Cristian Romero ofrecía el respaldo de Rafael Correa y Viviana Veloz para reclutar jueces, dice testigo

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) continúan los testimonios anticipados del caso Plaga. La mañana del 15 de agosto de 2024, compareció Simón García, exjuez de Paján, cantón de Manabí.

García se desempeñó como magistrado entre 2022 y 2024. Al igual que los anteriores testigos, García aseguró que su ingreso a la estructura de corrupción judicial se dio a través de Lenin Vimos, abogado señalado por la Fiscalía como el cabecilla de este presunto grupo criminal.

Con Vimos, García empezó a colaborar con sentencias en medidas cautelares y otras acciones constitucionales para liberar a presos, a cambio de sobornos que llegaron a sumar unos USD 40.000.

La liberación de Salcedo y el respaldo correísta

En diciembre de 2022, Vimos presentó a García con Cristian Romero, exabogado de Jorge Glas, Leandro Norero, Daniel Salcedo y de la familia Bucaram. Se reunió con él en una cevichería cerca de Paján, provincia de Manabí.

En ese lugar, Romero solicitó a García su ayuda dictando la liberación de Salcedo, quien en esa época ya tenía una sentencia por peculado relacionada con la corrupción hospitalaria que se desató en la pandemia del Covid-19.

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Para convencerlo, Romero le dijo que no tuviera miedo, ya que él tenía importantes contactos en el mundo judicial y mencionó a Eduardo Franco Loor, a quien se refirió como abogado del expresidente Rafael Correa.

Esta nueva mención a Correa en el caso Plaga sucede a día seguido. El miércoles 14 de agosto, el exjuez Joffre R. señaló que el mismo Romero le habría pedido que dictara unas medidas cautelares a favor del exmandatario.

A continuación, Vimos habría ratificado a García que Romero tenía el respaldo de la Revolución Ciudadana, a través de la asambleísta Viviana Veloz. 

Esta no es la primera vez que Romero es relacionado con figuras correístas, antes el propio Salcedo testificó que este abogado acordó con alguien identificado como 'Virgilio Hernán' la liberación de Jorge Glas. En las redes sociales de Romero se ubicó una foto suya con Veloz y el dirigente correísta Virgilio Hernández.

Ahora, tal como ocurrió tras la declaración de Salcedo, Virgilio Hernández, exasambleísta del correísmo, negó haber tenido alguna relación con la liberación de Glas o con Salcedo. Y aseguró que conoció a Romero, ya que lo contrató para la realización de un análisis forense cuando fue procesado por rebelión, en 2019.

Simón García, siguió su relato contando que se interesó en una posible colaboración con Vimos porque a través de ese apoyo político podían desvanecerse sumarios disciplinarios que tenía abiertos la Judicatura en su contra. Pero todavía tenía dudas, dijo.

Estas dudas se desvanecieron en la siguiente reunión. En la oficina de un abogado manabita, García, Romero y Vimos se reunieron a tomar una botella de whisky. Y en presencia de García, Romero habría tomado su teléfono y habría conversado con la asambleísta Veloz, según la versión del testigo.

Así, Simón García se convenció y decidió fallar a favor de Salcedo en su liberación. El 8 de diciembre de 2022, Romero, Vimos y García se reunieron en Crucita, playa manabita. El juez recibió USD 40.000 en efectivo, de los cuales 'regaló' USD 10.000 a Romero y Vimos, por pedido de ellos.

Además, le ofrecieron cinco puestos gerenciales en empresas públicas como CNT, Petroecuador y CNEL. Pero ni las ofertas de esos cargos, ni el desvanecimiento de los expedientes disciplinarios se cumplieron.

Tras la liberación de Salcedo, debido a un reclamo del SNAI, García fue suspendido desde diciembre de 2022, durante un plazo de tres meses.

La acción de protección del exvocal del CPCCS

García también relató que recibió la visita de un abogado que le ofreció USD 5.000 a cambio de que dictara unas medidas cautelares. García no estaba convencido, hasta que dos días después, lo visitó Carlos Zambrano, entonces presidente de la Corte de Manabí y hoy procesado por el caso Metástasis. 

Zambrano le había explicado que las medidas solicitadas iban a ser presentadas en Paján, pero que correspondían a un tema que se ventilaba en La Concordia. Pero le adelantó que no debía preocuparse por el tema de la competencia.

El entonces presidente de la Corte de Manabí también habría ofrecido a García solucionar sus expedientes disciplinarios, lo que tampoco cumplió. Además, García recibió USD 10.000 en efectivo.

Según el testigo, Zambrano le habría dicho que esa medida cautelar de La Concordia era apadrinada por Francisco Bravo, entonces vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La acción de protección en mención la presentó el abogado Pedro I., identificado como cabecilla de otra red de corrupción judicial. La resolución, García la emitió de inmediato porque previamente ya le habían entregado la sentencia en un pendrive.

La medica cautelar consistió en la suspensión de una resolución emitida por el Municipio de la Concordia, declarando como contratista incumplido al consorcio KAVI.

Pese a que García ya había fallado, Zambrano le habría solicitado que no subiera aún la sentencia al sistema. Y le dio USD 2.000 adicionales para que se fuera de vacaciones a Galápagos. 

Días después, estando de vacaciones, García se enteró de que KAVI ya no constaba como contratista incumplido.