Supuestos emisarios de Wilman Terán cobraban USD 40.000 a jueces corruptos para desvanecer sumarios, dice testigo

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se continúan recibiendo los testimonios anticipados del caso Plaga. El 14 de agosto de 2024, el turno de Joffre R. R., exjuez de Garantías Penales en Chone, en Manabí.

El exfuncionario judicial aceptó, ante el conjuez Marco Rodríguez Mongón, que formó parte de una estructura de corrupción judicial que se dedicó a vender y comprar sentencias en todo el país.

Según su relato, su participación en esta red empezó en marzo de 2023. Contó que un día, a inicios de ese mes, se encontraba en su despacho y recibió la visita de Marcos Iván M., quien era otro juez de Chone, y  —además— estaba encargado del despacho de garantías penitenciarias de Bahía de Caráquez, otro cantón manabita.

Marcos M. le habría comunicado que había una persona que había llegado desde Quito, delegado por el Consejo de la Judicatura (CJ), que quería hablar con él. En esa época, ese organismo era liderado por Wilman Terán.

Fueron al despacho de Marcos M. y en esa oficina se habrian encontrado con el abogado Lenin Vimos, identificado como el cabecilla de la estructura de corrupción del caso Plaga y que también está procesado por delincuencia organizada.

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Una sentencia irregular y el expediente disciplinario

Vimos le habría dicho a Joffre R. que estaba en Chone de parte del CJ, que necesitaba colaboración en la liberación de algunos detenidos. Le garantizó que "no iba a pasar nada" porque, para cualquier problema, tenía todos los contactos en la Judicatura para solucionarlos.

Eso habría sido confirmado por Marcos M., quien le dijo que Vimos era una persona de confianza y que ya habían hecho este tipo de trabajos y no había pasado nada.

Joffre R. dijo que había pedido tiempo para pensar y consultar con otros jueces, antes de participar en la liberación de los detenidos solicitados por Vimos y Marcos M. Vimos le habría respondido que no se demorara mucho.

Al siguiente día, Marcos M. le habría informado a Joffre R. que ya estaba presentado el escrito para el primer caso en el que debía actuar. Minutos más tarde llegó Vimos y le informó que ya estaba todo listo para emitir la medida cautelar solicitada.

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Para convencerlo, Vimos había puesto a Joffre R. al teléfono con el director de una cárcel del país, quien le dijo que actuara con confianza, puesto que todo estaba acordado y que él también iba a colaborar.

Cuando recibió el expediente en su despacho, dijo que se enteró que se trataba de una medida cautelar para obtener a la libertad a favor de Angelu Orbe y Darío Zhagñay, sentenciados por tráfico de migrantes. Joffre R. confesó, durante su testimonio anticipado, que ante las presiones de Vimos y Marcos M. accedió a conceder esas libertades, por lo que cobró USD 10.000

Luego de haber emitido ese fallo, Vimos habría contactado a Joffre R.: supuestamente, le dijo que todo había salido bien y que, más adelante, podrían seguir trabajando. Fue así que Vimos siguió contactándolo asiduamente para solicitarle nuevas medidas a favor de presos.

Más adelante, el propio juez Marcos M. habría informado a Joffre R. que en el Consejo de la Judicatura se había abierto un expediente disciplinario en su contra, debido a la liberación de Orbe y Zhagñay. Esto luego de que el SNAI solicitara la revocatoria de las medidas cautelares.

Ante eso, Joffre R. revocó de inmediato las medidas cautelares y ordenó nuevamente la localización y captura de Orbe y Zhagñay. Además, bloqueó al número de Vimos y dejó de contestarle las llamadas.

Comienzan las extorsiones

Marcos M. habría sugerido a Joffre R. que se contactara con Fernando P., juez de Montecristi, que era quien tenía los contactos en la Judicatura para desvanecer el expediente disciplinario. Pero, le adelantó que no sería gratis.

Joffre R. habló con Fernando P, con quien se encontró Manta. En esa cita, en la casa de este magistrado, Fernando P. le habría solicitado USD 40.000 para desvanecer su expediente. Y le habría dicho que, para empezar el trámite, debía pagarle la mitad pero Joffre R. pidió tiempo para conseguir ese dinero.

Consiguió el dinero sacando un crédito en una cooperativa de ahorro y crédito. Personalmente, habría entregado los USD 20.000 iniciales a Fernando P. Este personaje le habría dicho que se quedara tranquilo porque tenía el respaldo de Wilman Terán, entonces presidente de la Judicatura.

Según le habría dicho Fernando P. a Joffre R., Wilman Terán operaba en Manabí a través de dos funcionarios: Marcelo V., quien era director provincial del CJ; y Álex Palacios, asesor de confianza de Terán, quien ya aceptó haber pertenecido a la estructura de corrupción y fue sentenciado en el caso Metástasis.

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Días más tarde, Marcelo V. se habría contactado directamente con Joffre P. Le  habría dicho que podía ayudarlo con el archivo del sumario, al tiempo que le cuestionó que no se haya acercado directamente a él. Según el testigo protegido, Marcelo V. era conocido en Manabí con el apodo de ‘Vacuna’, ya que extorsionaba habitualmente a funcionarios.

Joffre R. asegura que también habría pagado USD 10.000 a Marcelo V., en el parqueadero de una gasolinera.

Joffre R. aseguró que, mientras esperaba por la resolución de su sumario disciplinario, los miembros de la red le pidieron intervenir en otros casos. Por ejemplo, Fernando P. le solicitó que aceptara una medida cautelar a favor de un pariente de Maribel Barreno, entonces vocal del Consejo de la Judicatura, parte de la mayoría de Wilman Terán.

Además, Vimos le habría presentado a Joffre R. a Jonathan Aguinda, otro procesado en el caso Plaga e identificado como parte del staff de abogados de Cristian Romero, quien le habría pedido que dictara unas medidas cautelares a favor del expresidente Rafael Correa.

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Supuestamente, Aguinda estaba a cargo de elaborar el proyecto del concurso para seleccionar jueces nacionales que Wilman Terán comandó y que se declaró nulo luego de su arresto y procesamiento en el caso Metástasis.

En junio de 2023, Joffre R. dice que se reunió con Aguinda en Quito, porque tenía interés en ser parte de la CNJ. Además, seguía intentando disolver su expediente disciplinario.

Durante los meses siguientes, en total, Joffre R. habría pagado más de USD 41.000 a Marcelo V. y a Fernando P. con el objetivo de que se eliminara el expediente en su contra, lo cual nunca ocurrió. Joffre P. fue destituido en febrero de 2024.

Por esos mismos días, el exjuez fue arrestado y procesado por el caso Plaga. Días antes de que esto sucediera, el juez Marcos M. le habría compartido el contacto de un agente investigador que le pidió USD 150.000 a cambio de borrar su nombre de la investigación por corrupción judicial.

Joffre R. se negó y decidió afrontar el caso. Sin embargo, según el testigo, el juez Marcos M. sí pagó ese dinero y hoy no es parte de los procesados por el caso Plaga.