Cumbre en Guayaquil: Multilaterales enfocan por primera vez su financiamiento en seguridad regional
En un hecho "sin precedentes", los bancos de desarrollo acceden a financiar proyectos de seguridad ciudadana en América Latina. La inseguridad les cuesta hasta 8,5% del PIB a países de la región, según el Banco Mundial. Y Ecuador será pionero de un programa del BID.
El presidente de la República, Daniel Noboa, en su discurso de inauguración de la cumbre de ministros de seguridad de América Latina, este lunes 19 de agosto de 2024 en Guayaquil.
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La penetración del crimen organizado está frenando el desarrollo económico y social en América Latina, por lo que tres organismos multilaterales se comprometieron por primera vez a financiar proyectos de seguridad ciudadana en la región, durante una cumbre en Guayaquil.
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, sostuvo que la inseguridad está comprometiendo además el futuro de la niñez y de los jóvenes. Se trata de un problema que le cuesta un 8,5% del PIB a los países de la región, dijo.
Y eso marca el cambio de enfoque de los bancos de desarrollo que, centrados en programas económicos, sociales o de infraestructura, habían evitado financiar proyectos de seguridad.
El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) firmaron este lunes 19 de agosto de 2024 un memorando de entendimiento a fin de contribuir con financiamiento en la lucha contra la inseguridad.
Ecuador será pionero en el programa del BID, que comprometió al Gobierno Nacional un desembolso de USD 150 millones -pendiente de aprobarse en las próximas semanas- a fin de respaldar un programa social y de “movilización de recursos” del Ministerio del Interior.
El memorándum se firmó en el marco de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, que cuenta con la presencia de ministros de Estado de América Latina (o sus delegados), y se desarrollará hasta este martes 20 de agosto en un hotel del norte de Guayaquil.
Una alianza “sin precedentes”
Jaramillo aseguró que la acuerdo de organismos multilaterales en la materia es algo sin antecedentes en la región. "Nunca hemos entrado en una alianza para ayudar a los países de América Latina en temas de seguridad ciudadana, es la primera vez, esto no tiene precedentes", dijo.
También destacó cómo Ecuador se puede convertir en un país pionero (“un país líder”) en la actualización de este nuevo enfoque para afrontar el problema de la seguridad.
“El costo de la crisis de seguridad en Ecuador y en la región es muy alto. Y no solo en vidas y sufrimiento, sino también en lo que nos interesa en el Banco Mundial, cuya misión es reducir la pobreza y promover el desarrollo económico y social”.
Carlos Felipe Jaramillo, Banco Mundial.
Ilan Goldfajn, presidente del BID, sostuvo que era imposible soslayar el tema del crimen organizado porque se convirtió en un problema transversal por el que le requerían ayuda en todos los países que visitaba.
La visión del BID, el organismo multilateral que lidera este cambio de visión, es que sin seguridad simplemente no puede haber estabilidad. Y sin estabilidad no hay el crecimiento ni el desarrollo económico que promueve la entidad.
El abordaje de “un tema incómodo”
Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación del Gobierno de Daniel Noboa hasta abril pasado, y ahora representante del BID para Ecuador, manifestó que las multilaterales entienden que de la seguridad ciudadana dependen también la inversión privada y el empleo.
“Hablar de seguridad era algo incómodo, algo de lo que no se hablaba en los organismos multilaterales”, reconoció Izurieta.
“El BID ha tomado el liderazgo en un tema como el de la seguridad en el que generalmente los multilaterales preferían no intervenir”.
Roberto Izurieta, BID Ecuador.
¿En qué se centrará el financiamiento de USD 150 millones del Banco de Desarrollo para fortalecer la seguridad en Ecuador?
Izurieta aseguró que uno de los temas clave es mejorar la eficacia tecnológica del Estado para ejercer control y auditar el desperdicio de recursos o los casos de infiltración criminal en el Estado.
“Este punto tiene que ver básicamente con expresiones de la corrupción”, dijo. También se busca atacar delitos como el lavado de activos.
Y un segundo ítem se centra en la recuperación del tejido social, la integración de las comunidades y programas para frenar problemas como el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de las bandas criminales, un tema en el que puso énfasis el presidente Daniel Noboa en la inauguración de la cita.
El primer mandatario se reunió con el vicepresidente del Banco Mundial en la región para definir posibles líneas de financiamiento en seguridad ciudadana, por parte de esta multilateral.
Goldfajn insistió en que es crucial “cortarle el oxígeno” a los grupos criminales. El programa de prevención en Ecuador se centrará en limitar la influencia del crimen organizado en las población más vulnerables, fortalecer las capacidades del Estado y cortar el flujo financiero de los grupos al margen de la ley, dijo.
Problemas calcados en América Latina
En la cumbre también se lanzó la Alianza de Seguridad y Justicia para el Desarrollo, cuyos mecanismos de acción y articulación los ministros de seguridad de la región (o sus delegados) deberán afinar hasta diciembre próximo, según propuso el BID.
Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de Chile, pidió unir esfuerzos para reforzar el control de fronteras permeables para el delito transnacional. Y también propuso intercambiar información de inteligencia y de antecedentes penales sobre migrantes irregulares.
La región tiene problemas comunes en cuánto a la prisión preventiva “que lo único que hace es aumentar las capacidades de cooptación dentro de los sistemas penitenciarios” por parte de las bandas criminales, según los representación chilena.
Entre los desafíos comunes está también acortar los juicios y entender “que los sistemas penitenciarios tampoco pueden ser el eslabón más débil en la cadena de justicia”.
El evento reúne a delegados de los ministerios de seguridad de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Los representantes de Perú y Colombia, vecinos de Ecuador, reconocieron que el avance de los grupos criminales es "mucho más fluido y menos burocratizado" que la respuesta estatal para contrarrestarlos, una lucha que se libra en condiciones desiguales, por los flujos financieros de estas organizaciones.
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