Gobierno confirma la construcción de su segunda cárcel al 'estilo Bukele', en Archidona

El proceso de contratación para la nueva cárcel se lanzó el 25 de noviembre de 2024. Está a cargo del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y está previsto que la adjudicación a la empresa extranjera se concrete el 9 de diciembre de 2024.

Según los documentos oficiales, el proceso de Construcción y Equipamiento del Centro de Privación de Libertad en Archidona costará USD 51.970.987,12, sin contar con los impuestos. La obra se ejecutará en 300 días.

Para esto, el Gobierno invitó a la compañía española Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de la empresa estatal China Road And Bridge Corporation. Es la misma empresa que está construyendo la Cárcel Del Encuentro, en Santa Elena.

Y, al igual que en el proceso de la primera prisión, el Gobierno de Daniel Noboa decidió declarar reservada toda la información relacionada con el proyecto de la prisión en Archidona. 

Un viejo conocido para Ecuador

Apenas se posesionó como presidente, Noboa había anunciado la construcción de dos cárceles al estilo de El Salvador. Haciendo referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo que se edificó bajo mando de Nayib Bukerle. 

Sin embargo, no existe evidencia de que Puentes y Calzadas Infraestructuras o China Road And Bridge Corporation hayan estado detrás de la construcción de ese predio.

Según los documentos del proceso de contratación, el 18 de junio de 2020, la compañía CRBC Spain Investment Company, S.L.U. (cuyo único propietario es la china CRBC) adquirió el 67% de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, S.A. (“Grupo Puentes”).

Y esta, a su vez, posee el 100% del capital social de todas las empresas que forman parte de Grupo Puentes, entre ellas, la compañía Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.

Un proyecto criticado

Apenas se rumoró sobre la construcción de esta cárcel en Archidona, en esta ciudad de Napo hubo críticas y acciones en contra. 

Sandra Rueda, asambleísta por Napo, pidió información al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) sobre este proyecto.

El 30 de agosto de 2024, Julio Zaldumbide, director del SNAI respondió que ni en el Plan de Desarrollo ni el Plan Anual de Contrataciones (PAC) constaba la construcción de esa prisión en lo que restaba del año.

Tras esta respuesta, el tema se enfrío varias semanas. Sin embargo, el 25 de septiembre de 2024, Yajaira Curipallo, delegada de la Defensoría del Pueblo en Napo, interpuso un pedido de medidas cautelares ante la Corte Provincial.

El pedido era para dejar sin efecto una resolución del SNAI, firmada por el propio Zaldumbide el 20 de agosto de 2024, 10 días antes de la respuesta a la asambleísta Rueda. 

En ese documento, según el pedido de medidas cautelares, Zaldumbide dispuso "clasificar como información reservada del SNAI, a toda información que contenga características y/o especificaciones técnicas del proyecto de Construcción del Centro de Privación de Libertad CPL en Archidona".

Con esas medidas cautelares, además de dejar sin efecto la declaratoria de reserva, la Defensoría del Pueblo, representantes de gremios turísticos y estudiantes de Archidona buscaban que se prohíba la construcción de ese centro carcelario.

Sin embargo, en el trámite de la acción constitucional, el SNAI insistió en el argumento de que en el Plan de Desarrollo y en el PAC institucional no estaba considerada ninguna construcción de este tipo. Por lo que no había ningún derecho violado y no cabía la medida cautelar.

Ante esta situación, el 16 de octubre de 2024, el Tribunal de la Corte de Napo -presidido por Esperanza Araujo- negó el pedido de medida cautelar. Explicó que el trámite para dejar sin efecto la declaratoria de reserva tenía que hacerse por la vía alternativa.