Municipio de Quito analiza un incremento en la tarifa del agua potable
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, considera que "el precio del agua en la ciudad es ridículamente barato". Concejales tienen posiciones contrarias sobre el incremento de la tarifa.
Moradores de Tumbaco se abastecen de agua, el 8 de noviembre de 2024.
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Los problemas con el abastecimiento de agua potable que enfrenta en Quito han llevado al Concejo Metropolitano de Quito a discutir sobre la necesidad de analizar un incremento en la tarifa del agua potable.
Durante la sesión del 19 de noviembre de 2024, el concejal correísta Adrián Ibarra impulsó una resolución que exhorta al alcalde Pabel Muñoz a "identificar la posibilidad de implementación, a través de una ordenaza o acto normativo correspondiente, el cobro de una tarifa diferenciada sobre el consumo de agua potable en Quito".
Según Ibarra, la iniciativa permitirá identificar una "real diferenciación de tarifas para el consumo del agua potable, pues quien más consume o desperdicie, debe pagar más".
El funcionario agregó que el posible aumento de la tarifa se aplicaría tomando en cuenta, entre otras cosas, la ubicación y nivel socioeconómico de los más de 1.200 barrios que tiene la ciudad.
Tras varias intervenciones y críticas, el documento fue aprobado con 12 votos a favor, incluido el de Muñoz.
Si bien el Alcalde no expresó su posición sobre el aumento, dijo que es necesario que el Concejo debata este tema. Aunque en su intervención dio a entender que las tarifas deberían revisarse porque "el costo del agua en la ciudad es ridículamente barato con relación a otras ciudades".
En Guayaquil, por ejemplo, el monto más bajo que pagan las personas es de USD 0,34 por metro cúbico de agua, siempre que consuman hasta 15 metros cúbicos. En Cuenca, la tarifa más económica es de USD 0,60 si utilizan hasta 10 metros cúbicos y en Quito es de USD 0,31 para quienes usan hasta ocho metros cúbicos.
Estos valores aumentan conforme sube el consumo. La mayoría de personas en Guayaquil pagan USD 0,51 por cada metro cúbico, pues consumen entre 16 y 30 metros cúbicos. Mientras que en Cuenca pagan USD 0,75 y en Quito, USD 0,40.
Críticas a la propuesta
El concejal Andrés Campaña criticó la iniciativa de Ibarra, pues sostiene que el Alcalde es quien debe establecer la tarifa del agua potable, según el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad). Además, dijo que en Quito ya se aplica una tarifa diferenciada.
Para él, lo que busca el bloque correísta es "evitar que el Alcalde asuma el costo político que implicaría un incremento de las tarifas". Sin embargo, es partidario de que la Empresa de Agua Potable revise las actuales tarifas.
En esto coincide el también concejal Bernardo Abad. Cree que las autoridades deben tomar medidas en el corto plazo para evitar que "Quito se quede sin agua".
El concejal Michael Aulestia aseguró que el Alcalde no necesita un exhorto para aumentar las tarifas del agua potable porque su cargo le faculta a hacerlo a través de un proyecto de ordenanza.
Mientras que la concejala Analía Ledesma recordó que la propuesta de Ibarra no es nueva, pues desde 2019 el directorio de la Empresa de Agua Potable planteó la necesidad de revisar las tarifas.
Sin embargo, los dos funcionarios coinciden en que las tarifas no deberían incrementarse ante la actual situación económica que atraviesa la ciudad.
Alto consumo y desperdicio de agua
El alto consumo de agua potable y su desperdicio son los principales motivos por el que Quito enfrenta problemas de abastecimiento de agua potable, según las autoridades del Municipio.
La gerenta de la Empresa de Agua Potable, Verónica Sánchez, dice que cada habitante utiliza alrededor de 146 litros de agua al día, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no se superen los 100 litros.
"El agua que desperdicia Quito serviría para llenar más de 45 piscinas olímpicas al día", compara.
Con relación al mal uso del agua, Sánchez dice que las lavadoras ilegales de autos son los negocios que más agua desperdician.
La Agencia Metropolitana de Control anunció que realizará operativos de control a lo largo de la semana para clausurar a las lavadoras que no cuenten con los permisos de funcionamiento.
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