Expresidente Lenín Moreno es condenado a cinco años de cárcel por el caso Sinohydro

Por unanimidad, el tribunal también condenó a cinco años de cárcel a Cai Rungo, exembajador de China en Ecuador, y a dos ejecutivos de Sinohydro, en calidad de autores directos de cohecho. 

Con una pena de cinco años de cárcel, y la "incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público", fue condenado el expresidente Lenín Moreno, en calidad de autor de cohecho en el caso Sinohydro.

En tanto que Rocío González, esposa del exmandatario, y su hija Irene Moreno, así como sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno fueron condenados a dos años y seis meses, en calidad de cómplices, al igual que el abogado Eduardo Cargminiani. 

El lobista Conto Patiño también deberá pugar cinco años de cárcel. Mientras que cuatro de sus hijos (María Auxiliadora, Patricia, Manuel Ignacio y Juan Carlos), y su yerno Xavier Macías, fueron condenados a dos años y seis meses de prisión.

El tribunal determinó que, en todos los casos de cohecho analizados, la restitución económica corresponde al triple del monto del que se habría beneficiado cada procesado, de acuerdo con la sentencia.

Así, las personas declaradas autoras o cómplices deberán restituir tres veces el beneficio económico individualmente atribuido, incluidos los familiares y allegados de Lenín Moreno y los procesados vinculados al esquema de Sinohydro

En el caso Sinohydro están involucradas una veintena de personas, entre ellos varios chinos como Cai Runguo, exembajador en Quito, quien fue declarado autor directo de cohecho.

Otro procesado José Eduardo Carminiani Valencia fue declarado culpable como cómplice de cohecho, al determinarse que, como abogado vinculado a las estructuras empresariales de Conto Patiño, participó en negociaciones relacionadas con Sinohydro y recibió USD 3,3 millones provenientes del circuito financiero investigado.

El tribunal consideró que su participación facilitó de manera consciente y secundaria la recepción y administración de parte de los recursos vinculados al esquema de cohecho. Antes del veredicto, el abogado se pronunció en redes sociales.

Asimismo, el abogado Carlos Oswaldo Almeida Almeida también fue declarado culpable como cómplice de cohecho. La Fiscalía lo vinculó al núcleo empresarial de Conto Patiño y sostuvo que, como abogado relacionado con esas estructuras, cooperó en la recepción y administración de recursos provenientes del esquema de pagos de Sinohydro.

María Auxiliadora Patiño Herdoiza y Xavier Macías Carmigniani, hija y yerno de Conto Patiño, así como sus otros hijos Patricia de las Mercedes, Juan Carlos y Manuel Ignacio Patiño Herdoiza, otros de sus hijos, fueron declarados culpables como cómplices de cohecho en el caso Sinohydro. 

El tribunal concluyó que los tres participaron de forma consciente y secundaria en estructuras societarias y financieras utilizadas para recibir y distribuir recursos vinculados al proyecto Coca Codo Sinclair.

Según la sentencia, María Auxiliadora intervino en empresas utilizadas para canalizar los recursos, Xavier Macías facilitó su recepción y distribución mediante cuentas y sociedades bajo su control, mientras que Juan Carlos participó en la conformación y reorganización de Recorsa y recibió al menos USD 540.690 provenientes de esas estructuras.

En el caso de de Manuel Patiño, como secretario de Recorsa, el tribunal dijo que su actuación tiene relevancia en este entramado al figurar como firma autorizada para la emisión de cheques de la estructura.

Patricia de las Mercedes Patiño Herdoiza fue declarada culpable como cómplice de cohecho, al determinarse que, como accionista y miembro de la directiva de Comercial Recorsa y Recorsa S.A., participó en decisiones societarias vinculadas a estructuras utilizadas para recibir y distribuir recursos de Sinohydro; además, recibió USD 120.000 en cinco pagos entre 2012 y 2019, lo que, según el tribunal, evidenció una cooperación indirecta, voluntaria y consciente en el esquema de cohecho encabezado por Conto Patiño.

