Reconstrucción de Manabí: Conjuez suspende audiencia para deliberar sobre nulidades e internamiento psiquiátrico de Glas

Luego de escuchar a todas las partes procesales y sus réplicas, el conjuez Marco Aguirre suspendió la diligencia. Dijo que se tomará el tiempo necesario para deliberar y convocará a la reinstalación para dar a conocer su decisión sobre la validez procesal.

En la ronda de contrarréplicas, Andrés Villegas, abogado de Jorge Glas, se volvió a referir brevemente al pedido del internamiento de su defendido. Recordó que no es necesario que haya una sentencia en este caso para poder aplicar esta medida de seguridad.

Sobre el asunto del requisito del IRP para iniciar casos por peculado y otros delitos, el abogado del exvicepresidente insistió que la decisión de la Corte Constitucional se dio en 2019, pero añadió que dos años después, en otro fallo, el mismo organismo detalló que esa decisión debe aplicarse de acuerdo al principio de honorabilidad.

Por lo que, en este caso, si bien el COIP establece que ya no es necesario el IRP, la norma vigente cuando se dieron los hechos decía lo contrario. Y según la CC se debería aplicar la norma más favorable para el procesado.

En su intervención, Toainga empezó rebatiendo el argumento de que la investigación previa sobrepasó el tiempo legal. Según el agente, el peculado es un delito imprescriptible, tanto en la ejecución de la pena como en los tiempos del proceso investigativo.

Respecto a los pedidos del exvicepresidente Jorge Glas, el Fiscal General subrogante empezó analizando la solicitud de enviar al procesado a un hospital psiquiátrico como medida de seguridad, ya que es inimputable por un trastorno mental.

Toainga expuso que en la audiencia evaluatoria de juicio se debe analizar la validez del proceso. Por lo que lo referente a la situación de la detención de Glas debe ventilarse en otro espacio.

Además, sobre la supuesta ilegalidad en la detención de Glas, el investigador expresó que esto ya fue resuelto en una acción de habeas corpus que fue presentada por el exmandatario y en la que el fallo se ratificó su arresto.

Sobre la alegación sobre el requisito de un IRP para iniciar un proceso penal, el Fiscal dijo que la CC ya derogó esa norma y que en ese fallo, el organismo aclaró que la Fiscalía tiene la facultad de reabrir investigaciones que antes se cerraron por la ausencia de ese documento.

En cuanto a la tercera alegación de Glas, sobre la supuesta falta de autorización de la Asamblea para procesar al exvicepresidente, Toainga indicó que la norma no incluye a exfuncionarios, sino a los segundos mandatarios en funciones.

De la misma manera, Toainga rechazó todos los pedidos de nulidad de los nueve procesados. Por lo que, al final de su intervención solicitó al Conjuez que declaré la validez procesal y dé paso a la presentación de su acusación.

A las 14:30, el conjuez Marco Aguirre declaró reinstalada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Reconstrucción de Manabí. El fiscal Toainga deberá responder sobre los pedidos de nulidad.

Tras la intervención de Glas y de los abogados, el conjuez Aguirre cedió la palabra a la Fiscalía para que se pronuncie sobre los pedidos de nulidad. Sin embargo, el fiscal Wilson Toainga pidió dos horas para preparar esa intervención.

Por esta razón, la diligencia se suspendió y se reinstalará a las 14:30 del 20 de diciembre con la respuesta del Ministerio Público.

Luego de la intervención de los abogados de los nueve procesados, el exvicepresidente Jorge Glas solicitó al conjuez Marco Aguirre que lo dejara intervenir a través de una conexión telemática desde la Cárcel de la Roca. El magistrado accedió.

“Nos encontramos ante un imposible jurídico”, así comenzó Glas su intervención, al tiempo que se quejó de los cinco minutos que Aguirre le otorgó, ya que lo consideró demasiado corto. Al final, se tomó un poco más de 10 minutos.

Aunque su abogado minutos antes había solicitado que Glas sea enviado a un hospital psiquiátrico por un trastorno mental, Glas se mostró lúcido y explicó por qué él considera que el caso Reconstrucción de Manabí no tiene razón de ser.

Según Glas, el Comité de la Reconstrucción no contrató ninguna obra tras el terremoto de 2016, sino solamente priorizó algunos proyectos. Añadió que esta priorización ni siquiera era de obligatorio cumplimiento, porque hubo obras que constaban en esa lista y que se contrataron hasta dos años después.

“Estamos hablando de un influjo psíquico hacia el pasado, priorizar no es igual a peculado”.

