Municipio de Quito denunciará por desacato a constructora del edificio donde falleció un obrero
El Municipio de Quito prepara una denuncia contra la Inmobiliaria Tesla Buildings Corporation por dos delitos: desacato a una autoridad competente y rotura de los sellos de clausura. Si se comprueba homicido culposo, los representantes se exponen a una pena de hasta cinco años.
Edificios con sellos de clausura, ubicados en el norte de Quito, el 22 de julio de 2024.
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Primicias
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La muerte de un obrero que cayó desde un edificio que se construye en el norte de Quito, el 16 de julio de 2024, sacó a la luz una serie de presuntas irregularidades que cometió la Inmobiliaria Tesla Buildings Corporation, encargada del proyecto.
Según la Agencia Metropolitana de Control (AMC) la construcción del edificio ha sido suspendida tres veces por haber iniciado las obras, sin contar con la licencia que le autoriza a empezar la obra, conocida como LMU-20.
En entrevista con PRIMICIAS, José Antonio Vaca, director metropolitano de Inspección, explica que la primera suspensión se realizó en noviembre de 2023 cuando se verificó la falta del permiso durante un operativo de control.
La segunda se remota al 15 de mayo de 2024 y la tercera ocurrió el 10 de julio pasado: es decir, seis días antes de la muerte del trabajador.
El funcionario sostiene que "si se respetaba la orden, esa persona no fallecía porque no debía estar ahí".
Lo más preocupante, dice Vaca, es que no se trataría de un caso aislado pues hay constructoras que prefieren establecer un litigio con el Municipio, en lugar de cumplir con la normativa.
¿Por qué la constructora ejecutaba trabajos si la edificación tenía un sello de clausura?
El análisis debe ser más amplio. En estos días leí que el deporte nacional en Ecuador es no cumplir con la normativa. Esto es así porque hay una gran cantidad de construcciones en Quito, de diferente índole, que no tienen permisos.
Estos permisos tienen que ver con estudios arquitectónicos, de ingeniería civil, eléctricos e hidrosanitarios.
Muchas personas no hacen estos estudios porque no tienen los recursos, pero las grandes constructoras sí los tienen y aún así no cumplen con los procesos.
Cuando ponemos un sello de clausura, enseguida salen 500 abogados, 500 arquitectos y 500 ingenieros. Esto no pasa en los quintiles 1 y 2 (ndlr. sectores de menores ingresos económicos).
"Las grandes empresas, por una muy mala práctica, prefieren entrar en un litigio con el Municipio en lugar de obtener los permisos".
José Antonio Vaca
¿No sería mejor que, en lugar de pagar abogados, hagan el proceso de una forma adecuada desde el inicio? Y pregunto porque, pese a que ganen el litigio, no implica que se le entregue el permiso de construcción. Deben cumplir este requisito.
Le insisto, en el caso de esta constructora, ¿qué norma incumplió?
Revisamos 10 proyectos de la constructora: tres no han iniciado, seis solo tenían permisos para hacer derrocamientos y solo uno tenía la licencia de construcción.
El 10 de julio constatamos que en todos los proyectos hay avances de construcción que van desde 500 hasta 7.000 metros cuadrados, sin contar con la licencia.
"El único edifico que tenía la licencia supera el número de pisos autorizados".
José Antonio Vaca
Al parecer tienen una lógica de trabajo que prioriza el funcionamiento del negocio. Algo que está bien, pero cumpliendo los requisitos.
¿Qué está pasando con los edificios que solo tienen licencia para derrocar?
Están construyendo, con avances que ya dejan ver obra gris. En el caso del edificio en el que falleció el trabajador, verificamos que hubo una clara continuación de la obra, a pesar de que fue suspendida en noviembre de 2023.
Debo aclarar que el 10 de julio pusimos un sello de suspensión y la persona fallece el 16 de julio. Si se respetaba la orden, esa persona no fallecía porque no debía estar ahí.