El empresario y lobista Conto Patiño Martínez fue declarado culpable como autor directo de cohecho, al determinarse que controló las sociedades que recibieron y distribuyeron USD 76,18 millones vinculados a Sinohydro.

El tribunal concluyó que utilizó esa estructura para canalizar recursos hacia funcionarios públicos y personas de su entorno, con el propósito de favorecer la adjudicación, financiamiento y ejecución del proyecto Coca Codo Sinclair.

La sentencia señala que Patiño actuó como articulador entre Sinohydro y Ecuador y que, a través de Recorsa y otras sociedades, recibió recursos equivalentes aproximadamente al 4% del valor del contrato. Los jueces consideraron que las supuestas consultorías utilizadas para justificar estos pagos no acreditaron una causa económica suficiente para explicar el movimiento de los millones de dólares.

Edwin Moreno Garcés, hermano de Lenín Moreno, fue declarado culpable como cómplice de cohecho tras determinarse que recibió USD 217.000 vinculados al esquema investigado.

El tribunal concluyó que, además de recibir recursos directamente, coordinó el cobro de cheques mediante terceros, una actuación que consideró consciente y secundaria dentro del mecanismo de distribución de recursos.

Asimismo, Guillermo Moreno Garcés, exfiscal de Napo y otro hermano de Lenín Moreno, fue declarado cómplice de cohecho tras recibir un cheque de USD 10.000 emitido por una empresa investigada y utilizar su cuenta bancaria para efectivizarlo.

El tribunal concluyó que prestó su identidad y cuenta de manera consciente para facilitar la circulación de recursos destinados al entorno de Lenín Moreno, pese a que no participó directamente en los actos funcionales del delito principal.

Marta González Navas, cuñada del expresidente, fue considerada cómplice de cohecho por recibir USD 15.000 en dos cheques de una empresa cuya cuenta también fue utilizada para distribuir dinero a personas vinculadas al entorno de Lenín Moreno. El juez aclaró que la condena no se sustentó únicamente en su parentesco.

Según el tribunal, no se pudo acreditar una causa económica que justificara esos dos pagos. Consideró que la reiteración de las transferencias, el origen de los fondos y la vinculación de la empresa con otros beneficiarios permitieron establecer una cooperación secundaria y consciente en la distribución de recursos.

Tras el receso, el Tribunal del caso Sinohydro declaró a Rocío González Navas, cónyuge del expresidente Lenín Moreno, culpable en calidad de cómplice del delito de cohecho pasivo. Los jueces determinaron que facilitó su esfera patrimonial para la recepción indirecta de beneficios económicos derivados del delito.

El fallo acreditó que González recibió un cheque por USD 1.568 girado el 12 de enero de 2015 desde la cuenta panameña de Comercial Recorsa. El Tribunal desestimó la justificación de la defensa sobre un supuesto contrato de 100 agendas turísticas por carecer de registro en la contabilidad de la empresa pagadora.

Los magistrados señalaron que, aunque González registró ingresos lícitos por USD 1,16 millones ante el SRI entre 2010 y 2018, la infracción se configuró al canalizar fondos provenientes del circuito financiero de Sinohydro. 

De igual forma, el Tribunal declaró a Irina Moreno González culpable en calidad de cómplice del delito de cohecho pasivo. Los jueces concluyeron que facilitó su ámbito patrimonial para canalizar beneficios económicos indirectos dirigidos a su padre, el expresidente Lenín Moreno.

El fallo judicial acreditó que recibió USD 52.000 de la supuesta red: USD 40.000 mediante un cheque de la empresa Ginepri SA firmado por Xavier Macías en diciembre de 2013, y USD 12.000 mediante tres cheques emitidos por Comercial Recorsa.