Jorge Glas, exvicepresidente de la República

Además, el exfuncionario dijo que, si se pone atención en las responsabilidades del Comité de la Reconstrucción, que él presidió, entre estas no estaba ejecutar proyectos o contratarlos. Por lo que ni él ni Carlos Bernal asignaron fondos.

Según Glas, en el supuesto de que hubiese un delito de peculado —que él cree que no lo hay—, los responsables serían los integrantes del Ministerio de Finanzas de la época porque fue la entidad que asignó los fondos para las obras.

Y mencionó también a los representantes del Ministerio de Coordinador de la Producción, que estaban a cargo de decidir qué obras se hacían para reactivar la economía en Manabí y Esmeraldas. Lo que, según Glas, se logró.

Richard Holguín se presentó como abogado Walter Solís, exministro de Obras Públicas, que está en México en calidad de asilado, ya que en su contra pesa una sentencia por el caso Sobornos 2012-2016.

Como argumento de su solicitud de nulidad, Holguín dijo que la instrucción fiscal de 90 días por el caso Reconstrucción de Manabí terminaba el 4 de abril de 2024 y Solís fue vinculado a la causa el 20 de abril de 2024, es decir, su procesamiento habría sido ilegal.

Además, el abogado de Walter Solís insistió en que en este caso se necesitaba un IRP de la Contraloría. Y aseguró que en el expediente no hay ningún documento de la entidad de control que certifique que el exfuncionario haya sido observado por obras relacionadas por la reconstrucción

En su turno, Andrés Villegas, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, anuncio el planteamiento tres causas de nulidad. El defensor empezó solicitando que se revise el arresto del exfuncionario.

Villegas argumentó una nulidad por una supuesta detención ilegal de Glas, que lleva 260 días retenido en la Cárcel de La Roca, en Guayaquil, luego de que agentes ecuatorianos lo sacaran de la Embajada de México en Ecuador.

Según Villegas, la detención de Glas con el ingreso a esa delegación diplomática rompió normas de derecho internacional, como la Convención de Viena, y del ordenamiento ecuatoriano, ya que el COIP establece que la justicia debió solicitar autorización a México para realizar el allanamiento.

A raíz de esta detención, según el abogado, Glas denunció que fue torturado. Y esto ha generado graves problemas psicológicos, por lo que los psiquiatras del Ministerio de Salud Pública (MSP) determinaron que existe un “alto riesgo de que se pueda hacer daño a sí mismo”.

Villegas solicitó al Conjuez la aplicación del artículo 76 del COIP. Ese artículo establece que una persona que es inimputable por un trastorno mental, debe ser internada en un hospital psiquiátrico para que supere su perturbación y logre la inclusión social.

Además, la defensa de Glas agregó que en este caso la Fiscalía omitió la necesidad de un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) emitido por la Contraloría, como requisito previo para iniciar un proceso penal.

Hasta 2019, cuando la Corte Constitucional (CC) dispuso lo contrario, la normativa penal exigía ese requisito en los casos penales. Y ya que los supuestos hechos se habrían dado antes de esa fecha, ese requisito todavía aplicaba aunque el caso se inició formalmente después.

Finalmente,  el abogado señaló que la Asamblea Nacional debía autorizar el procesamiento del exfuncionario, ya que cuando los supuestos hechos delictivos sucedieron era Vicepresidente de la República. Lo que no ocurrió.

En el arranque de la audiencia, la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana, como parte de la acusación del caso, solicitaron al conjuez declarar la validez procesal de la causa. Sin embargo, hubo oposición de los procesados.

El primer en intervenir de parte de las defensas fue José Luis Chica, abogado de Carlos Bernal. El jurista solicitó la nulidad procesal, ya que la Fiscalía habría vulnerado el debido proceso en la etapa de investigación previa al haber sobrepasado el plazo de dos años establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La investigación previa de este caso se inició el 16 de julio de 2018, pero los cargos recién se formularon en enero de 2024. Es decir, dos años después del plazo determinado en el COIP.

También, Chica, en representación de Bernal, pidió la nulidad del caso debido a que la Contraloría habría aprobado, fuera de tiempo, el informe de auditoría en el que se basa el caso penal por peculado.

Tito Mendoza, abogado de Franklin Bernal (exsubsecretario del Ministerio de Obras Púbicas), se acogió a los pedidos hechos por la defensa de Carlos Bernal.

Pasadas las 08:30 del 20 de diciembre, en el mezzanine del edificio de la Corte Nacional, el conjuez Marco Aguirre declaró instalada la audiencia evaluatoria de juicio del caso Reconstrucción de Manabí. La diligencia empezará con la revisión de posible nulidades.