Estas son las revelaciones más escandalosas de los ocho testimonios anticipados del caso Plaga

Hugo Lara fue el primer testigo anticipado del caso Plaga. Se trata de un joven abogado, que empezó a trabajar como pasante en el estudio jurídico del abogado Cristian Romero, que está prófugo, y -según la Fiscalía- es uno de los cabecillas de la estructura delictiva.

Lara relató que, entre 2021 y 2022, Romero recibió en la oficina a un hombre y un mujer, a quienes le presentó como una persona de confianza. Ellos, según el testigo, portaban un cartón grande de unos 1,50 metros de ancho.

Se trataba de una cocina de seis hornillas, que tenía doble fondo y en su interior había fajos con billetes de USD 20. Romero le pidió a Lara que contara el dinero, que en total sumó USD 200.000 y le dijo que era "para ponerlo a trabajar".

Lara agregó que el hombre que entregó el dinero escondido en la cocina era el hermano del Miguel Ángel Nazareno, haciendo referencia a ‘Don Naza’, el prestamista militar que fue asesinado en 2022.

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El segundo en rendir su testimonio anticipado en el caso Plaga fue el abogado Lenin Vimos, quien ha sido señalado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de la red de abogados que captaba presos y jueces.

El abogado relató como habría gestionado sobornos para la libertad de miembros de bandas delictivas. Por ejemplo, relató Vimos, visitó el cantón Yaguachi (Guayas), donde se reunió con el juez John Rodríguez, que fue el que devolvió los derechos políticos a Jorge Glas y que hoy está prófugo.

Con Rodríguez, Vimos habría acordado la liberación de Alexander Quezada, alias ‘Ariel’, cabecilla de Los Lobos. El abogado habría pagado USD 40.000 a cambio de esa liberación, que la concretó José Alfredo Mejía, otro de los procesados en el caso Plaga.

Otro caso en el que Vimos tuvo que ver se relaciona con otros cabecillas de Los Lobos. Específicamente Luis Arboleda, alias ‘Gordo Lucho’, y Jairo Zambrano Demera. 

El caso de Arboleda y Zambrano se habría fraguado en El Oro. Vimos se habría reunido, junto a otro abogado, con el juez Franklin Tenorio en Huaquillas. Tenorio es otro de los procesados en el caso Plaga. La sentencia la emitió el también juez Byron Orejuela, otro de los indagados.

Xavier A., abogado cuencano, procesado y testigo protegido del caso Plaga, relató en su testimonio anticipado cómo habrían funcionado las estructuras de corrupción que beneficiaron a narcos, sicarios, políticos y femicidas.

El abogado aclaró que había varias redes de corrupción judicial, que coexistían y servían a una banda en específico, mientras tenían sus propios jueces y abogados en nómina

Por ejemplo, según el testigo, Vimos respondía a Los Lobos, una banda que tenía dominio en cárceles de la Sierra, como la de Turi. Por esta razón, Vimos amenazaba repetidamente a Xavier A. con hacerle atentados, ya que era cercano a alias 'Gordo Luis', uno de los cabecillas de esa banda.

El exjuez Banny Molina, en cambio, desde Manabí manejaba los casos de libertades y beneficios penitenciarios de Los Choneros.

También, Xavier A. habló de otra estructura que la comandaba el expolicía Jorge Í., quien estuvo detenido en Turi y que ese paso en esa cárcel le permitió hacer contactos con funcionarios carcelarios que le permitían agilizar la liberación de detenidos. Esta red representaba a los R7.

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Hasta antes de que explotara el caso Plaga, Joffre R. fue juez de Chone, en Manabí. Luego de su vinculación fue destituido y ahora se convirtió en testigo protegido y busca colaborar con la justicia para obtener una reducción de sentencia.

A través de otro juez manabita, Joffre R. contó que conoció a Lenin Vimos y a Cristian Romero, con quien se reunió en un restaurante, ubicado en las inmediaciones del Complejo Judicial de Chone. En esa cita, Romero le habría ofrecido solucionar un expediente disciplinario en su contra.

A cambio le habría pedido a Joffre R. que aceptara unas medidas cautelares, a favor del expresidente Rafael Correa. El objetivo era, supuestamente, que le restituyeran los derechos políticos, para que pudiera volver a participar en las elecciones presidenciales.

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Mientras se planificaba la concesión de esas medidas cautelares, ese mismo 31 de mayo de 2023, el periodista Carlos Vera publicó en sus redes sociales los detalles del plan para preparar el regreso de Correa a través de una resolución judicial de Joffre R.

Según el testigo, el revuelo mediático que causó la información publicada por Vera, hizo que todo se detuviera. Romero lo llamó y le dijo que todo quedaba cancelado por el momento. Y que iba a buscar jueces en otras provincias para completar el plan.