¿Qué sanción pueden enfrentar los dueños de la constructora?
Vamos a poner una denuncia por los delitos de desacato a una autoridad competente y por haber roto los sellos de clausura.
Estos delitos son sancionados con una pena de uno a tres años de prisión. Y, desde la parte administrativa, deberán pagar una multa de hasta 100 salarios básicos por desacatar la orden de suspensión.
Sin embargo, si se comprueba un homicidio culposo, la pena puede incrementarse hasta cinco años.
¿Cómo evalúa el tema del cumplimiento de las normas de parte del sector de la construcción?
Sin estadísticas es muy difícil hablar.
¿Las constructoras no cumplen con la normativa porque los trámites del Municipio son engorrosos?
No. Es una costumbre que viene desde hace mucho tiempo atrás porque el Municipio no ha ejercido autoridad. Recuperar esta autoridad es un trabajo difícil porque nos enfrentamos a un desorden que arrastra la ciudad desde hace 10 años.
Las personas hacen cosas sin importar lo que implique, con tal de tengar algún beneficio.
¿Cuál es el proceso para obtener la licencia de construcción?
El Municipio tiene dos entidades colaboradoras que participan en el proceso: el Colegio de Arquitectos y Desintecsa. Ellos hacen dos revisiones a los planos arquitectónicos y a las ingenierías estructurales.
Tras esas evaluaciones hacen un informe de conformidad y, si es favorable, las administraciones zonales entregan las licencias de construcción.
Si no tienen este documento, la AMC entra a suspender la infraestructura.
También hay otra parte que se conoce como declarativa, que no se revisa porque es algo secundario. Aquí entran, por ejemplo, los diseños eléctrico e hidrosanitarios.
A esto hay que sumar el plan de seguridad que, si bien no se revisa para entregar el permiso, sí nos garantiza que las empresas lo pongan en marcha en las construcciones.
¿En algún punto, el Municipio puede derrocar las edificaciones que no cumplen la normativa?
Cuando se termina el proceso sancionador, hay una obligación que deben cumplir las constructoras.
Este documento les dice que saquen los permisos o que derroquen. Yo nunca he visto que se derroque un edificio, sino que siempre consiguen las licencias.
¿Qué plazo tienen para obtener la licencia, luego de que la AMC coloca un sello de clausura?
El proceso dice que la obtención de la licencia debe durar entre seis y ocho meses. Aunque si no cumplen se puede forzar al derrocamiento de la infraestructura.
Pero el principal llamado es a que se cumpla la normativa. No podemos tener un policía o un agente por cada habitante de la ciudad. Esto también es un tema de corresponsabilidad.
¿Cuántos edificios han sido sancionados por el Municipio?
No hay estadísticas sobre este tema. Esperamos tener datos con nuevos sistemas tecnológicos que esperamos tener en los próximos meses.
Uno de ellos es un sistema de georreferenciación que nos permitirá tener datos más precisos sobre los edificios que se construyen en la ciudad.
La AMC cuenta con alrededor de 100 funcionarios que se dedican a controlar el comercio informal, las invasiones, las construcciones y el buen uso del espacio público. ¿Son suficientes?
Nunca son suficientes. El problema es que no hemos hecho un análisis para saber cuántos funcionarios necesita la AMC.
Pero también hay limitaciones muy fuertes respecto al crecimiento de la masa salarial. Yo puedo decir que necesitamos 1.000 personas, pero el momento que digamos que necesitamos ese número, habrá críticas.
Es por eso que estamos analizando una afiliación a los sistemas de georreferenciación satelital y que ciertas competencias sean asumidas por otras entidades municipales.
PRIMICIAS intentó comunicarse con la Inmobiliaria Tesla Buildings Corporation desde el pasado 21 de julio, a través de los contactos telefónicos y correos electrónicos que constan en la Superintendencia de Compañías, pero no obtuvo respuesta.
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