El expresidente Lenín Moreno se convirtió en el cuarto procesado del caso Sinohydro en ser declarado culpable. Así lo determinó el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

 Los jueces determinaron que, valiéndose de su condición de vicepresidente, ejecutó actuaciones para viabilizar el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

El fallo, además, expuso la ruta del dinero hacia el entorno familiar del exmandatario. La pericia financiera y los informes bancarios identificaron pagos a su hermano Edwin Moreno por USD 217.000: USD 50.000 de Javier Macías, USD 67.000 de Ginepri SA y USD 100.000 provenientes de la firma offshore INA Investment Corp.

Así también se expuso un esquema de cobros mediante terceros allegados a Edwin Moreno, otro hermano del expresidente. Mario T. cobró USD 60.000, Fabián Z. cambió cheques por USD 20.000 y Lucía C. gestionó USD 80.000.

La resolución acreditó transferencias de la firma Ginepri SA a su hija Irina Moreno por USD 40.000 y pagos a su cuñada Martha González. Además, registró un cheque emitido por Comercial Recorsa a nombre de su cónyuge, Rocío González, por USD 1.568.

El tribunal probó la compra de muebles por USD 19.342 pagados por la empresa offshore INA Investment Corp a la firma Moinat SA, los cuales fueron entregados en el departamento registrado por Moreno en Ginebra, Suiza.

Los magistrados también identificaron indicios en la adquisición del departamento 12 del edificio Las Cumbres, en Quito, comprado formalmente por Moreno y su esposa en 2014 por USD 225.000. Tras proclamar esta culpabilidad, el Tribunal dictó un receso de 30 minutos.

Siguiendo con la lectura de la sentencia del caso Sinohydro, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró a María Augusta Vaquero Carvajal culpable en calidad de cómplice del delito de cohecho pasivo. 

Los magistrados determinaron que facilitó su cuenta bancaria personal para recibir USD 148.000 en tres pagos de Comercial Recorsa destinados a su núcleo familiar con Luciano Cepeda, su pareja.

Los jueces concluyeron que Vaquero cooperó de forma secundaria para diversificar el ingreso de los fondos ilícitos entre 2011 y 2013 mediante un cheque de USD 50.000 y dos giros desde Panamá por USD 25.000 y USD 73.000, sin que existiera justificación comercial o relación contractual.

Asimismo, los jueces declararon a Henry de Jesús Galarza Correa, exgerente de la empresa pública Coca Codo Sinclair, culpable a título de autor directo de cohecho pasivo. La resolución judicial probó que recibió USD 223.000 mediante 10 cheques emitidos por Comercial Recorsa desde Panamá entre marzo de 2012 y septiembre de 2015.

El fallo estableció que Galarza utilizó su cargo para viabilizar el contrato con Sinohydro al suscribir el acta de inicio de obras el 28 de julio de 2010.

Luciano Cepeda Vasco, exgerente de la empresa pública Coca Codo Sinclair, es el primer procesado por el caso Sinohydro en ser declarado culpable como autor directo del delito de cohecho pasivo. El tribunal desvirtuó su presunción de inocencia tras comprobar que recibió ventajas económicas ligadas a la adjudicación a Sinohydro.

El fallo asegura que Cepeda recibió USD 175.000 de Comercial Recorsa: un cheque por USD 50.000 depositado en un fondo de inversión en enero de 2012 y tres transferencias internacionales por USD 125.000 efectuadas desde Panamá entre 2014 y 2016, sin respaldo comercial o tributario legítimo.

Los magistrados determinaron que Cepeda ejerció funciones públicas continuas como gerente técnico, administrador del contrato principal y gerente general de la hidroeléctrica, poniendo su cargo a disposición de intereses privados. 

