TCE difiere reunión sobre el futuro de la vicepresidenta Verónica Abad, quien acusa de prevaricato a un juez
El Pleno del TCE no se instaló para tratar el caso de Verónica Abad. Jueces pidieron más tiempo para analizar el proyecto de sentencia. Mientras, la vicepresidenta denunció por supuesto prevaricato al juez Guillermo Ortega.

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, en una rueda de prensa en Quito, el jueves 9 de enero del 2025.
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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió diferir la sesión plenaria, en donde estaba prevista una resolución frente a la apelación presentada a la sentencia de primera instancia que suspendió los derechos políticos por dos años y le impuso una multa a la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad.
Los cinco jueces que componen este organismo fueron convocados a sesión del Pleno, en modalidad virtual, para las 18:15 de este viernes, 21 de marzo de 2025. Eso, a dos días del arranque de la campaña para la segunda vuelta electoral, en la que el presidente Daniel Noboa deberá pedir licencia.
Sin embargo, la sesión no se instaló porque el orden del día no fue aprobado, después de que el juez Richard González pidió más tiempo para revisar el proyecto de sentencia "tomando en cuenta la trascendencia del caso", lo que tuvo la venia unánime de sus colegas.
La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, planteó una nueva convocatoria para el próximo lunes, 24 de marzo, algo que quedó sujeto al consenso entre los jueces.
Denuncia contra juez
Abad viajó a Turquía el 17 de marzo, casi cuatro meses después de que Noboa, con quien se mantiene enfrentada, la designara como consejera en la Embajada de Ecuador en ese país.
La segunda mandataria, a través de su cuenta de X, informó este viernes que presentó ante la Fiscalía una denuncia por el presunto delito de prevaricato en contra del juez que tramita su causa, Guillermo Ortega, "por suspender los derechos políticos a la Vicepresidenta de la República, sin que esta potestad esté permitida por la Constitución".
Además, los abogados de Abad solicitaron al TCE que la causa se eleve a la Corte Constitucional mediante Consulta de Norma, pues aducen que, en su caso, la aplicación del art. 279 del Código de la Democracia "es abiertamente contrario a la Constitución de la República y la jurisprudencia constitucional cuando se trata de la suspensión de derechos del primer y segundo mandatario".
La convocatoria a esta audiencia en el TCE y el hecho de que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, señalara que se exploran "varios caminos" para que vicepresidenta no asuma Presidencia, a propósito de la campaña por la reelección de Noboa, llevaron a Abad a advertir un "golpe a la democracia".
"Gobierno busca "alternativas" para mi destitución una vez más. Todas ilegales e ilegítimas, borrarán de un plumazo nuestra democracia y violarán nuestra Constitución, una vez más. Ahora, mediante jueces electorales cuestionados por ser parte de la persecución a políticos opositores", posteó en su cuenta de X.
La sanción contra Abad se desprende de una denuncia de la canciller, Gabriela Sommerfeld, por violencia política de género. Además de suspender sus derechos políticos por dos años, el juez electoral, Guillermo Ortega, le impuso una multa de USD 14.100, lo que fue apelado por Abad.
Según la Ley, las sentencias del Pleno del TCE son de última instancia, aunque la Constitución señala que solo la Asamblea puede censurar y destituir al presidente y vicepresidente del país.
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