Las cárceles de Ecuador, sin seguro desde hace 11 días
El proceso que el SNAI inició en el sistema de compras públicas fue suspendido tras el reclamo de una de las empresas participantes.
Vista exterior de la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, el 10 de enero de 2024.
- Foto
API
Autor:
Actualizada:
Compartir:
El Gobierno, a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la libertad (SNAI), lanzó el proceso para contratar las pólizas de seguros para sus bienes el 27 de junio de 2024. Pero, en el camino, el proceso fue suspendido.
El SNAI tenía un contrato con la aseguradora La Unión, que terminó el 3 de agosto, así que, desde esa fecha, los bienes estatales -que incluye las cárceles- están sin seguro.
En el nuevo proceso, que tenía un presupuesto referencial de USD 2,8 millones, el SNAI recibió ofertas de tres empresas: Latina Seguros C.A., La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A., y Seguros Alianza S.A.
Durante el proceso, la Comisión Técnica de SNAI calificó a La Unión, "por cuanto cumple con las condiciones legales de integridad de la oferta, requisitos mínimos, términos de referencia, pliegos y condiciones generales"
Y consideró que Alianza y Latina de Seguros no cumplían con los requerimientos, pero Alianza elevó el reclamo al Servicio de Contratación Público (Sercop) y solicitó "dejar sin efecto el acta de calificación de ofertas, enmendar la evaluación de las ofertas y proceder a la evaluación por puntaje de todas las ofertas, en legal y debida forma".
Actualmente, el proceso consta como "suspendido".
¿Qué quería contratar SNAI?
La entidad estaba buscando tres tipos de seguros:
- Multi riesgo (Incendio y Líneas Aliadas; Robo; Equipo Electrónico; Rotura de maquinaria, Equipo y Maquinaria de Contratista, Obras Civiles Terminadas.
- Vehículos.
- Equipo y Maquinaria de Contratista.
Según el informe de necesidad que sirvió de base para iniciar el concurso, el SNAI posee bienes muebles e inmuebles que deben ser asegurados y valorados en USD 28,9 millones, y tiene bajo su control otros bienes que le pertenecían al desaparecido Ministerio de Justicia, avaluados en USD 225,7 millones.
Compartir: