Defensa de militares procesados por la desaparición de los cuatro de Guayaquil pide a juez revisar prisión preventiva
La audiencia de revisión de la prisión está prevista para el 21 de marzo. Comisión solicitó medidas cautelares de protección a favor de los 16 militares ante la CDIH en Washington, Estados Unidos.

Un militar esposado es conducido a través de una vía de tercer orden la mañana de este lunes 17 de marzo del 2025 en la parroquia rural de Taura (Naranjal, Guayas), en la diligencia de reconstrucción de los hechos del caso de desaparición de cuatro menores originarios de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
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Redacción Primicias
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Los abogados de los 16 militares procesados por la desaparición de cuatro menores en Guayaquil solicitaron una audiencia de revisión y sustitución de la prisión preventiva, la cual está prevista para el viernes 21 de marzo. La defensa argumenta que los uniformados pueden enfrentar el proceso en libertad.
La fecha de la nueva audiencia de dio a conocer la madrugada de este lunes 17 de marzo de 2025, en medio de la diligencia de reconstrucción de los hechos en la investigación por presunta desaparición forzada.
Los procesados participaron esposados, encapuchados y bajo custodia en el procedimiento de reconstrucción de lo sucedido la noche del 8 de diciembre de 2024, una diligencia que se ha extendido a lo largo de la noche domingo 16 de marzo, hasta la madrugada y mañana del lunes 17.
Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, señaló que esta recreación ha seguido de cerca las versiones previas de los militares y dijo que con ello se reafirma la hipótesis del presunto delito de desaparición forzada. "Hasta ahora no ha existido ningún elemento que varíe la situación jurídica de los procesados. Más bien, los elementos de convicción se acrecentaron", sostuvo Aguirre.
El pasado 20 de febrero, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó en segunda instancia la prisión preventiva para los 16 investigados. Pero el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla una revisión de la medida de encarcelamiento del juez de primer nivel, siempre que existan elementos que hayan variado con respecto a la decisión inicial.

Comisión intercede por militares
Por su parte, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, una organización originaria de Ecuador y ahora con sede en 17 países, que defiende a miembros de las Fuerzas Armadas, cuestiona la aplicación de la prisión preventiva contra los uniformados.
El general Rodrigo Ricaurte, director general para América Latina y el Caribe de la entidad, expresó su preocupación por lo que considera un "uso abusivo" de la medida de prisión.
"Lamentamos lo sucedido con los jóvenes, es un acto cruel, vil y que rechazamos profundamente. Pero también solicitamos el legítimo derecho a la defensa", señaló Ricaurte, quién admitió un "error de procedimiento administrativo" de los procesados porque debieron entregar a los detenidos a la Policía en vez de llevarlos a una zona rural de otro cantón (en Taura, Naranjal).
También defendió la inocencia de los imputados hasta que un juez señale lo contrario y consideró que los militares de la FAE implicados pueden defenderse en libertad.
"Estamos respaldando con la vigilancia del debido proceso, a petición de los familiares de los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE", añadió.
Además, Ricaurte informó que, a través de la organización que preside y que sigue el caso por invitación de las Fuerzas Armadas, ha solicitado medidas cautelares de protección para los 16 militares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, argumentando que presuntamente se han "vulnerado sus derechos" en el proceso judicial.
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