Superintendencia de Compañías interviene Gráficos Nacionales Granasa, editora de los diarios Extra y Expreso
En medio de una controversia por el control de una parte del paquete accionario, la Superintendencia de Compañías dispuso la intervención de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Extra y Expreso.
Máquinas imprimen ejemplares de diario Extra, en la sede de Granasa en Guayaquil, en enero de 2026.
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Teleamazonas
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La Superintendencia de Compañías declaró la intervención de la compañía Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa que edita a los periódicos Extra y Expreso, en medio de una controversia por el control de una parte de su paquete accionario y que organismos que defienden la libertad de prensa ven como represalias del Gobierno.
La intervención, según el organismo de control, se da “con el objeto de supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”, dice la resolución que fue notificada el 18 de febrero de 2026 a la empresa.
Para la intervención, el organismo de control designó a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, quien deberá entregar informes mensuales sobre esta tarea.
La Superintendencia sostiene que Granasa está “incursa en la causal prevista en el numeral 5, del Art. 354 de la Ley de Compañías”, que guarda relación con auditorías externas y el registro de accionistas.
Causas de la intervención
En su portal de Internet, Expreso informó que esta intervención se da por pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), "aduciendo una calidad de accionista del 2,56 % cuya propiedad atraviesa un proceso legal".
Nino Cassanello, abogado de Carlos Martínez Bruno, director de Expreso y accionista que disputa la pertenencia de dicho porcentaje, explicó que los derechos de Martínez Bruno fueron violentados porque no fue escuchado como comprador de buena fe.
La Superintendencia de Compañías acogió el argumento de Inmobiliar, entidad adscrita a la Presidencia, de que la negativa a la entrega de información supuestamente viola sus derechos, para intervenirla. Mientras Granasa aduce que se pretende desconocer el derecho de la reserva entre cliente y abogado. .
"Este riesgo toma relevancia con los otros intentos infructuosos de menoscabar la integridad y credibilidad de Granasa a través del Servicio de Rentas Internas y de la Fiscalía General del Estado, con acusaciones sin sustento sobre supuesta defraudación tributaria y lavado de activos que se quedan sin piso", agrega el matutino, al tiempo de subrayar que estas acciones no doblegarán su línea editorial.
Investigación sobre acciones de Granasa
La resolución llega menos de tres meses después de que el organismo solicitara información sobre sus accionistas.
El 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia dispuso a Granasa que revierta el 40% de sus acciones que desde 2020 están en manos de Ingrid Martínez a la empresa Veranera SA, de la misma Martínez, firma que actualmente está en liquidación.
Entonces, Eduardo Carmigniani, abogado de la compañía, denunció un intento de control estatal a través de la Superintendencia, al desempolvar un proceso que “no tiene ninguna importancia” porque se habría cerrado hace seis años, según dijo a Teleamazonas.
A través de un remitido publicado por Expreso este 19 de febrero, Carmigniani remarcó que "Granasa no ha recibido ninguna orden judicial firme anulando la transferencia de acciones hecha a la señora Martínez hace más de seis años, el 6 de febrero de 2020. Entonces, tal transferencia no puede ser reversado sin anuencia expresa de todos los involucrados".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había atribuido el caso a "represalias indirectas" del Gobierno contra Granasa, editora que ha acusado al presidente Daniel Noboa de buscar "doblegarla" por ser una "voz crítica a su gestión".
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