar un giro absolutamente potente hacia la tecnología.

Por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para determinar cualquier indicio de intimidación y que inmediatamente se pueda denunciar, porque eso debe ser monitoreado. 

Y el esfuerzo de la Policía ya es descomunal en otras áreas, por lo que la Unidad Antiextorsión necesita un apoyo tecnológico muy grande para poder identificar, interceptar llamadas, recibir denuncias. Y, así, poder dar una respuesta inmediata a estas situaciones.

Por el momento, ¿cómo se puede evitar que los puestos de los funcionarios procesados por corrupción, sean coptados nuevamente por el crimen organizado?

Por ejemplo, en las instituciones de seguridad se está implementando las direcciones de asuntos internos, que permiten vigilar y proteger a sus funcionarios. Ahí se puede hacer un seguimiento del comportamiento de los funcionarios y si están cometiendo actos reñidos con la ley y establecer protocolos de control y de seguridad.

Se requiere niveles de supervisión, sin que se vuelva burocrático, para que los funcionarios públicos no tengan mucha libertad de hacer contrataciones viciadas.

¿Es posible? ¿Cómo vigilar a tantos funcionarios públicos?

Los países desarrollados están usando la inteligencia artificial para eso. Esa es la nueva modalidad: la tecnología. Los datos (de forma reservada) deben ser monitoreados por las computadoras y no por el ser humano.

El Estado tiene que adelantarse en la cyberinteligencia y apoyar a todas las instituciones.

​La tecnología es la única manera de combatir al crimen organizado, porque ellos sí la están usando.

Eso nos devuelve al dilema de cómo confiar en los funcionarios que pudiesen manejar esta tecnología y el acceso a los datos ciudadanos necesarios.

Tenemos que apoyarnos para eso en las veedurías ciudadanas, de los organismos civiles, técnicos, universidades. Es decir, que otros actores, menos proclives a contaminarse, apoyen al Estado en este gran esfuerzo evitar que la corrupción penetre en las instituciones.