Tras proclamar esta primera culpabilidad, el Tribunal seguirá detallando las responsabilidades de los otros procesados, incluyendo al expresidente Lenín Moreno.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó que "la existencia del delito de cohecho está demostrada más allá de toda duda razonable" en torno a la central Coca Codo Sinclair. Ahora, el juez ponente, Manuel Cabrera, dio paso a la lectura de la responsabilidad individual de los procesados.

El fallo expuso la participación de Lenín Moreno al ejercer su posición funcional como segundo mandatario para favorecer a la red de Conto Patiño, a cambio de beneficios económicos no justificados dirigidos a su cónyuge, Judith González, su hija Irina y sus hermanos.

Además, el Tribunal detalló los pagos ilícitos a exfuncionarios públicos: USD 223.000 a Henry Galarza por agilizar el trámite del crédito financiero con China y pagos periódicos a Luciano Cepeda, administrador del contrato y exgerente técnico de la empresa pública.

Asimismo, los jueces expusieron el rol operativo de María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías en las firmas panameñas Espíritu Santo Holdings e Ina Investment Corp, receptoras de las comisiones del 4% entregadas por la constructora Sinohydro.

Posteriormente, el Tribunal expuso el esquema corporativo de Comercial Recorsa y Recorsa SA, vinculadas a Conto Patiño. Con base en asistencias penales internacionales, se detalló que Comercial Recorsa recibió transferencias de Sinohydro por USD 75,6 millones entre 2010 y 2017 en Panamá.

La lectura identificó transferencias hacia otras firmas: USD 3,4 millones a Espíritu Santo Holdings, ligada a Xavier Macías y María Auxiliadora Patiño; y más de USD 4,2 millones hacia Ángeles Finance y Eduardo Carminiani. Tras este desglose, los jueces dispusieron una pausa de cinco minutos.

En la continuación de la lectura de la sentencia, el juez ponente Manuel Cabrera detalló los alegatos de las defensas y expuso el análisis de materialidad. El tribunal confirmó la calidad de servidores públicos del exvicepresidente Lenín Moreno, de Luciano Cepeda y de Henry Galarza durante las fases de contratación de Coca Codo Sinclair.

La defensa de Moreno alegó que no suscribió contratos y que sus funciones no abarcaban el sector eléctrico. Sin embargo, los jueces determinaron que su condición de mandatario público entre 2007 y 2013 es un hecho procesalmente acreditado para examinar el presunto cohecho.

Además, el fallo repasó la licitación de 2008 y la suscripción del contrato en octubre de 2009 con Sinohydro por USD 2.247 millones, además del crédito con el Eximbank de China firmado el tres de junio de 2010 para financiar el 85% de la infraestructura.

En primera instancia, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró la validez del proceso penal tras descartar vicios o vulneraciones al debido proceso en contra de los 21 procesados por presunto cohecho.

El Tribunal, además, rechazó las objeciones de la defensa sobre la incorporación de discos compactos e información tributaria y bancaria remitida por el SRI y un banco privado. Los magistrados determinaron que los soportes digitales son oportunos en el caso bajo el principio de unidad de la prueba.

Los jueces también resolvieron excluir la prueba documental número ocho de la Fiscalía, correspondiente a un contrato en idioma extranjero, por no contar con el testimonio de sustentación de un perito traductor. También desecharon un informe diplomático con China por considerarlo impertinente.

A esta hora, la diligencia continúa con el análisis de la acusación fiscal por cohecho contra el expresidente Lenín Moreno y otros 20 señalados. El Tribunal precisó que resolverá los grados de autoría y complicidad aplicando el principio constitucional de favorabilidad penal más benigno.

Pasadas las 08:30 de este viernes 28, el juez Cabrera declaró reinstalada la audiencia de juicio del caso Sinohydro y arrancó anunciando que la sentencia se ha tomado por unanimidad.

La diligencia está prevista para las 08:00 del 28 de agosto de 2026. El expresidente Lenín Moreno arribó a la sala del octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. 

El Tribunal de Juicio compuesto por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga dará a conocer la resolución del caso.