Jueza del TCE impone multa a la vicepresidenta Verónica Abad
La vicepresidenta Verónica Abad deberá pagar una multa, pero no será destituida, como pretendía el consejero Esteban Guarderas, tras sentencia de jueza del TCE.
La vicepresidenta Verónica Abad en una rueda de prensa cuando aún estaba en Quito, Ecuador, 28 de noviembre de 2024.
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Autor:
Redacción Primicias
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La vicepresidenta Verónica Abad deberá pagar una multa, aunque no perderá sus derechos políticos, según resolución de la jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma. Eso, tras la denuncia presentada en su contra por Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana.
Coloma emitió su sentencia este martes, 5 de noviembre de 2024, aunque todavía puede ser apelada. Guarderas denunció a Abad por supuesta campaña anticipada en las elecciones seccionales de 2023, cuando ella intentó llegar a la Alcaldía de Cuenca y pretendía que fuese destituida del cargo.
Esta sentencia -dice el texto- "analiza la denuncia presentada por el señor Juan Esteban Guarderas Cisneros en contra de a señora María Verónica Abad Rojas, por el presunto cometimiento de la infracción electoral grave por actos de precampaña o campaña anticipada, tipificada en el numeral 7 del artículo 278 del Código de la Democracia".
"Una vez realizado el análisis correspondiente, esta juzgadora determina que quedó probado que la denunciada efectuó actos de campaña anticipada en sus redes sociales, por lo que se acepta la denuncia y se impone una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados", dice la resolución. El monto equivale a USD 8.500.
Si bien su conducta es reprochable, dice la jueza, "no se evidenció que haya ocasionado una afectación significativa o irreparable al proceso electoral, en todas sus dimensiones".
"El principio de proporcionalidad exige que la sanción impuesta no exceda lo razonable en relación con la gravedad de la infracción. En este caso, aunque la ley prevé sanciones que incluyen la destitución y la suspensión de derechos de participación, imponer tales medidas resultaría excesivo".
"La destitución o suspensión de derechos son sanciones de mayor severidad, reservadas para conductas que causan un daño o afectación considerable, lo cual no Fue probado por la parte denunciante", concluye.
Sin embargo, todavía hay otras causas contra Abad que aguardan resolución en el TCE como las denuncias por supuesta violencia política de género que fueron presentadas por la canciller Gabriela Sommerfeld y la consejera presidencial Diana Jácome, quien también las demandó.
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