Cuentas en rojo: el déficit fiscal marca el primer trimestre de 2025 en Ecuador
Ecuador tuvo un déficit de USD 726 millones en el primer trimestre de 2025. Aunque los ingresos subieron, el gasto creció aún más, impulsado por sueldos y deuda, lo que pone en riesgo la estabilidad fiscal.
El Estado acumuló USD 1.139 millones en atrasos, afectando sectores como salud y educación.
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Durante los primeros tres meses de 2025, el Estado ecuatoriano tuvo más ingresos que en 2024, pero también un mayor gasto, lo que dejó un resultado negativo de USD 726 millones.
El Presupuesto General del Estado (PGE) registró ingresos por USD 5.765 millones y gastos por USD 6.490 millones entre enero y marzo de 2025. La diferencia entre ingresos y gastos resultó en un déficit de USD 726 millones, el tercero más alto en la última década para un primer trimestre.
Este resultado deficitario se explica porque los gastos crecieron un 18%, pero los ingresos apenas aumentaron un 5%.
Ingresos crecen, pero son menores que hace 10 años
En el primer trimestre de 2025, el PGE registró ingresos por USD 5.765 millones, una cifra superior a la de los dos años anteriores, pero USD 1.219 millones por debajo de lo recaudado en 2015.
Si bien la recaudación tributaria (USD 4.196 millones) muestra un crecimiento frente a 2024, los datos evidencian que los ingresos por impuestos se han mantenido relativamente estables en la última década.
La verdadera fuente de volatilidad han sido el resto de los ingresos, que incluyen donaciones, transferencias, rentas petroleras, venta de activos, entre otros. Este comportamiento ha hecho que la participación de los impuestos dentro del total fluctúe considerablemente: pasó del 55% en 2015 al 78% en 2023, y se ubicó en 73% en 2025.
Pero esta evolución no responde a un crecimiento sostenido del componente tributario, sino más bien a los vaivenes de las fuentes no permanentes.
Un ejemplo claro se dio en 2022, cuando el total de ingresos alcanzó un máximo gracias a un aumento significativo en transferencias y rentas de inversión.
Sin embargo, al año siguiente, esos recursos se desplomaron, y con ellos el peso de los ingresos no tributarios, lo que hizo que los impuestos volvieran a representar casi ocho de cada diez dólares recaudados por el Estado.
El gasto alcanzó su nivel más alto desde 2015
En los primeros meses de 2025, los gastos del Estado sumaron USD 6.490 millones, lo que representa un incremento del 18% respecto al mismo periodo de 2024. Se trata del nivel más alto para un primer trimestre desde 2015.
Los sueldos y salarios fueron el grupo de gasto más importante, con USD 2.387 millones, lo que equivale al 37% del total.
En segundo lugar, se ubicaron las transferencias corrientes, que sumaron USD 1.492 millones y representaron el 23% del gasto. Ambas categorías aumentaron frente a 2024 y explican buena parte del crecimiento total.
El gasto en servicio de deuda también tuvo un peso significativo: los egresos financieros alcanzaron USD 1.079 millones, equivalentes al 17% del total. Esta es la participación más alta desde que se tiene un registro comparable.
Por su parte, los bienes y servicios representaron el 6% del gasto total, con USD 406 millones. Esta categoría ha perdido protagonismo frente a años como 2015 o 2022, cuando llegó a superar el 30%.
Finalmente, la inversión y el gasto de capital sumaron USD 1.095 millones, lo que representa el 17% del total. Aunque este monto es superior al de 2024, continúa lejos de los niveles observados en 2015 y 2017, cuando la inversión representaba el 29% y 36% del gasto total, respectivamente.
La evolución histórica muestra un cambio en la estructura del gasto: en 2015, el 31% del presupuesto del primer trimestre se destinaba a bienes y servicios, y el 29% a inversión y capital. En 2025, esos valores se redujeron a 6% y 17%, respectivamente, mientras que el peso de los gastos rígidos, como sueldos, transferencias y deuda, ha aumentado.
Atrasos fiscales llegan a USD 1.139 millones
En el primer trimestre de 2025, el Estado ecuatoriano devengó USD 6.490 millones, pero pagó únicamente USD 5.351 millones. La diferencia de USD 1.139 millones corresponde a atrasos presupuestarios.
El presupuesto devengado representa el valor de bienes, servicios u obras que ya fueron entregados por contratistas o proveedores, y que han sido tramitados por las entidades públicas.
El pagado, en cambio, corresponde a los desembolsos efectivamente realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. La diferencia entre ambos valores muestra las obligaciones pendientes de pago.
Los mayores atrasos se concentraron en los siguientes grupos:
- Inversión y capital: USD 583 millones
- Transferencias corrientes: USD 334 millones
- Bienes y servicios: USD 205 millones
Por el contrario, los sueldos y salarios y los egresos financieros registraron atrasos mínimos, de apenas USD 5 millones cada uno.
A nivel sectorial, el Tesoro Nacional registró el mayor monto, con USD 780 millones. Le siguieron:
- Salud: USD 110 millones
- Educación: USD 70 millones
- Comunicaciones: USD 39 millones
- Bienestar Social: USD 46 millones
- Ambiente: USD 30 millones
Asimismo, entre las entidades con mayor volumen de obligaciones pendientes están:
- Gobierno Central: USD 775 millones
- Ministerio de Salud Pública: USD 108 millones
- Ministerio de Educación: USD 48 millones
- Ministerio de Inclusión Económica y Social: USD 46 millones
Para explorar estos datos, se puede consultar el siguiente gráfico interactivo con los atrasos por sector y entidad:
Un desequilibrio que exige decisiones: menos gasto o más ingresos
El déficit de USD 726 millones acumulado en apenas tres meses marca una señal de alerta. A pesar del incremento en los ingresos tributarios, el gasto del Estado crece con más fuerza, presionando las finanzas públicas en un momento particularmente sensible.
Ecuador mantiene un acuerdo vigente con el FMI que exige avanzar hacia la consolidación fiscal y reducir el déficit en 5,5 puntos del PIB entre 2024 y 2028.
Cumplir ese objetivo requiere tomar decisiones en el corto plazo: aumentar ingresos permanentes o contener el gasto. Todo esto en un año electoral, con necesidades de financiamiento que superan los USD 8.000 millones y con exigencias políticas que pueden ejercer más presión en el próximo presidente o presidenta de la República.
(*) Elaborado por economista Silvio Guerra, analista económico Revista Gestión.
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