Así cambió el sistema de protección a altos funcionarios, tras el asesinato de Villavicencio y otros crímenes políticos

Dejaron atrás sus uniformes camuflaje y verde oliva. Ahora visten trajes oscuros, usan gafas de sol y equipos de intercomunicación. Se trata de los agentes de protección de la Policía Nacional. Su tarea es salvaguardar la vida de las máximas autoridades del país.

La crisis de seguridad que vive Ecuador ha cambiado el escenario en varios sentidos. Uno de ellos es el servicio público. Altas autoridades, dignatarios y candidatos son objetivos de las bandas narcodelictiva como posibles víctimas de secuestro, extorsión e incluso asesinato.

El caso más emblemático es el de Fernando Villavicencio. El 9 de agosto de 2023, siendo candidato a la presidencia de la República, el político fue asesinado a la salida de un evento de campaña, en el norte de Quito. Un sicario le disparó en la cabeza.

17 días antes, en Manta, también fue asesinado Agustín Intriago, entonces alcalde de esa ciudad. Tanto Villavicencio como Intriago estaban bajo custodia de agentes de la Policía Nacional. Pero eso no fue suficiente para evitar los atentados en su contra y sus muertes. 

Esta ola de violencia y atentados provocó que los pedidos de seguridad oficial se incrementen radicalmente, según los datos oficiales a los que accedió PRIMICIAS. Las solicitudes pasaron 50, en 2018; a más de 1.400, en 2023. Por esta razón, la Policía Nacional también cambió el paradigma con el que se custodiaba a las autoridades.

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Nueva normativa

El primer paso que tomó el Gobierno de Guillermo Lasso, tras el asesinado de Fernando Villavicencio, fue actualizar la normativa que sustenta la protección policial en Ecuador. Esta  norma se mantiene hasta la actualidad.

El 22 de noviembre de 2024, el entonces ministro Juan Zapata firmó el Acuerdo Ministerial 150. Este documento establece los parámetros y procedimientos para las actividades de seguridad y protección oficial.

Este Acuerdo detalla los 41 tipos de funcionarios que pueden solicitar protección policial:

Una de las salvedades que hace esta norma tiene que ver con la Asamblea Nacional. Ni los legisladores ni los aspirantes a curules pueden pedir seguridad policial. Mientras que la protección del Presidente y Vicepresidente de la República está a cargo de la Casa de Seguridad Militar.

Además, se establece que las entidades de origen de los solicitantes de seguridad deben tener partidas presupuestarias aprobadas para cubrir los gastos de viáticos, transporte e implementos de seguridad de las cápsulas de seguridad asignadas.

Más agentes disponibles

Hasta inicios de 2024, la Dirección Nacional de Protección y Seguridad (Dinpro) contaba con 1.300 agentes de protección, provenientes de unidades de élite que se encargaban de dar seguridad a autoridades de alto nivel y candidatos.

Pero, debido a la ola de inseguridad, el incremento de atentados y de solicitudes, se emprendió una nueva estrategia

Desde enero hasta inicios de agosto de 2024, agentes especializados y con experiencia en seguridad y protección empezaron a capacitar a policias pertenecientes a tres divisiones:

• Dinpro: Se encargan de dar seguridad a autoridades nacionales de alto nivel.
  
• Unidad Nacional de Protección a Víctimas y Testigos (Unprov): Protección a víctimas y testigos reconocidos por la Fiscalía.
• Eje preventivo: Cápsulas de seguridad para alcaldes, prefectos y gobernadores.

Hasta el momento, se han dictado siete cursos y se han graduado más de 600 policias. Durante un mes, grupos de entre 80 y 90 aspirantes se internan en la Escuela de Formación de Policías en Ambato, Tungurahua.

En ese lugar aprenden técnicas de defensa personal, tiro práctico, rescates, conducción evasiva y defensiva, entre otras.

La intención, según Antonio Tricerri, director de la Dinpro, es ampliar la planta de agentes de protección y que la mayor cantidad de policías este capacitada para sumarse a cápsulas de protección cuando sea necesario.

Además, a mediados de septiembre, se lanzará un curso especial para oficiales quienes se encargarán de la seguridad a los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, en las elecciones previstas para el 9 de febrero de 2025.