Simón García, exjuez de Paján, cantón de Manabí, compareció ante la Corte Nacional de Justicia, el 15 de agosto de 2024 para rendir su testimonio anticipado. Nuevamente, el testimonio giró en torno a Cristian Romero y su supuesta cercanía con el correísmo.

En diciembre de 2022,  García conoció a Cristian Romero, exabogado de Jorge Glas, Leandro Norero, Daniel Salcedo y de la familia Bucaram. Se reunió con él en una cevichería cerca de Paján, provincia de Manabí.

En ese lugar, Romero solicitó a García su ayuda dictando la liberación del empresario corrupto Daniel Salcedo, quien en esa época ya tenía una sentencia por peculado relacionada con la corrupción hospitalaria que se desató en la pandemia del Covid-19.

Para convencerlo, Romero le dijo que no tuviera miedo, ya que él tenía importantes contactos en el mundo judicial y mencionó a Eduardo Franco Loor, a quien se refirió como abogado del expresidente Rafael Correa.

A continuación, Lenin Vimos habría ratificado a García que Romero tenía el respaldo de la Revolución Ciudadana, a través de la asambleísta Viviana Veloz. 

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Omar Israel J. B., abogado cuencano que, además de procesado, es testigo protegido de la Fiscalía, fue el sexto testimonio anticipado que receptó el conjuez Rodríguez, el 2 de septiembre de 2024. 

Durante su testimonio, Omar J. confesó que formó parte de la estructura de corrupción judicial para liberar a presos de manera irregular. Su acercamiento a este mundo fue a través de Lenin Vimos, abogado riobambeño, que ha sido señalado por la Fiscalía como el cabecilla de la estructura.

Omar J. compartió oficina con Xavier A., otro testificante anticipado. Xavier A., quien inició trabajando con Vimos, habría intentado abrirse su “propia línea”, que es como llamaban a una estructura de corrupción judicial que tenía sus propios jueces a su servicio. Por eso, empezó a visitar cárceles y judicaturas de otras ciudades, entre ellas, Loja, Archidona y Cañar.

En Loja, Xavier A. habría conseguido la libertad de Jorge I., quien luego empezó a trabajar para él como “reclutador”. Buscaba a los detenidos que querían salir de prisión, así como también a los jueces dispuestos a vender sus sentencias.

Para agilizar las libertades, Xavier A., según Omar J., falsificaba documentos. Por ejemplo, creaba códigos QR falsos, que son unos de los distintivos que tienen las boletas de libertad. Además, editaba certificados médicos para hacer creer que los detenidos a liberar tenían VIH.

El séptimo testimonio fue de Ángel Lindao, exjuez de La Concordia, que previamente ya fue sentenciado en el caso Metástasis, donde también aceptó su culpa y se sometió a un procedimiento abreviado.​

Según su relato, Lindao empezó a conceder medidas cautelares irregulares por pedido y presión de Cristian Romero, a quien señaló por haberlo amenazado con fotografías de su hija y mostrándole hombres armados.

Con el objetivo de liberarse de procesos administrativos que se le habían abierto por las sentencias irregulares, Lindao se acercó a Víctor Hugo M., quien era primero de Romero y dirigía la Judicatura en Santo Domingo.

A través de Víctor Hugo M., a su vez, Lindao se habría conectado con el entonces asambleísta Gruber Zambrano, quien era cercano al gobierno de Guillermo Lasso. Este político habría presionado al Juez para que reintegrara en sus cargos a cuatro vocales del CPCCS que habían sido destituidos por la Asamblea.

Así, según lo que Zambrano había dicho a Lindao cuando le agradeció en nombre de Lasso, el entonces Mandatario había ganado tiempo para conformar una nueva mayoría legislativa que evite que la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano lo destituyeran a él y a la fiscal Diana Salazar.

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Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, fue el último testificante anticipado. Compareció ante la Corte Nacional de Justicia, la mañana del 5 de septiembre de 2024.

Lejos del origen del caso Plaga, Hernández relató acerca de su influencia en la Corte Nacional de Justicia y en el Consejo de la Judicatura, donde se convirtió en una especie de operador de la corrupción.

Por ejemplo, relató que una empresa privada costeó el viaje de Iván Saquicela, expresidente de la CNJ y actual precandidato presidencial, y del juez Felipe Córdova a México, donde recibieron un doctorado honoris causa de la Universidad del Golfo de México.

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Además, acusó directamente a estos dos magistrados de haber recibido sobornos por emitir resoluciones judiciales direccionadas.

En el caso de Saquicela, Hernández aseguró que recibió USD 30.000 por ayudar a citar una audiencia para la empresa China Railway, en un caso con el que ganó USD 59 millones al Ministerio de Educación.

Mientras que sobre Córdova, el exfuncionario indicó que el juez recibió USD 20.000 de un abogado en libre ejercicio para que fallara a favor de una reconocida frutería quiteña, en un caso en el que litigaba contra el abogado Felipe Rodríguez.