Piden investigación a operadores de los radares de velocidad, tras la suspensión de la CTE
El exasambleísta Galo Lara denunció que la recaudación de los radares es realizada por los consorcios que los operan, cuyos integrantes llevan una vida de lujos.
Imagen referencial de calibración de un radar en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil.
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El exasambleísta Galo Lara denunció este 6 de septiembre de 2024 una serie de irregularidades en la operación de los radares de velocidad tanto de la red vial estatal como de los gobiernos autónomos, y festejó la decisión de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de iniciar el proceso de suspensión de 163 de ellos e investigar a más de 300.
En una rueda de prensa, Lara contó que él ha hecho un recorrido por distintas partes del país y ha identificado varias irregularidades:
- Radares ubicados en curvas o pendientes.
- Dispositivos ubicados en coordenadas que no habían sido autorizadas.
- Más radares de los autorizados, por ejemplo en la vía Jujan-Babahoyo.
- Multas notificadas luego de 72 horas de la infracción.
- Falta de señalética.
- Cobro de tasas adicionales en la recaudación de multas, por las llamadas de notificación.
Lara aseguró que él entregó esta información al Gobierno, en la que también se incluyen evidencias del enriquecimiento de los dueños de los consorcios que cobran las multas. El exlegislador contó que uno de los dueños de estos consorcios incluso promueve en redes sociales que él maneja un vehículo Ferrari.
El político comentó que él tiene evidencia además de que algunos consorcios incluso manejan directamente la recaudación de las multas de los radares en bancos privados, es decir que los recursos no van directamente a las cuentas de las instituciones públicas.
"Nos mintieron, nos dijeron que los siniestros iban a bajar. Mentiras. Son sapos y ambiciosos los dueños de los radares"
Lara anunció que el siguiente paso será en pedir que el dinero recaudado por las multas sea devuelto a los ciudadanos. Y pidió a la Fiscalía que investigue a los dueños de los consorcios de radares, y que evite que ellos salgan del país.
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