Caso de los cuatro niños de Guayaquil: La Fiscalía mantiene activas dos investigaciones paralelas
La Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía sigue un proceso por desaparición forzada y una segunda unidad provincial investiga el secuestro con resultado de muerte de los cuatro niños. En un mes se prevé realizar la reconstrucción de los hechos.
Familiares y amigos de los cuatro niños asesinados tras un operativo militar protestan frente al paso de un camión con militares frente al Complejo Judicial Valdivia Sur Guayaquil, donde se realizó la audiencia de formulación cargos contra 16 involucrados el 31 diciembre del 2024.
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Autor:
Redacción primicias
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La Fiscalía General del Estado mantiene activas dos investigaciones relacionadas con la desaparición y el posterior asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas, barrio populoso de Guayaquil, tras un operativo militar en el sur de la ciudad el 8 de diciembre de 2024.
El caso ha generado conmoción por las implicaciones sobre un presunto abuso de fuerza estatal y por una serie de irregularidades en el traslado de los menores hasta la parroquia rural de Taura (Naranjal, Guayas), donde se hallaron dos semanas después los cuerpos incinerados.
Una fuente reservada de la Fiscalía le explicó a PRIMICIAS que actualmente se desarrollan dos investigaciones en paralelo.
La primera se centra en el caso de desaparición forzada, en la cual se formularon cargos el 31 de diciembre y un juez ordenó prisión preventiva contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) involucrados, con lo que se abrió un periodo de 90 días de instrucción fiscal.
La segunda, a cargo de otra unidad de tipo penal de la Fiscalía Provincial del Guayas, indaga un posible delito de secuestro con resultado de muerte.
Según la fuente, la reformulación de cargos en el juicio por desaparición forzada no procede hasta que se acredite que los procesados participaron directamente en el asesinato de los menores. Y como ello no ha ocurrido, se mantienen abiertas las dos investigaciones.
Los menores Ismael y Josué Arroyo Bustos, de 15 y 14 años; Steven Gerald Medina Lajones, de 11 años; y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, de 15, fueron hallados sin vida el 24 de diciembre en una zona agreste y remota de Taura, tras haber sido reportados como desaparecidos.
Dos investigaciones con roles delimitados
El proceso por desaparición forzada está a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía.
Pero con los elementos recabados hasta ahora el fiscal del caso aún no puede señalar una presunta participación de los 16 militares en la muerte directa de los menores, como para sostener un caso de ejecución extrajudicial y pedir la reformulación de cargos.
Como a la Unidad de Uso de la Fuerza no le corresponde investigar homicidios perpetrados por delincuencia común u organizada, sino estrictamente el accionar de la Fuerza Pública, por ahora solo sigue el caso de la privación de libertad ilegal.
Y una posible reformulación de cargos dependerá de que surjan o existan elementos probatorios que vinculen a los militares con el crimen de los menores.
La segunda investigación sigue su curso en paralelo con roles delimitados, en busca de determinar responsables como autores o cómplices de los crímenes, según la fuente.
Los abogados de las familias de los cuatro menores han expresado que ante la “clara configuración de la desaparición forzada” lo que corresponde sería una reformulación de cargos o un segundo proceso penal por ejecución extrajudicial.
La desaparición forzada se configura cuando una persona es privada de su libertad de forma irregular y termina desaparecida a manos de agentes estatales, sin que informe debidamente a las autoridades competentes ni a la familia sobre su paradero o destino.
Este delito de lesa humanidad está tipificado en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena de 22 a 26 años de cárcel.
Mientras que la ejecución extrajudicial (privación ilegal de la vida por agente estatal, tipificada en el artículo 85 del COIP) se sanciona con el mismo periodo de privación de libertad, lo que puede elevar la pena hasta cuarenta años si se demuestra participación en ambos delitos de miembros de la Fuerza Pública.
La reconstrucción de los hechos, en un mes
En este contexto, la diligencia de reconstrucción de los hechos podría ser clave para determinar contradicciones y responsabilidades.
Se espera que esta diligencia, en la que participarán los militares detenidos -quienes fueron trasladados a la cárcel de Latacunga (Cotopaxi)-, se realice en aproximadamente un mes.
En ese lapso, se prevé recabar todos los testimonios de los testigos -incluso de otros niños que habrían escapado de la captura- así como pruebas técnicas, incluidas grabaciones de cámaras del ECU 911 o análisis de dispositivos móviles y bitácoras de vehículos.
Además, la Fiscalía está reconstruyendo paso a paso la ruta seguida por los militares desde el sur de Guayaquil hasta su centro de operaciones en la Base Aérea de Taura (los involucrados dicen haber abandonado a los niños en esa parroquia), incluyendo grabaciones de peajes en las inmediaciones.
La reconstrucción de los hechos es una teatralización técnica que permite contrastar versiones con la evidencia objetiva, explicó la fuente consultada. Y concluirá con una teoría que se ajuste al resto de diligencias.
Asimismo, se confirmó que la Fiscalía tomó acciones para garantizar la seguridad de las familias, conforme al protocolo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para personas desaparecidas, debido al involucramiento de agentes estatales en el caso.
También se solicitó el ingreso de las familias y de testigos clave en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, aunque esto no se habilita de forma inmediata y su implementación depende también de la aceptación formal por parte de los beneficiarios.
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