Contratos para agua de Durán se inflaron en USD 13,3 millones en alcaldías de Alexandra Arce y Dalton Narváez
El proyecto inconcluso de mejora del sistema de pozos del Chobo no logró aumentar el caudal de agua para la ciudad, a pesar de la ejecución de USD 41,8 millones. El caso de peculado tiene al exalcalde Dalton Narváez con prisión preventiva por presunta malversación de fondos.
El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, en un recorrido por pozos repotenciados del Chobo, en Milagro, el 19 de octubre de 2022. El funcionario guarda ahora prisión preventiva por un caso de peculado relacionado con esas obras.
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La promesa de agua potable abundante para Durán se evaporó entre sobrecostos, obras inconclusas y la emergencia en el sistema de explotación subterránea del líquido, según informes de Fiscalía, Contraloría y el Municipio. Las irregularidades son millonarias y los exalcaldes Alexandra Arce y Dalton Narváez son investigados en un proceso por presunto peculado o malversación de fondos.
El proyecto de mejoramiento del sistema de captación del Chobo terminó costando USD 13,3 millones más de lo presupuestado en inicio. A pesar de los ingentes recursos invertidos, la red de suministro sigue siendo deficiente y mantiene a más del 60% de la población de Durán sin agua por tubería.
Narváez (alcalde de Durán en el periodo 2019-2023) guarda prisión preventiva en Guayaquil tras ser capturado en Colombia y expulsado a Ecuador, el 8 de enero de 2025, por una orden de captura vigente por este caso. La exalcaldesa Arce (2014 -2019) y otras 18 personas también están vinculadas.
De USD 28,5 a USD 41,8 millones
El sistema de agua potable de Durán (Guayas) depende de siete pozos profundos de captación o explotación subterránea que se encuentran en el sector de la parroquia rural de Chobo, en el vecino cantón Milagro. El sistema de distribución incluye acueductos de 500 y 800 milímetros.
En 2014, la administración de Arce firmó por USD 23,7 millones un contrato con la empresa Eseico S.A. para el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable del Chobo a Durán, con el fin de ampliar la cobertura del servicio en sectores del cantón.
Sumados cuatro contratos complementarios y uno de fiscalización el monto contratado del proyecto ascendió a USD 28,5 millones, de acuerdo a un examen de Contraloría.
Sin embargo, a lo largo de seis años, hasta febrero de 2019, el monto invertido y ejecutado ‒incluyendo contratos complementarios, convenios y un contrato adicional‒ terminó en USD 41,8 millones, según la Fiscalía.
Las obras de mejoramiento en siete pozos de explotación no lograron incorporar 1.300 metros cúbicos por hora de caudal hídrico adicional de la ciudad, como se proponía el proyecto, según denunció en su momento el propio Narváez, quien llegó a la alcaldía por el Partido Social Cristiano.
Tampoco se exploraron o se construyeron cuatro pozos nuevos, según el exalcalde, que durante su última administración reclamó reiteradamente por las irregularidades de los contratos firmados en la alcaldía de Arce (Revolución Ciudadana), con un préstamo del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE).
Pero la Fiscalía terminó vinculando primero a Narváez en el caso por omisión (en abril de 2024), pues al no impugnar convenios de financiamiento –que convirtieron valores no reembolsables a reembolsables– se configuró parte del "millonario perjuicio económico" para el Estado.
En vez de sumar pozos, salieron de operación
La captación de agua del sistema Chobo-Milagro data de los años 80. Y las fallas en la ejecución de los contratos ocasionaron que en 2021 el cantón se declarara en emergencia.
Cuatro de los pozos conectados al acueducto de 800 milímetros salieron de operación por motores dañados o con problemas de garantía; dos resultaron afectados por problemas graves de socavones y vencimientos de estructuras.
La administración del actual alcalde de Durán, Luis Chonillo (2023-2027), informó que cuando asumió la alcaldía en mayo de 2023, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad) halló dos de los siete pozos apagados por falta de mantenimiento.
La producción de agua se ubicaba en solo 1.400 metros cúbicos por hora cuando Durán, una ciudad con más de 300.000 habitantes, tiene un requerimiento hídrico de 6.000 metros cúbicos por hora, explicó.
Emapad asegura que la producción ha ido aumentando con picos de producción de hasta 2.800 metros cúbicos por hora de agua desde 2023, pero el caudal sigue siendo deficitario.
Durán gastó USD 41,8 millones para ampliar la cobertura. Pero actualmente, de los 110.000 hogares con los que cuenta la ciudad solo 42.000 tienen conexiones domiciliarias y reciben el líquido por tubería tres días a la semana, en franjas de tres horas.
Es decir, más del 60% de los durandeños siguen recibiendo agua a través de camiones cisterna, que elevan el costo del líquido y están expuestos a esquemas de extorsión en la ciudad con mayor tasa de muertes violentas del mundo (para poblaciones de más de 300.000 habitantes).
Un contrato de 18 meses se extendió por seis años
La Contraloría General del Estado examinó todas las fases del contrato principal y sus complementarios. Se identificaron precios unitarios inconsistentes y falta de documentación en el Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE).
El informe detalla que los estudios del proyecto estaban incompletos y desactualizados. Se contemplaba la construcción de cuatro nuevos pozos para mejorar la capacidad. En su lugar, en 2015 se decidió ejecutar una repotenciación de pozos existentes sin autorización adecuada, lo que generó costos adicionales por USD 3,2 millones, por ejemplo.
La Comisión Técnica, responsable de evaluar las ofertas, permitió que se suscribieran contratos con rubros inconsistentes. Esto le costó a la municipalidad USD 599.184 solo por discrepancias en precios unitarios.
El contrato principal, firmado el 30 de diciembre de 2014, tenía como fecha límite de entrega el 5 de agosto de 2016. Es decir, debía ejecutarse en un plazo de 18 meses.
No obstante, se otorgaron cinco prórrogas que sumaron 734 días adicionales, llevando en inicio a una nueva fecha de entrega al 8 de agosto de 2018. Hasta febrero de 2019, la obra seguía sin ser entregada operativamente, sumando un desfase de 204 días adicionales.
El informe concluye que los fiscalizadores encargados de la obra conocían los problemas técnicos relacionados con la ruta de la tubería y los pasos de servidumbre, pero no actuaron con la diligencia para resolverlos ni comunicaron a sus superiores, lo que derivó en la aprobación de prórrogas evitables.
Según la cláusula octava del contrato, cada día de retraso debía sancionarse con una multa equivalente a 1/1.000 del valor total del contrato (es decir, USD 20.171 por día). Pero Contraloría halló que no se impusieron multas señaladas por al menos USD 262.228.
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