"Vivir aquí es aprender a callar", dicen habitantes de Socio Vivienda que deben escoger entre huir o vivir confinados

Miguel Francisco se resiste a abandonar la casa que, hace unos quince años, le adjudicaron en Socio Vivienda 1. Aunque su familia le insiste que vayan a alquilar en el Cristo del Consuelo, de donde salieron llenos de ilusión, él se niega.

Tiene 49 años y maneja un carro del año 2005 en el que a diario hace carreras desde la avenida Chucho Benítez, en la vía principal, hacia todas las etapas de Socio Vivienda: 1, 2, 3. Incluso trabaja en la recientemente inaugurada urbanización Sueño Guayaquileño.

“La más peligrosa es Socio Vivienda 2. Donde yo vivo no es tanto, sobre todo, cuando ya lo conocen a uno. Sí da temor por los hijos, cuando andan solos, pero uno tiene que aconsejarlos, que no se dejen ganar por el miedo, que no estén abriendo la boca”, comenta Miguel Francisco.

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De tez morena, mediana estatura y con tatuajes en los brazos, él se gana a diario unos USD 20, con suerte, USD 30. Cada carrera cobra USD 2 o USD 3, y el mismo valor el tiempo de espera. Se moviliza con todos los vidrios de las ventanas bajos y con la mirada fija en el camino.

.“No se quede mirando mucho, puede ser peligroso si es que no la conocen”, les dice a los pasajeros que asombrados observan la antigua unidad policial de Socio Vivienda 2. La unidad fue quemada por las bandas criminales y que hoy se llena con hombres adictos que duermen en el suelo; o con menores que deambulan por la deteriorada edificación, llena de grafitis, sin puertas ni ventanas.

En Socio Vivienda no solo está su hogar, también su trabajo. Como habitante de este plan habitacional, Miguel Francisco puede entrar a cualquier hora, en la madrugada o en la noche, pero últimamente prefiere retirarse antes de que oscurezca.

“No es fácil vivir aquí, lo que dicen en las noticias es verdad: hay muchas muertes. Pero si todos nos vamos ¿no cree que se lo ponemos fácil a los criminales? No toda la gente es mala, hay buenas personas también, los criminales son los que se tienen ir, a la cárcel”, reflexiona indignado porque asegura que la falta de atención del Estado empeora las cosas.

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Cuando se va la luz en el centro o en el norte, no pasa una hora y ya está arreglado, se queja. Mientras que en Socio Vivienda pueden pasar días hasta que los técnicos de la empresa eléctrica o del agua potable se acerquen a solucionar el problema, explica.

El domingo 6 de abril, por ejemplo, reventó un transformador cerca de las 20:00, en la manzana 1F de Socio Vivienda 1, y dos días después aún no tenían energía. Ese mismo día, en la manzana 02-03 de Socio Vivienda 2 tampoco había luz.

Video amenazante circuló entre los habitantes

En medio de la inseguridad y sin luz, un video amenazador, al parecer grabado en la víspera, alteró más los nervios de los moradores ese domingo. “Comunicado para Socio Vivienda 2, hoy sábado 5 de abril, así como estamos entrando, dando la seguridad de nuestro sector, les pedimos su gentileza, no queremos radares ni sapos, si están de sapos salgan, porque serán ejecutados”.

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El video comenzó a circular en redes sociales y en él se observaba a unos diez hombres encapuchados, vestidos de negro y con fusiles en sus manos. Sobre una mesa había unas hojas con los rostros de unos cinco cabecillas que ellos mencionaron como supuestos “sapos” y que siembran el terror en la comunidad.

“Entraremos a limpiar nuestro barrio, mi gente no se deje, atemorizar por esta gente que por mensajes piden de USD 2.000 para arriba. Nosotros no nos metemos con los inocentes”, repetían en el video en el que además se referían a la Policía y a las Fuerzas Armadas. “Ustedes están haciendo su trabajo”, dijeron.

Este tipo de videos no sorprenden a Miguel Francisco, Cuenta que llegan con frecuencia en los chats de vecinos o amigos del sector. Ya estamos acostumbrados, dice con resignación.

“Vivir aquí es aprender a callar, no les gustan los 'sapos'. Es mejor no meterse con nadie, llevar la fiesta en paz. Si le gustan los problemas, es mejor irse. Yo aquí me quedo, quién me va a dar para pagar un alquiler, para comer. Mi casa es la herencia de mis hijos”.

Miguel Francisco, habitante Socio Vivienda 1

Desplazamiento forzado interno

Ana vive en los bloques de Socio Vivienda 1, adonde llegó desde Las Malvinas, hace una década. En los últimos años, el sector se ha vuelto peligroso por la progresiva ocupación ilegal de viviendas por parte de los integrantes de bandas criminales, contó Ana a investigadores sociales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CDH.

Los departamentos han sido abandonados por sus dueños debido, en algunos casos, a amenazas de muerte de grupos criminales. Ana vive en un condominio junto a su esposo y sus dos hijos, mientras que un tercer hijo habita en otro piso que ha confrontado con las bandas por no ceder las viviendas.

“Vivimos sabiendo que nadie puede hablar porque si hablamos ya sabemos qué nos pasaba, vivimos con temor”.

Ana, moradora de Socio Vivienda

La declaración consta en un informe preliminar que hizo este organismo para registrar los primeros casos de “desplazamiento forzado interno de familias de la comunidad de Socio Vivienda en Guayaquil”.

En su relato Ana cuenta cómo vivió aquel 6 de marzo de 2025, cuando se produjo una balacera que terminó en masacre y cobró la vida de 22 personas, la mayor matanza suscitada de que se tenga registro en Guayaquil.

Ana trabajaba fuera del hogar cuando en un grupo de Whatsapp una vecina hablaba de la balacera. “Yo no sabía si irme para allá, después yo vi que en el grupo decían que habían muertos, yo me puse mal, pensé en mis dos niños que estaban solos en casa”, recordó Ana al lamentar que tras este hecho la mayoría de vecinos abandonó el condominio.

Ana sigue en su departamento. Vive con temor, con miedo por su seguridad y la de su familia. Su testimonio consta entre los casos de desplazamiento forzado que ha contabilizado la CDH en Socio Vivienda.

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En el informe de este organismo se señala que 15 familias de este plan de vivienda social, creado en 2010, han tenido que huir del contexto de violencia “de manera repentina e involuntaria de sus hogares, dejando todo para proteger su vida e integridad personal”.

“De igual forma, se registran 26 familias que quedaron atrapadas y no han podido salir de sus hogares debido a varios factores, ocasionando un confinamiento forzado. Esta decisión es promovida por el miedo de despojo por parte de bandas criminales de sus departamentos luego de su salida”, menciona este organismo de derechos humanos.

Ambos grupos familiares —señala la CDH en su reporte preliminar— son “víctimas de la violencia” y requieren la atención integral del Estado, además de una respuesta humanitaria.

En la mayoría de los casos (más del 60%), la salida se dio tras amenazas o extorsiones. “Muchas familias salieron inmediatamente después de enfrentamientos o asesinatos cercanos a sus viviendas, temiendo represalias”, detalla el informe sobre desplazamiento forzado.

Más de la mitad de las familias que han dejado sus viviendas se han alojado en casas de familiares o amigos. “Las familias desplazadas no cuentan con títulos de propiedad de sus viviendas originales en Socio Vivienda, ni contratos formales en los nuevos lugares donde se ubican, lo que aumenta la precariedad”, reportó el CDH.